SALTA- (Por Pablo Kosiner) En medio de la discusión por un nuevo aumento de las retenciones a la soja y el maíz, se reabre un viejo debate que sigue siendo central para el futuro del país: ¿qué destino tienen los recursos que genera la producción del interior? ¿Hasta cuándo el esfuerzo productivo de las provincias será absorbido por un Estado Nacional que recauda sin devolver? ¿Cuándo vamos a encarar en serio una agenda de federalismo fiscal?
Durante años, los derechos de exportación –comúnmente llamadas “retenciones”– han sido una herramienta de recaudación extraordinaria. Pero hay un rasgo que se ha mantenido constante: las retenciones no se coparticipan. Esto se debe a que la Ley de Coparticipación Federal (23.548) excluye expresamente, en su artículo 9, a los tributos aduaneros de la masa coparticipable. En consecuencia, la totalidad de lo recaudado por derechos de exportación queda en manos del Estado Nacional, sin una obligación legal de redistribución automática a las provincias.
Este esquema concentra recursos en el nivel central y despoja a las provincias –especialmente las productoras del interior– de una participación justa en el fruto de su actividad económica. Se trata de un claro caso de centralismo fiscal en un país que constitucionalmente se define como federal. Ello agravado por definiciones de un gobierno central que ha renunciado a la ejecución de infraestructura de todo tipo, en las provincias, con fondos nacionales.
Frente a esta situación, existe un antecedente concreto que puede y debe ser retomado: el Fondo Federal Solidario, creado en 2009 por el Decreto 206/2009 y eliminado en 2018. Este fondo transfería a las provincias y a los municipios el 30% de lo recaudado por las retenciones a la soja, con el fin específico de financiar obras de infraestructura económica y social, como caminos rurales, obras viales, redes de agua potable, energía, saneamiento, salud y educación, entre otras.
El mecanismo de distribución respetaba los coeficientes de coparticipación establecidos por la Ley 23.548, lo que garantizaba un criterio objetivo y transparente. Además, las provincias estaban obligadas a destinar un 30% del monto recibido a sus respectivos municipios, asegurando que esos recursos llegaran al territorio. Una cláusula fundamental del fondo establecía que los recursos debían destinarse exclusivamente a inversión en bienes de capital, es decir, estaban expresamente prohibidos para cubrir gastos corrientes. En el caso de Salta por decisión del entonces gobernador Juan Manuel Urtubey la participación de los municipios fue del 50%.
El impacto de este fondo fue visible en cientos de municipios que, gracias a estos recursos, pudieron llevar adelante obras que de otro modo habrían sido imposibles de financiar. No se trató de una medida redistributiva con sesgo político o discrecional, sino de una herramienta concreta de equidad fiscal territorial.
Hoy, frente a un nuevo aumento de las retenciones, es el momento oportuno y justo para restablecer este fondo, ampliando su base a otros productos como el maíz y sus derivados. No como una concesión graciosa del poder central, sino como una medida de justicia fiscal. Las provincias que generan riqueza deben recibir parte de esa riqueza. Y los municipios que sostienen la producción con caminos rurales, infraestructura sanitaria y servicios básicos merecen recursos para mejorar la vida de su gente.
La propuesta es jurídicamente viable: restituir el Fondo Federal Solidario afectando un porcentaje de las retenciones a soja y maíz, con distribución conforme los coeficientes de coparticipación, y destino exclusivo a obras de infraestructura. No requiere reformar la ley de coparticipación. Solo requiere voluntad política y un compromiso real con el federalismo.
En momentos en que se discuten grandes reformas fiscales, ajustes y reorganización del Estado, el federalismo no puede quedar al margen. No hay desarrollo posible con territorios abandonados. No hay república sin provincias con voz y recursos. Restablecer el Fondo de la Soja no resolverá todos los problemas, pero sería una señal concreta de que estamos dispuestos a reconstruir el federalismo desde los hechos y no desde los slogans. Si no lo hace Milei por Decreto el Congreso debería poner en agenda la aprobación de una Ley.
