Desde el 7 de febrero pasado, cuando en Salta la presidenta de la Corte de Justicia, Teresa Ovejero y los jueces Fabián Vittar, Ernesto Sámson, Pablo López Viñals, Gabriel Chibán, María Nallim y María Gauffin firmaron la acordada N°14.302, los jueces “inferiores”, para distinguirlos de los nueve que componen el alto tribunal, echaron mano a las matemáticas para saber cuántos años de vida les queda en sus respectivos despachos.
Resulta que la mentada acordada, que no fue firmada por los jueces Guillermo Catalano y Adriana Rodríguez Faraldo, establece que “las magistradas y los magistrados de primera y segunda instancia que hayan alcanzado o alcancen el límite constitucional de 70 años hasta el próximo 30 de junio, deberán dejar sus cargos”.
Semejante anuncio disparó una andanada de interrogantes respecto a quiénes eran los jueces más cercanos a ese tope etario. Por supuesto, la Corte tampoco tenía improvisada las respuestas, pues se dice que, con la acordada, por debajo, comenzó a correr entre los despachos de los nueve jueces una lista de los que tienen sus días contados.
En la acordada, llamativamente, los jueces de la Corte eligieron el término “inferiores” para referirse a sus pares que hacen prácticamente todo el trabajo en la administración de justicia en la provincia. Este apelativo no fue pasado por alto y fue motivo de un fuerte rechazo y crítica hacia los “cortesanos”, pues ninguno de ellos fue alguna vez juez.
La mayoría de ellos ni siquiera saben lo que significa un despacho y su historial, el que se puede apreciar en el mismo sitio oficial del Poder Judicial, dista mucho de una carrera judicial. En realidad, sus designaciones responden a la relación de amistad con el gobernador, Gustavo Sáenz, quien en lo que lleva de gobierno se ha convertido en el mandatario que más jueces a nombrado, incluso por encima del ex gobernador, Juan Carlos Romero.
La interpretación de la Justicia de Salta
Pero esta no fue la única queja contra los integrantes de la Corte, sino también hubo un mordaz reproche respecto a la mirada y conclusión antojadiza a la que los jueces llegaron al interpretar el artículo 156 de la Constitución Provincial, reformado en el 2021.
Dicha norma, con más remake que las películas del Hombre Araña, establece el topo de los 70 años, mientras que anteriormente esa franja llegaba a los 75, lo que motivo que uno de los jueces que quedó atrapado en esta acordada, el juez Pablo Mariño de la Sala II del Tribunal de Juicio, formalizara un planteo para saber qué límite le correspondía.
Obviamente el juez de juicio entendía que, dado que fue designado y juró con el tope de 75, debía ejercer su cargo hasta esa edad. Los “cortesanos”, sin embargo, no entendieron eso y sostuvieron que se aplica la norma actual, o sea, la de 70 años, con lo cual el magistrado estaría prácticamente sin trabajo desde el 30 de junio próximo.
Esta interpretación, para los jueces “inferiores” sería errada y respondería más a una situación de ventaja maliciosa, pues la última reforma de la Constitución, la del 2021, también define cambios respecto a las designaciones de los jueces de Corte, quienes no estarían aplicando dicha normativa, pues algunos de ellos ya fueron renombrados y otros negocian con el Ejecutivo su extensión, cuando el mismo artículo 156 señala que no pueden ser “nombrados nuevamente”.
Incluso habría un pacto de apoyo, a hacerse plausible ante un planteo que le permita a Sáenz allanar su camino a un tercer mandato, cuando la reforma que, él mismo impulso, remarca que el gobernador solo tendrá posibilidad de ser reelegido por un periodo más.
Son ocho los…
Los jueces que deberían presentar sus renuncias hasta el 30 de junio, según surge de la lista que corre por los pasillos de la Corte, serían los siguientes: Ángel Amadeo Longarte, vocal Sala I del Tribunal de Julio, designado por el ex gobernador Romero; Pablo Mariño, Juez de la Sala III del Tribunal de Impugnación del Distrito Judicial del Centro, abril 2014, designado por el ex gobernador Juan Manuel Urtubey; Mario Teseyra, Juez de Garantías de Metán (Romero), Nelson Aramayo, Juez de Garantías de Tartagal (Romero), Silvia Longarte, Jueza en lo Contencioso Administrativo (Romero), Carlos Graciano, Juez de Primera Instancia en lo Civil de Personas y Familia del Distrito Judicial del Sur (Urtubey), Olga Zulema Sapag, Jueza del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de 1 Nominación del Distrito Judicial del Sur (Romero) y Hugo Ernesto Pfister Araoz, Juez de Primera Instancia del Trabajo Nº1, del Distrito Judicial del Centro (Urtubey).
