(Diego Nofal).- Dura lex, sed lex, es una de las máximas del derecho romano. Que se utiliza para hablar de la inflexibilidad de la ley y de la igualdad ante ella de todas las personas. No obstante, parece que esa máxima no se respeta en Salta ni piensa en respetarse. Sino no se explica cómo, tras varias investigaciones periodísticas, aportando pruebas, aún ningún fiscal haya actuado de oficio. Para frenar los desfalcos y los malos manejos que se vendrían sucediendo en el Poder Ejecutivo de la provincia.
Entre los varios ejemplos que tenemos para dar, del accionar ilegal que se viene repitiendo desde el Estado, hay uno en particular. El cual hemos publicado en estas columnas y que debería haber llamado la atención judicial. Es el de la mujer de uno de los principales asesores del gobierno, que tiene dos cargos en la administración pública. De acuerdo a la investigación realizada en esta columna, se pudo establecer que esposa del funcionario tiene un puesto en el Senado y otro en el Poder Ejecutivo algo que es abiertamente ilegal. Nadie puede ostentar dos cargos en la administración pública, salvo que sea docente y este no es el caso.
Otro que también aparece en la lista de los que tienen dos cargos estatales e ilegales es un reconocido operador político que ha participado de todos los gobiernos desde Romero hasta la fecha, siempre moviéndose en las sombras y habría sido el responsable de acercar oscuras empresas al Poder Ejecutivo para facturar millonarias sumas de dinero.
Entre todas las empresas vinculadas a este personaje hay una que llama poderosamente la atención. Se trata de un estudio jurídico que se dedica a dar ciudadanías extranjeras y no obstante hoy por hoy le factura al gobierno por asesoría en comunicación digital sin ser una empresa que se dedique a ello.
El Poder Judicial de Salta, en el centro de la crítica
Todo esto es material suficiente para iniciar una investigación de oficio máxime teniendo las pruebas que se han aportado en cada una de estas investigaciones y que obviamente se adjuntan también a esta nota. De acuerdo a las investigaciones realizadas, miles millones de pesos se han alzado las empresas vinculadas a asesores del gobierno de Salta. Según trascendió estás compañías se dedican a operar en medios nacionales para denostar a empresarios y políticos opositores en los principales medios de comunicación del país.
Al principio de este año, y a fines del año pasado, toda la estructura estatal, policial y judicial, se movilizó por un video que el gobernador había considerado ofensivo y tenía menos de sesenta mil visualizaciones. Para eso, la Justicia actuó con la máxima celeridad.
Allanamientos por todos lados
Allanó a tres creadores de contenido y los imputó por el delito de intimidación pública, una imputación muy difícil de sostener desde lo jurídico. Entonces nos preguntamos, ¿no atenta más contra el orden público que un asesor, su esposa y otros miembros del entorno de Sáenz ostenten uno o más cargos dentro de la administración pública a sabiendas de que es abiertamente ilegal?
Aún cuando se han aportado las pruebas salidas desde la ANSES y desde la Secretaría de Trabajo, a ningún fiscal se le ha ocurrido que podía estar representando un grave delito contra el Estado el reparto de cargos que son incompatibles e ilegales, ningún fiscal se acercó a solicitar el material probatorio ¿Es que a nadie en el Poder Judicial le llama la atención que un estudio jurídico facture sumas millonarias en concepto de asesorías en comunicación digital, sin siquiera dedicarse a ese rubro? Dura lex, sed lex, pero solo para algunos, para otros la ley es laxa y sobrado maleable.
La verdad debe contarse entera siempre.
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