(Matilde Serra).- Hubo un tiempo en que algunos apellidos de Salta trascendieron a su función, especialmente en el ámbito de la justicia salteña. Fueron aquellos profesionales que dejaron su impronta de conocimiento, jurisprudencia, pero sobre de actuación limpia. La sola mención de esos apellidos representaba una cantidad de valores humanos y profesionales. Podría decirse que hasta asumir su cargo como fiscal anticorrupción en la Municipalidad de la ciudad de Salta, el nombre del Dr. Pedro García Castiella, formaba parte de esa constelación de nombres respetados.
En efecto, el apellido, García Castiella, supo ser sinónimo de trayectoria impecable y prestigio en el ámbito jurídico salteño. Reconocido por su sólida formación y capacidad profesional, su figura representaba el compromiso con la justicia y la ética. Sin embargo, su incursión en causas sensibles durante la gestión municipal de Gustavo Sáenz, y posteriormente como procurador provincial, marcó un antes y un después en su carrera.
Fue ese el tiempo en que su transparencia quedó en deuda y en duda. Envuelto por una nube de sospechas, donde el silencio pesó más que la acción. En su paso por la Oficina Anticorrupción de la Municipalidad de Salta, Pedro García Castiella enfrentó su primer desafío serio. Bajo su supervisión, se destaparon escándalos de corrupción que involucraban facturas apócrifas y una red de irregularidades administrativas. A pesar de la gravedad de las denuncias, su actuación fue percibida como tibia, dejando procesos estancados y generando sospechas de un manejo selectivo de la justicia.
La historia de Pedro García Castiella
Porque cuando, Pedro García Castiella, fue designado titular de la Oficina Municipal Anticorrupción durante la gestión del entonces intendente Gustavo Sáenz, se esperaba un compromiso firme en la lucha contra la corrupción. Sin embargo, el balance de su gestión al frente de este organismo ha dejado más dudas que certezas. Especialmente a la luz de uno de los mayores escándalos de corrupción que sacudió a la provincia: el denominado «Caso de las Facturas Truchas».
En efecto, mientras los titulares nacionales exponían las anomalías, el fiscal anticorrupción parecía mirar hacia otro lado. El caso de las «facturas truchas», que debería haber sido una prioridad de su gestión, ocurrió literalmente bajo sus narices. Sin que se adoptaran medidas contundentes. Su accionar despertó dudas sobre si sus decisiones respondían a un compromiso con la justicia o a lealtades políticas más profundas.
Para hacer memoria, el famoso “Caso de las Facturas Truchas» estalló en 2018. Cuando la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) descubrió una red de empresas fantasmas vinculadas al empresario Matías Huergo. Estas empresas emitían facturas apócrifas utilizadas para justificar gastos inexistentes y evadir impuestos, con el agravante de que parte de estas operaciones tenían conexión directa con la Municipalidad de Salta. Es más, se confeccionaban en las mismas computadoras de “La Muni”. La trama involucraba cifras millonarias y salpicaba a altos funcionarios del gobierno municipal, incluido Pablo Gauffín, entonces secretario de Hacienda.
Un caso que no tuvo repercusión
A pesar de que este escándalo puso en jaque la transparencia del municipio, Pedro García Castiella, como titular de la Oficina Anticorrupción, brilló por su ausencia. No hay registros de que el organismo haya actuado para prevenir o investigar estas maniobras durante su gestión. Lo que generó un profundo malestar en amplios sectores de la opinión pública.
La creación de la Oficina Anticorrupción de la Municipalidad de Salta, representó la promesa de ser un órgano independiente y eficaz. Más todavía, cuando se anunció que a su frente estaría un hombre hasta allí intachable, como García Castiella. Pero terminó convertido en un espectador silencioso. Ya que el organismo no intervino para esclarecer los hechos que terminaron siendo investigados por otros ámbitos, como la justicia federal.
Según trascendidos, el “efecto Pilatos”, llevó a que ni siquiera hubiera un intento por parte del organismo de coordinarse con los fiscales. O auditar las contrataciones municipales. García Castiella pareció haber optado por mirar hacia otro lado mientras se desmoronaba la confianza en las instituciones municipales.
Silencio atroz
Ese silencio de la Oficina Anticorrupción no pasó desapercibido ni para los analistas políticos. Ni para organizaciones civiles como Salta Transparente. Que cuestionó la eficacia y la utilidad de ese organismo y de su titular. “Si no actuó frente a un escándalo de esta magnitud, entonces, ¿cuál es el sentido de su existencia?”, señaló el dicho especialista en transparencia pública.
Así, un caso tan sonado y grave, puso en evidencia que existió una preocupante desconexión entre el discurso de lucha contra la corrupción y las acciones concretas. Mientras la gestión municipal de Sáenz defendía su “compromiso con la transparencia”, las facturas truchas se acumulaban. Literalmente bajo las narices de la Oficina Anticorrupción y el escritorio de Pedro García Castiella.
Como bien decía Martí Fierro, “hacete amigo del juez”, o en este caso del gobierno. Pedro García Castiella, cuando Gustavo Sáenz alcanzó la gobernación de Salta, obtuvo un ascenso bajo sospecha. Porque a pesar de estos antecedentes, García Castiella fue nombrado procurador de la provincia, un cargo de enorme responsabilidad que requiere absoluta independencia.
Nombramiento dudoso
Para muchos, este nombramiento fue un premio a su cercanía con los sectores políticos dominantes, más que un reconocimiento a su desempeño. Por supuesto que este nombramiento, lejos de disipar críticas y dudas, vino a consolidar todavía más la percepción en la opinión pública que pudo haber existido un pacto implícito entre el ahora procurador y el poder en ejercicio.
