SALTA – La posible renovación del juez Pablo López Viñals en la Corte de Justicia de Salta ha abierto una discusión que va más allá de lo jurídico. Toca de lleno el modo en que se aplican las nuevas reglas del sistema judicial. El tema es complejo pero concreto.
López Viñals fue nombrado en 2019, cuando la Constitución provincial establecía que los jueces de la Corte podían estar en el cargo seis años. Y no podían ser reelegidos. Sin embargo, en 2021 se aprobó una nueva Constitución, que cambió ese esquema, ahora los jueces duran diez años, pero ya no pueden volver a ser nombrados cuando termine su mandato.
Entonces, ¿Qué debe pasar con quienes asumieron antes del cambio? ¿Deben terminar sus seis años y dejar el cargo sin posibilidad de volver, como decía la vieja Constitución? ¿O pueden ser nombrados otra vez bajo las nuevas reglas, ahora por diez años?
La reforma constitucional no incluyó una cláusula específica que diga qué hacer con los jueces que ya estaban en funciones cuando se sancionó la nueva norma. Por eso, el caso de Pablo López Viñals se convirtió en el centro de un debate institucional.
Algunos sectores argumentan que, como no hay una prohibición expresa, su actual mandato puede considerarse como parte de una transición, lo que permitiría un nuevo nombramiento con las condiciones actuales. Otros opinan que debe respetarse la Constitución con la que fue designado. Es decir, que su mandato termina en 2025 y no puede renovarse.
Pablo López Viñals y una decisión crucial
El caso también se vuelve más complejo por lo que pasó en 2024 con Teresa Ovejero, otra integrante de la Corte. Había sido designada antes de la reforma. El Senado provincial aprobó una extensión de su cargo por diez años más, bajo las nuevas reglas. Para muchos, eso sentó un precedente que ahora no se puede ignorar.
Quienes están en contra, sin embargo, señalan que aplicar las normas de forma distinta según el caso puede generar desigualdad y confusión. La crítica apunta a que se deben establecer criterios claros y consistentes para todos los magistrados.
Futuro incierto
Lo que se resuelva en este caso marcará un rumbo. No solo para López Viñals, sino para cualquier otro juez que esté en una situación parecida. La Legislatura provincial deberá definir si se aplica la Constitución anterior o la actual, y esa decisión puede tener consecuencias importantes para la institucionalidad en Salta.
Mientras tanto, desde distintos sectores de la sociedad se observa con atención cómo se resolverá el conflicto. Porque más allá de los aspectos legales, lo que está en juego es la confianza en un sistema judicial que busca ser independiente, transparente y coherente con sus propias reglas.
