SALTA – Hoy se vivió una jornada intensa en el IPS luego de que Gustavo Sáenz decidiera intervenir la obra social y poner a cargo a Emilio Savoy. Con esta medida se busca recuperar el control financiero en el IPS y devolver el equilibrio a las prestaciones de la entidad sanitaria.
Las deudas del IPS provocaron una inestabilidad importante en la obra social, lo cual generó que se especule con una posible privatización. Esto tomó más fuerza luego de que el ministro de Salud, Federico Mangione, alertara sobre la crisis financiera que vive el IPS y sobre distintos desprestigios que se realizaban con la intención de privatizar el organismo.
Emilio Savoy considera que el IPS atraviesa una situación delicada pero que no hay chances de una privatización. “Lo que buscamos es solucionar el problema, regularizar la situación de los servicios del IPS para que la prestación vuelva a ser normal. En ningún caso existe la posibilidad de una privatización ni nada por el estilo. Simplemente se va a trabajar sobre las cuentas del IPS”, aclaró.
A su vez, destacó que el complicado momento que atraviesa la obra social, le lleva a la necesidad de solicitar ayuda para “sacar entre todos la institución adelante por la situación que está atravesando”. La función del contador será regularizar los servicios que fueron cortados por los profesionales de la salud y estabilizar la situación financiera del IPS.
La delicada situación en el IPS que advierte Emilio Savoy
Emilio Savoy es consciente de las dificultades que atraviesa la obra social producto de las millonarias deudas. En las últimas horas la Asociación de Fisioterapeutas y Kinesiólogos de Salta, reclamó que el IPS les debe $600 millones por pagos atrasados. Afirman que viven una situación complica y que emitieron una alerta que «es el paso previo al corte de crédito para los afiliados del IPS. Esto significa que los pacientes deberán abonar las consultas y luego solicitar el reintegro en la obra social”.
A su vez, tienen una deuda de $2200 millones con el Círculo Médico que ya empezó a cobrar aranceles a los afiliados. Las farmacéuticas también denuncian que les deben cifras importantes y que suspenderán el servicio si no se les paga, dejando a más de 200mil usuarios sin cobertura.
