SALTA – La ministra de Turismo y Deporte de Salta, Manuela Arancibia, se encuentra en el centro de un nuevo escándalo que sacude al gobierno provincial. Un secretario de su mismo ministerio, Sergio Chibán aseguró que la funcionaria se quedó con 10 millones de pesos. En un audio que circula y forma parte de la denuncia radicada por Noelia Chocobar y Débora Sánchez, se lo escucha con claridad hacer esta grave acusación. Sin embargo, la ministra aún no ha salido a dar explicaciones ni a defenderse públicamente.
Este silencio no solo llama la atención, sino que resulta preocupante. Frente a una denuncia de tamaña magnitud, lo mínimo esperable sería una respuesta institucional, una aclaración o, al menos, un gesto político. Pero no: hasta ahora el mutismo reina tanto en la cartera que dirige Arancibia como en todo el oficialismo provincial. Que parece aplicar una estrategia conocida y desgastada: dejar pasar el tiempo, apostar al olvido, y no dar respuestas.
Mientras tanto, los casos de corrupción en la provincia se acumulan y la indignación ciudadana crece. La falta de transparencia se vuelve norma, y la impunidad, costumbre. El hecho de que un funcionario denuncie a otro dentro del mismo ministerio debería, en cualquier democracia saludable, activar todos los mecanismos de control institucional. Pero en Salta, al parecer, la gravedad de la denuncia no alcanza para quebrar el pacto de silencio.
El turismo y el deporte son áreas estratégicas para el desarrollo de la provincia. Que su máxima autoridad, Manuela Arancibia, esté envuelta en una acusación de corrupción tan grave compromete no solo la gestión de estos sectores, sino la credibilidad de todo el gabinete.
Manuela Arancibia guarda silencio
Resulta urgente que la ministra Arancibia brinde explicaciones, y que el gobernador tome una postura clara. Pero también es urgente que la Justicia investigue, no solo a la ministra, sino a Sergio Chibán. Al ser un funcionario público y tener conocimiento de la comisión de un delito, se ve obligado a denunciarlo. Con lo cual, la Justicia de Salta debería ser implacable con ambos funcionarios.
