SALTA – La categorización discriminatoria que impuso el Gobierno nacional, generó un fuerte malestar en Salta. Las instituciones que tratan a personas con discapacidad, se indignaron por las disposiciones del Gobierno. Desde el Poder Ejecutivo afirmaron que se trató de un error.
El Gobierno de Javier Milei ya no sorprende con sus constantes ataque a todo tipo de personas. En el Boletín Oficial del 14 de enero, publicaron un decreto con categorizaciones que generaron indignación en toda la sociedad. Utiliza términos como «idiotas», «imbéciles» y «débiles mentales» para separar en grados a las personas con discapacidad.
La presidenta de la Fundación Colibrí de Salta, Irma Argañaraz, afirmó en una entrevista que los términos son «arcaicos, obsoletos y totalmente discriminatorios». A su vez, mencionó que nuestro país forma parte de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, por lo cual está prohibido utilizar ese tipo de palabras para definir a personas con discapacidad.
Muchas organizaciones de distinta índole salieron a criticar este tipo de categorizaciones y afirman que son términos arcaicos que desde hace más de dos décadas no se escuchan. Las instituciones catalogan el incidente como un hecho de violencia institucional cargado con una total discriminación.
Recortes en discapacidad que afectan a Salta
Con ver las definiciones que maneja el gobierno de Javier Milei para las personas con discapacidad, no es raro que hayan tantos ajustes en ese sector. Estamos hablando de un grupo de la sociedad sumamente vulnerable y que generalmente afronta gastos enormes. En ese contexto, el Gobierno desfinanció un montón de programas y las instituciones de Salta están en crisis.
Argañaraz afirmó que «hay muchas instituciones que tuvieron que vender sus trafic, ya no tenían dinero para pagar a los choferes, pagar el seguro». Pero este no es un caso aislado ya que en Salta, los padres de personas con TEA, afirmaron que los ajustes relacionados al desfinanciamiento de medicamentos y obras sociales, están afectando a familias que necesitan gastar cerca de 1 millón de pesos por mes. El desfinanciamiento y la discriminación, son reflejo de las políticas económicas y sociales del gobierno de Javier Milei.
