SALTA (Diego Nofal) – El diputado provincial Juan Esteban Romero, en un acto que algunos calificaron de osado y otros de simple sentido común, presentó en noviembre del año pasado un proyecto que resonó con fuerza. Su idea era sencilla, casi elemental. Proponía que todas las personas con responsabilidades administrativas gubernamentales y legislativas en la provincia de Salta se sometieran periódicamente a un narcotest.
Una medida de transparencia básica, un chequeo rutinario para funcionarios públicos en tiempos donde la desconfianza campa a sus anchas. Sin embargo, aquí estamos, varios meses después, y el proyecto del legislador Romero parece haberse adentrado en los territorios más oscuros e inaccesibles del archivo legislativo. Duerme un sueño profundo, convenientemente «cajoneado».
Lo verdaderamente llamativo, lo que añade una capa extra de peculiaridad a esta historia, no es solo la inacción. Lo grave es la identidad de quien parece guardar la llave de ese cajón. La propia presidenta del bloque al que pertenece Romero, Socorro Villamayor, figura como la principal responsable de este estancamiento. Villamayor, se sabe, responde con lealtad al gobernador Gustavo Sáenz. Este detalle transforma una simple demora burocrática en un gesto político de alto voltaje, cargado de implicaciones.
Ante este panorama, una pregunta flota en el aire salteño, persistente e incómoda. ¿Por qué ese miedo? ¿Qué temor impulsa a los políticos de la provincia a resistirse tanto a someterse a una prueba que, en teoría, debería ser una formalidad intrascendente? Si ninguno consume drogas, algo que además es ilegal y constituiría una falta gravísima para cualquier figura pública, el narcotest sería apenas un trámite.
Un proyecto que no ve la luz del día
Una oportunidad dorada para despejar dudas, para exhibir limpieza y compromiso con la ley que ellos mismos están encargados de hacer cumplir. Sometería al escrutinio científico las sospechas que desde hace muchos años vinculan al poder político salteño no solo con la sombra alargada del narcotráfico, sino también con el consumo personal de sustancias ilegales.
Estas sospechas no brotan de la nada. La memoria provincial es testigo. Todavía pesan las denuncias contra el ex secretario de Seguridad por su presunta vinculación con el narcotráfico. En esa misma causa judicial, de resonancia nacional, se mencionó con nombre y apellido a Pablo Outes, diputado nacional y figura reconocidamente cercana al gobernador Sáenz, señalado nada menos que como uno de los supuestos encubridores del narcotráfico provincial. Estos antecedentes, lejos de ser anécdotas del pasado, alimentan el presente clima de desconfianza y le otorgan al proyecto de Romero una urgencia innegable.
Entonces, la incomprensión ciudadana crece. Si la inocencia es la norma, el narcotest sería un trámite rápido, incluso positivo para la imagen pública. Su rechazo tácito, su bloqueo activo, solo siembra más interrogantes y refuerza las peores percepciones.
Juan Esteban Romero pelea por su proyecto
Parece existir una resistencia pasiva, un muro de silencio y dilación, que resulta cuanto menos curioso. ¿Qué podría explicar esta renuencia colectiva entre quienes detentan el poder? ¿Es solo desidia burocrática o refleja algo más profundo? La lógica sugiere que quienes no tienen nada que ocultar no temen a la luz. La evasión, en cambio, siempre genera sombras más densas.
Quizás, solo quizás, la respuesta esté en ciertas «aspiraciones» particulares. Parece que en Salta hay políticos con grandes «aspiraciones», un término que en este contexto adquiere un doble sentido difícil de ignorar, una referencia velada que la ciudadanía capta con ironía amarga. Aspiraciones que, tal vez, no se limitan exclusivamente al ámbito de la política convencional. El proyecto de Juan Esteban Romero, en su simplicidad, se convierte así en un espejo incómodo. Un test químico se transforma en un test político, una prueba de fuego para la transparencia y la voluntad real de romper con un pasado y un presente embarrados por graves acusaciones.
Mientras el proyecto siga cajoneado, mientras los funcionarios eviten pasar por el tamiz de la prueba, la duda legítima seguirá creciendo. Y la pregunta del título resonará cada vez con más fuerza en las calles de Salta, sin encontrar una respuesta convincente más allá del silencio y la evasión. La pelota, claramente, está en la cancha del poder. El desafío de la transparencia sigue vigente, esperando superar la barrera de un cajón cerrado con llave.
