SALTA.- (Diego Nofal) Hace dieciséis meses, Emiliano Durand asumió la intendencia de Salta con el viento en popa. Su primera medida económica, un aumento de impuestos municipales que superó el cuatrocientos por ciento, fue el rasguño que anticipaba el estiletazo a los contribuyentes. Las quejas fueron inmediatas, un coro constante de descontento que se convirtió en el sonido de fondo de su gestión. El pasado 11 de mayo, ese descontento encontró su caja de resonancia en las urnas. La derrota de su espacio político frente a La Libertad Avanza, formado por un puñado de amateurs políticos, no fue un simple tropiezo, fue un terremoto político, un veredicto ciudadano inapelable sobre el impuestazo.
Ante este panorama electoral desolador, el intendente Durand, buscando quizás un salvavidas o simplemente convencido de su particular visión, anunció una reforma tributaria. Su planteamiento es, sin duda, singular. Según sus propias palabras, los barrios que más servicios municipales reciban serán los que más paguen. Parece lógico, a primera vista. La ecuación, sin embargo, se tuerce dramáticamente al aplicarla a la realidad concreta de Salta. Tomemos dos ejemplos opuestos.
Imaginemos el Barrio San Antonio o Ceferino. Zonas donde la presencia del narcotráfico y el flagelo de la pasta base son una triste realidad cotidiana. Allí, es cierto, existe pavimento,ba menudo deteriorado, hay luminarias urbanas que no siempre iluminan, y pasa el camión de la basura, aunque la limpieza integral sea un desafío constante. Según la nueva lógica de Durand, estos vecinos, enfrentando diariamente la inseguridad y la marginalidad, deberían pagar más impuestos municipales. Por tener, en teoría, «más servicios».
Ahora, contemplemos un country privado, uno de esos enclaves residenciales amurallados. Allí, dentro de sus confines, el alumbrado público municipal es inexistente, la recolección de residuos la gestiona y paga la propia administración del country, el mantenimiento de calles y espacios verdes corre por cuenta de los costosos consorcios. El servicio municipal directo es mínimo, casi nulo. La consecuencia, bajo el nuevo sistema propuesto, sería clara. Los habitantes de estos countries, disfrutando de una seguridad privada y servicios autogestionados, pagarían menos impuesto municipal que los vecinos de San Antonio o Ceferino.
La paradoja es tan evidente que duele. Quienes viven en medio del abandono social y la violencia asociada al narcotráfico, pero con presencia física de infraestructura municipal básica, serían penalizados con una mayor carga fiscal. Quienes optan, y pueden pagar, aislarse en urbanizaciones privadas, autosuficientes en servicios esenciales, serían premiados con una menor contribución al erario público de la ciudad que, sin embargo, engloba y da contexto a su enclave. Es una ecuación donde la vulnerabilidad paga prima, y la comodidad privada recibe descuento. Una curiosa redistribución al revés.
Para ilustrar su punto sobre las disparidades, el intendente Durand citó el Barrio Tres Cerritos. Afirmó que allí convivía «gente adinerada» con personas viviendo en «calles de tierra», presentándolo como un microcosmos de la desigualdad que su reforma abordaría. Este ejemplo, sin embargo, reveló otra grieta preocupante, la distancia entre el gobernante y la geografía que administra. Porque Durand, según consta en registros electorales, votó en una escuela de Tres Cerritos. Es decir, o eligió empadronarse allí o ese es su domicilio declarado. Resulta entonces llamativo, por decir lo menos, que su descripción del barrio choque frontalmente con la realidad conocida por sus propios habitantes.
Tres Cerritos no es un bastión de calles de tierra. Está pavimentado en más del noventa por ciento. Las pocas, muy pocas, calles que aún no lo están no albergan, según los vecinos, a población en situación de extrema precariedad. La imagen pintada por el intendente de un barrio fracturado por brechas físicas tan marcadas parece más un esbozo teórico, o un recuerdo desdibujado, que un reflejo fiel del lugar donde, paradójicamente, ejerció su derecho al voto. ¿Cómo diseñar una reforma tributaria basada en la realidad de los barrios si ni siquiera se conoce con precisión el barrio donde uno vota? Es una pregunta que flota en el aire salteño, cargada de cierta ironía amarga.
La reforma tributaria del intendente Durand nace, pues, bajo una doble sombra. La sombra de un rechazo electoral contundente a su política fiscal anterior. Y la sombra de una lógica aplicativa que, en la práctica, castiga a los que menos tienen y más sufren, mientras aligera la carga de los más acomodados y aislados. Añadamos a esto el bochorno de citar como ejemplo un barrio que no parece conocer en profundidad, pese a su vínculo electoral con él. Todo ello configura un panorama donde la reflexión se impone, teñida inevitablemente de un humor negro, ese que surge ante lo absurdo disfrazado de solución técnica.
El desafío de Salta es enorme, equilibrar las cuentas municipales sin ahogar a los contribuyentes y con justicia distributiva. La solución, sin embargo, difícilmente pasará por hacer que el barrio asediado por la pasta base subsidie, vía impuestos más altos, la tranquilidad del country amurallado. Ni por gobernar con mapas mentales desactualizados. Los salteños merecen una discusión seria sobre impuestos y servicios, basada en datos precisos y una comprensión real, no teórica o electoralmente conveniente, de la diversa y compleja trama urbana que es su ciudad. La aritmética de Durand, por ahora, suma más dudas que soluciones, y resta credibilidad a una gestión que ya carga con el lastre de una derrota histórica. El tiempo dirá si corrige el rumbo, o si esta nueva fórmula solo consolida su aislamiento político, tan pronunciado como los muros de los countries que su reforma, involuntariamente, favorece.
