El gobernador Gustavo Sáenz reafirmó su intención de suprimir las elecciones intermedias en Salta, proponiendo que la ciudadanía vote solo cada cuatro años. Aunque la iniciativa se presenta como un avance hacia la estabilidad política, podría terminar debilitando seriamente la institucionalidad y el equilibrio de poderes en la provincia.
Votar únicamente cada cuatro años podría dar previsibilidad en la renovación de autoridades, pero también concentraría aún más el poder en manos del oficialismo. Con una Legislatura prácticamente sin oposición 50 de 60 diputados y 22 de 23 senadores alineados al Ejecutivo, eliminar los comicios de medio término multiplicaría el riesgo de gobernar sin ningún control real ni equilibrio de fuerzas.
Este esquema también incentivaría el cortoplacismo político. En lugar de apostar por políticas públicas de transformación profunda, los gobiernos podrían enfocarse en medidas de impacto rápido, pensadas para sostener apoyos electorales, mientras problemas estructurales como salud, educación, infraestructura y ambiente seguirían postergándose indefinidamente.
El proyecto de Sáenz que genera alarmas
Otro efecto negativo sería el crecimiento de la apatía y la desafección ciudadana. Votar solo una vez cada cuatro años, sin instancias de participación intermedia, profundizaría el descreimiento en las instituciones y la desconexión entre dirigentes y representados, dificultando el recambio de liderazgos y el surgimiento de alternativas políticas reales.
El contexto local agrava aún más la preocupación: el voto electrónico, introducido en la gestión anterior pero sostenido por Sáenz, ha sido reiteradamente criticado por su falta de transparencia, por desalentar la competencia genuina y por favorecer al oficialismo. En este escenario, suprimir las elecciones intermedias sería otro paso hacia un modelo político cerrado, sin fiscalización popular.
A esto se suma una estrategia sistemática de cooptación: el oficialismo ofrece cargos públicos a dirigentes opositores para fracturar bloques rivales y reducir las voces disidentes. De esta manera, el proyecto de Sáenz no busca solo gobernabilidad: busca blindar un esquema de poder hegemónico, sin sobresaltos ni control democrático efectivo.
