SALTA – El juez de Garantías de Orán, Raúl López, resolvió elevar a juicio una causa que investiga presuntas irregularidades en el otorgamiento de beneficios procesales dentro de esa jurisdicción. El principal acusado es el exjuez Claudio Parisi y otros tres imputados.
Durante una audiencia flexible y multipropósito, el magistrado rechazó planteos de nulidad y pedidos de sobreseimiento presentados por las defensas. Además, se dispuso el sorteo del Tribunal que tendrá a su cargo el juicio oral y público.
El juez López consideró que la Unidad Fiscal interviniente —compuesta por los fiscales Mariana Torres, Daniela Murúa, Carlos Salinas y Daniel Espilocín— logró reunir elementos suficientes para avanzar hacia la etapa de juicio.
Claudio Parisi enfrenta cargos por cohecho pasivo agravado en dos hechos, incumplimiento de los deberes de funcionario público y omisión de los mismos, en concurso real. Entre los hechos que se le imputan, se encuentra la concesión del arresto domiciliario a César Daniel Martínez, alias “Oreja”, quien estaba acusado por tentativa de femicidio. Martínez fue posteriormente asesinado frente al domicilio donde cumplía la medida.
Claudio Parisi, complicado
También fueron elevados a juicio el abogado Roberto Ortega Serrano, imputado por cohecho activo en dos hechos; Héctor Manuel Alderete, empleado de la Defensoría de Violencia de Género de Orán; y Maximiliano Germán Correa, exsecretario del Juzgado de Garantías 2 de esa ciudad. Estos dos últimos están acusados como coautores de cohecho pasivo agravado.
La causa en contra de Claudio Parisi, se originó a partir de denuncias sobre presuntas prácticas irregulares en el manejo de medidas judiciales, especialmente en casos sensibles como los relacionados con violencia de género. La investigación busca determinar si existieron actos de corrupción o favores indebidos en el marco del ejercicio de funciones públicas.
Con esta decisión, se inicia el camino hacia el juicio oral, donde se analizarán las pruebas reunidas durante la instrucción y se definirá la responsabilidad penal de los acusados.