Lo que siguió para Pedro García Castiella como procurador, fue la proyección de aquel estado de silencio. Silencios que se volvieron aún más ensordecedores cuando sonoros escándalos como los suicidios de policías en circunstancias sospechosas, incluso uno en la propia residencia oficial del gobernador, no fueron investigados con el rigor esperado. Desapariciones de mujeres, asesinatos de tinte mafioso, todo parece ocurrir en Salta y como fogonazos que impresionan, luego se desvanecen en el olvido. Un manto de silencio es lo que sigue a cada suceso estremecedor.
Lo más notorio y de alto impacto, por lejos, fue el crimen de un sujeto vinculado a un peligroso narcotraficante, cuyas supuestas implicancias salpicaron al propio Poder Ejecutivo de la provincia, logrando un alcance nacional. A pesar de la gravedad institucional del episodio y sus posibles derivaciones, estos hechos tampoco parecen haber hallado eco en el despacho de García Castiella.
García Castiella no aparece
El avance del narcotráfico en la región norte de Salta es una realidad innegable a esta altura, tanto que mereció la intervención de las fuerzas de seguridad nacionales. La penetración de estas actividades ilegales caló tan profundo en el territorio y en la administración política y judicial, que algunos intendentes y hasta un juez cayeron por la contundencia de las pruebas. Sin embargo, las investigaciones no provinieron del poder judicial provincial, sino de instancias externas. García Castiella, como procurador, permaneció en un cómodo mutismo que reforzó la desconfianza en las instituciones locales.
Así, los salteños han visto desfilar una lista extensa de casos resonantes que permanecen sin resolución, dejando una preocupante sensación de inacción ante la falta de avances en investigaciones clave en temas como el tráfico de influencias, donde pesa un pedido de juicio contra Benjamín Cruz, exsecretario de Seguridad y apoderado del partido PAÍS, liderado por el gobernador. Las acusaciones por tráfico de influencias siguen en el aire, sin que se haya avanzado en esclarecer responsabilidades.
En el orden de violencia de género y femicidios, el caso de Jessica Gutiérrez, una joven madre desaparecida en La Caldera el 11 de septiembre de 2024, sin que hasta ahora las investigaciones hayan dado algún resultado. En el mismo sentido, el caso irresuelto de María Cash, donde a pesar de nuevos rastrillajes este caso emblemático de la diseñadora desaparecida en 2011 sigue estancado, sin novedades concretas sobre su paradero.
Los casos se acumulan
Lo mismo ocurre con el caso de, Rosmery Aramayo Torres, también desaparecida en Tartagal desde diciembre y cuyo paradero sigue siendo un enigma, también sin avances significativos en su búsqueda. A estas, hay que sumar el caso de Cecilia Salvatierra, primero desaparecida y luego encontrada asesinada en Orán en noviembre de 2024; que también permanece como una deuda de justicia que no se salda.
En cuanto a hechos de violencia, uno muy reciente, el de Lautaro Ramasco, de quien aunque se confirmó que fue asesinado, se ha convertido en una causa que no avanza.
En los municipios, como Colonia Santa Rosa, donde en el pasado mes de mayo de 2024, dos cuerpos fueron hallados en un camión con tiros en la cabeza. A pesar de la gravedad del caso, las investigaciones parecen haber caído en el olvido. En el mismo sentido las muertes en la policía, donde se cuentan efectivos de la Policía de Salta que murieron en circunstancias poco claras en un lapso de sólo cuatro días, sin que las investigaciones hayan aportado explicaciones contundentes.
Otros casos sin resolver son el de Ayelén Guadalupe Magalí Guantay y su padre. Cabe recordar que Ayelén fue asesinada, y su padre, Juan Carlos Guantay, murió en octubre de 2024 en el barrio ARA San Juan y ambos casos permanecen sin esclarecer.
Falta de compromiso
Como se puede comprobar, el cúmulo de casos sin resolver se incrementa y pone en entredicho la efectividad y el compromiso de la Procuraduría General bajo la conducción de García Castiella. Mientras los familiares de las víctimas claman por respuestas, la falta de avances proyecta una sombra sobre la gestión judicial en la provincia. Evidenciando un sistema que parece más preocupado en perseguir opositores al gobierno provincial.
Al punto de llegar a crear una fiscalía especializada en investigar supuestos cyber delitos -que de suyo es una órbita de la justicia federal-, para permitirse (el gobierno) intervenir teléfonos, mails y demás comunicaciones privadas de los ciudadanos, según supo denunciarlo el diputado nacional, Emiliano Estrada, recientemente. Estas últimas denuncias también recibieron el silencio del procurador.
Queda solamente pensar que todos estos “méritos” del procurador, García Castiella, estarían alfombrado su próximo nombramiento como juez de la Corte, tal vez, como salvaguarda judicial de los miembros del gobierno provincial.
Sistema lleno de privilegios
En una provincia donde la connivencia entre el poder político y ciertos sectores de la justicia es un secreto a voces, el desempeño de García Castiella se convirtió en un símbolo de las falencias estructurales del sistema. De esta forma, el declive en el prestigio del que otrora fuera un hombre y un profesional del derecho reputado, se constituye en una advertencia sobre los riesgos de entrelazar la justicia con la política. De ser un abogado ejemplar pasó a encarnar las contradicciones de un sistema que privilegia intereses por encima de los principios.
En Salta, donde la ciudadanía ya percibe las instituciones con escepticismo, su caso deja un mensaje claro: en la justicia, el silencio no es neutral. Es complicidad
