SALTA.- (Diego Nofal) Hoy, desde la virtualidad de una pantalla, el gobernador Gustavo Sáenz se sumó a otros mandatarios provinciales denominados dialoguistas. Participaron en una reunión encabezada por los ministros nacionales Guillermo Francos y Luis Caputo. El eje del encuentro fue un programa gubernamental que busca canalizar hacia el circuito formal dólares que hasta ahora permanecían fuera del sistema, no declarados.
La propuesta central del gobierno nacional es clara: insta a las provincias a abstenerse de cobrar impuestos sobre ese dinero que ingresa a la legalidad financiera. Además, solicita explícitamente que los gobiernos locales no investiguen el origen de esos fondos. La premisa es atraer capitales ocultos, ofrecer un camino de blanqueo sin mayores preguntas.
El gobernador Gustavo Sáenz, según se desprende, manifestó su acuerdo con la medida. Comprende, sin duda, la urgencia nacional por sumar reservas, por estabilizar la economía, por incorporar divisas que hoy operan en la sombra. La necesidad de dólares es una realidad ineludible que marca cada decisión económica en la Argentina actual. Sin embargo, esta posición de acuerdo choca de frente con una geografía implacable, con una ubicación que carga sobre Salta un peso particular, una responsabilidad singular y peligrosa.
El rol clave de la frontera en Salta
La provincia de Salta no es un territorio abstracto en un mapa. Comparte una extensa y porosa frontera con Paraguay, reconocido como uno de los mayores productores mundiales de marihuana. También limita con Bolivia, nación señalada como uno de los mayores productores de cocaína del planeta. Esta vecindad no es un dato menor, es un factor determinante que transforma una política económica abstracta en un riesgo concreto y alarmante.
Ingresar grandes sumas de dinero al sistema financiero formal, sin exigir justificación alguna sobre su procedencia, sin realizar el mínimo cuestionamiento, equivale en este contexto fronterizo a tender una alfombra roja para el capital más oscuro. El peligro es evidente. Salta podría convertirse, sin quererlo o sin medir las consecuencias, en un paraíso operativo para que las organizaciones narcocriminales laven sus ganancias ilícitas.
El dinero proveniente del tráfico de drogas busca constantemente vías para infiltrarse en la economía legal, para perder su rastro sangriento y manchado. Un programa que invita a ingresar fondos sin preguntas, sin impuestos locales disuasivos, es, visto desde el narcotráfico, una oportunidad demasiado tentadora, casi diseñada a su medida.
Este riesgo no es teórico. Existe una lógica criminal implacable y conocida por todos. Donde fluye el dinero del narcotráfico, inevitablemente, avanzan los narcotraficantes. Su característica fundamental no es la delegación, no es la confianza ciega en terceros. Por el contrario, son estructuras que ejercen un control férreo, directo y violento sobre sus activos. No son individuos que depositan sus millones en manos ajenas para luego irse de vacaciones.
Supervisan, gestionan, protegen su botín con presencia física y con intimidación. La llegada masiva de capitales de dudoso origen, facilitada por esta política, atraería como un imán a esos mismos actores hacia el territorio salteño. La provincia de Gustavo Sáenz se vería entonces inmersa en una dinámica de violencia, corrupción e infiltración institucional que ya ha devastado regiones enteras en otros países. El costo social sería incalculable, muy superior a cualquier beneficio fiscal inmediato.
La bomba de tiempo social y de seguridad de Sáenz
Apoyar medidas que buscan aliviar la crisis de divisas es comprensible, incluso necesario en el marco del diálogo federal que se pretende. Pero ese apoyo no puede ser acrítico, no puede ignorar las realidades específicas de cada territorio. Para Salta, esta política nacional, en su formulación actual, no es solo una herramienta económica. Es una potencial bomba de tiempo social y de seguridad. Equivale a abrir una compuerta sin filtros en una zona donde las aguas negras del narcocrime fluyen con fuerza a pocos kilómetros.
El gobierno de Gustavo Sáenz tiene la obligación primordial de proteger a sus ciudadanos, de preservar la seguridad y la integridad institucional del territorio. Por ello, mientras se alinea con el diálogo, debe alzar su voz con firmeza y claridad frente a la Nación. Debe exigir salvaguardas, mecanismos de control compatibles pero efectivos, coordinación real con fuerzas federales, y sobre todo, la posibilidad de actuar cuando haya sospechas fundadas sobre el origen ilícito de los fondos, especialmente en una región tan expuesta.
La disyuntiva es profunda. Por un lado, la presión por obtener dólares y estabilizar la macroeconomía. Por el otro, la integridad social y la seguridad básica de una provincia fronteriza. Blanquear capitales es una necesidad. Hacerlo sin ningún tipo de filtro en una zona caliente del narcotráfico internacional es una temeridad con consecuencias potencialmente catastróficas. Salta no puede, no debe, convertirse en el conducto privilegiado para lavar el dinero de la droga que se produce a sus puertas.
El acuerdo con el gobierno nacional debe incluir, imperativamente, las garantías y las herramientas para evitar este abismo. El futuro de la provincia, su paz y su desarrollo genuino, dependen de no cruzar esa delgada y peligrosa línea. El diálogo es valioso, pero la responsabilidad de proteger el territorio es sagrada e indelegable.
