(Diego Nofal).- El Alambrado Gustavo Sáenz no le traerá a Salta, hoy o en el futuro, una solución al tema del narcotráfico y la inmigración ilegal. Eso es algo que siempre se supo. Esa estructura que erigirán, casi como un monumento a la xenofobia, tiene una única función. Que el mandatario local le muestre al presidente Javier Milei y a la ministra Patricia Bullrich, que está dispuesto a hacer cualquier cosa que le pidan. Aún cuando vaya en contra de los intereses de la provincia.
Lo que nunca esperó el Gobierno de la Provincia era que el cerco, además de ser inútil, le trajera tantos dolores de cabeza. Primero, la cifra destinada por el gobierno para la construcción de la estructura es claramente más alta que lo que cuesta construir un alambrado de 200 metros. Para peor de males, Salta es una jurisdicción dedicada a la explotación agrícola. Es decir que hay miles de salteños que con solo leer el monto de la licitación se dieron cuenta que había una obvia sobrefacturación en el monto establecido.
Cómo era obvio, una gestión que tiene como regla reírse en la cara de los salteños, decidió seguir adelante con la construcción del Alambrado Gustavo Sáenz. Que, en la práctica, no tendrá más utilidad que llenar los bolsillos de un empresario amigo. Pero ahora, una información de último momento, que fue difundida por el mismo interventor de Aguas Blancas y luego publicada en El Intra, confirma que la construcción del alambrado que separa a nuestra provincia del hermano país de Bolivia, estaría a punto de caerse. O de llevarse a cabo sería abiertamente ilegal.
¿Construcción ilegal?
Sucede que, tal como informó el interventor Adrián Zigarán, los terrenos donde pretenden construir el alambrado tienen dueño. Es decir que ninguna estructura puede levantarse en ese lugar. A menos que se lleve adelante el trámite expropiatorio correspondiente. Y eso puede demorar varios meses a menos que se convoque de inmediato a sesiones extraordinarias en la Legislatura.
Lo que pasa, es que nuestra Constitución Nacional es muy clara al respecto. Y, en el artículo 17, establece que “la propiedad es inviolable, y ningún habitante de la Nación puede ser privado de ella, sino en virtud de sentencia fundada en ley. La expropiación por causa de utilidad pública, debe ser calificada por ley y previamente indemnizada”. Es decir que el alambrado no debería construirse a menos que esté votada la ley de expropiación de las tierras y además se haya indemnizado al propietario de esos terrenos.
¿Qué pasaría en el caso de que se avanzara sin cumplir con los requisitos establecidos en la Constitución Nacional? En este caso se abre un abanico de posibilidades. Que el gobierno arranque, la construcción el propietario pida, por vía recursiva, que se respeten sus derechos y un juez deje la obra a medias. La otra opción, es que se haga, se termine de construir. Se pague la loca suma de 36 millones y un juez decida que todo lo realizado es ilegal.Y obligue a la provincia a entregarle al propietario, las tierras que le fueron ilegalmente ocupadas. Sin la estructura. En ese caso habremos tirado a la basura mucho dinero de los salteños.
El Alambrado Gustavo Sáenz, en la mira
¿Vale la pena entonces seguir con esta idea ridícula y sin ninguna utilidad práctica?¿Le sirve a Sáenz tomarle el pelo a los salteños con un alambrado que no traerá solución alguna a los problemas de migración y narcotráfico? En los próximos días veremos al verdadero Gustavo Sáenz. Sabremos si es el gaucho dispuesto a defender los intereses y los bolsillos de los salteños. O si decidió ser el perrito faldero del poder central. Aunque para ello tenga que desobedecer, nada más, ni nada menos, que nuestra carta magna.
