SALTA – (Diego Nofal).- A cuatro días de las elecciones provinciales, en un contexto de campaña acelerada y contra reloj, el gobierno municipal de la ciudad inauguró el Parque Los Sauces y la Plaza Alvarado. Estas obras, presentadas como logros de gestión, no solo exhiben deficiencias evidentes, sino que han sido instrumentalizadas para fines electorales. En un momento en el que la ciudadanía espera transparencia, estos actos reflejan una práctica preocupante: la conversión de recursos públicos en herramientas de propaganda partidaria.
El intendente Emiliano Durand, a punto de cumplir 17 meses en el cargo, enfrenta críticas por la superficialidad de las intervenciones en ambos espacios. En el caso del Parque Los Sauces, su aporte se limitó a colocar planchones de césped y renovar luminarias, acciones que distan de una transformación integral. Respecto a la Plaza Alvarado, cuyo plazo de finalización estaba pactado para marzo de 2025, los trabajos avanzaron de manera mínima hasta hace apenas tres semanas. La improvisación es palpable: la obra, valuada en 328 millones de pesos, solo muestra una fuente reparada, canteros con plantas recién colocadas y luces nuevas. ¿Dónde está la inversión millonaria? La comunidad tiene derecho a exigir respuestas.
El problema no se reduce a la opacidad financiera o al sobreprecio sospechoso. Lo grave es la utilización de estos espacios como escenarios para actos proselitistas. Durante la inauguración, candidatos del oficialismo aprovecharon el evento para promocionar sus campañas, violando el espíritu y la letra del Código Electoral Nacional. El artículo 64 quater prohíbe expresamente la realización de actos inaugurales de obras públicas en los 25 días previos a elecciones, precisamente para evitar que el aparato estatal se convierta en una ventaja ilegítima. Sin embargo, el municipio decidió ignorar esta norma, utilizando dinero de los contribuyentes para fines partidarios.
Este tipo de maniobras no son ingenuas. Por el contrario, forman parte de una estrategia calculada para asociar la imagen de los candidatos vernáculos con una supuesta gestión eficiente, incluso cuando los resultados son magros. La Plaza Alvarado, lejos de ser un ejemplo de “puesta en valor”, evidencia un uso discrecional de fondos públicos. Mientras la inflación erosiona el poder adquisitivo de la población, gastar 328 millones en cambios cosméticos raya en el insulto. Más aún cuando existen necesidades urgentes en infraestructura, salud o seguridad que requieren atención prioritaria.
El intendente Durand tiene una deuda de explicaciones. Debe detallar cómo se ejecutó el presupuesto, quiénes fueron los contratistas y por qué no se respetaron los plazos originales. Pero además, debe responder por la violación al código electoral. Las instituciones democráticas se debilitan cuando los funcionarios manipulan las normas para perpetuarse en el poder. La Justicia Electoral tiene aquí un caso claro para investigar: el uso de actos de gobierno en vísperas de comicios configura una falta grave que no puede quedar impune.
Más allá de lo legal, este episodio plantea un dilema ético. ¿Es aceptable que las administraciones utilicen obras inconclusas o sobrevaloradas como carnada electoral? La ciudadanía merece proyectos pensados para perdurar, no maquillajes temporales. Cuando el cortoplacismo domina, se sacrifica el desarrollo urbano en favor de intereses políticos. Los parques y plazas son patrimonios colectivos, no escenarios para selfies propagandísticos.
En estas elecciones, los votantes tienen la oportunidad de castigar estas prácticas con el voto. Pero también es un llamado a reflexionar sobre el tipo de liderazgo que se quiere, uno que priorice el bien común sobre la foto oportuna. La democracia exige rendición de cuentas, no inauguraciones express. Que este caso sirva para recordar que el espacio público es de todos, no de quienes temporariamente ocupan un cargo.
