La situación, por estos días, de la intendenta de Hipólito Yrigoyen, Soledad Cabrera no es nada buena. La funcionaria, electa por el Partido Autonomista, de Nicolás Zenteno, llegó a la intendencia en las elecciones del año pasado, dentro de la alianza oficialista “Gustavo Gobernador”, ganándole la pulseada al exintendente Alfredo Sosa, también oficialista provincial.
Tanto así es el panorama, que el Ministerio Público Fiscal ya adelantó el inicio de una investigación penal por presuntas irregularidades en su gestión. El fiscal penal 3 de Orán, Carlos Alberto Salinas, con competencia en Delitos Económicos Complejos, sostuvo que la causa se abrió a partir de denuncias realizadas en torno a supuestos manejos irregulares de recursos del municipio, tales como la emisión de cheques sin fondos.
El acusador público, para echar luz al caso, lleva adelante numerosas medidas tendientes al esclarecimiento de la situación, entre las que se destacan la solicitud de diversos informes al Departamento Legal y Técnico del municipio sobre las cuentas bancarias a su nombre, información sobre la contratación de las empresas involucradas, los movimientos realizados y datos filiatorios de la Intendenta y de quien se desempeñe como Secretario de Gobierno, como así también la declaración de los denunciantes.
Uno de ellos, es el concejal David Villalva, quien denunció maniobras irregulares en la administración municipal. Según declaró su abogado, David Leiva la causa se centra en la compra de pintura por 42 millones de pesos a una empresa cordobesa, de los cuales solo se habrían recibido 57 tarros, lo que implicaría un costo desproporcionado de más de 700.000 pesos por unidad.
“Nadie entrega 42 millones para recibir la mercadería en un futuro incierto”, afirmó Leiva, quien se explayó sobre la documentación respectiva, la que incluye números de cheques, importes, y un telegrama enviado por la empresa a la intendencia con los detalles de la operación.
Cheques voladores
Para el letrado, se trata de una maniobra defraudatoria contra el patrimonio público municipal y expresó su confianza en que la investigación avanzará hasta destituir a la intendenta, incluso no descartó que termine detenida. “Una vez que se realice la trazabilidad de los cheques, se evidenciará la gravedad de los hechos. No tengo dudas de que el municipio será intervenido”, explicó.
Otras de las acusaciones, por presunta malversación de fondos y abuso de autoridad, tiene que ver con una carta documento que llegó a la intendencia, en la que no sólo se involucra a la jefa comunal, sino también a su hermano Ariel Cabrera, actual secretario de Gobierno.
La misiva es de un estudio jurídico de Córdoba, Oliva Vélez y Asociados, con sede en la provincia de Córdoba. Los letrados intimaron al municipio a pagar una suma de 21.135.000 de pesos por dos cheques sin fondos que fueron emitidos por la intendenta y su hermano, para cubrir servicios de la empresa Sinergy SA, proveedora de combustible.
En la carta documento se reclama “la reposición de la suma adeudada en un plazo de 48 horas”, pues la intendenta y su hermano, según surge de la carta documento, habría emitido cheques sin fondos por la suma de 30 millones para cubrir esa deuda.
Por otra parte, no hay que olvidar que ya existen otras denuncias y acusaciones de corrupción contra la gestión de Cabrera. Uno de esos acusadores es Pablo Villagra, exsecretario de Obra Pública, quien afirmó contar con pruebas más que necesarias en contra de la intendenta y sus familiares, los que habrían cargado combustible perteneciente al municipio.
También reveló, entre otras irregularidades, que el hermano de la intendenta habría hecho una sobrefacturación de lubricantes a nombre del municipio. Todo eso en perjuicio de 25 millones de pesos. Y, por último, aseguró que hay casos de abuso y acoso laboral en el canchón de la municipalidad de Hipólito Yrigoyen.
