Salta.- (Por Diego Nofal) El Congreso Nacional reanuda sus sesiones en un clima político radicalmente distinto al habitual. La paciencia de los gobernadores hacia la administración del presidente Javier Milei muestra signos evidentes de agotamiento. Gustavo Sáenz, mandatario de Salta, enfrenta ahora una decisión crucial que definirá su compromiso real.
La profunda crisis económica ahoga a todas las provincias sin excepción, generando una severa crisis recaudatoria en cada distrito. La voracidad fiscal del gobierno central, aunque Milei intente disimularla, concentra la mayor parte de los recursos. Solo migajas llegan a las arcas provinciales, ya de por sí vacías por la recesión local. Este panorama es insostenible para los jefes provinciales. Ven peligrar sus cajas ante la falta de soluciones concretas.
La situación es dramática en múltiples frentes económicos vitales para las provincias. La caída estrepitosa del turismo golpea con fuerza a regiones que dependen de esa actividad. Las ventas mayoristas y minoristas registran bajas alarmantes, reduciendo aún más los ingresos por impuestos locales. Esta combinación de factores presiona las finanzas provinciales hasta límites críticos.
Las pruebas de lealtad
La incapacidad de cumplir con obligaciones básicas y salarios se vuelve un riesgo tangible. Ante esta realidad, el apoyo inicial de los gobernadores al gobierno nacional se resquebraja día a día. Cada vez son más las voces que alzan reclamos concretos y adoptan posturas independientes en el Congreso.
Sin embargo, una cuestión específica pondrá a prueba como ninguna la lealtad del gobernador Sáenz hacia los sectores más vulnerables. Se trata de dos proyectos de ley fundamentales aprobados por el Senado de la Nación. El primero busca otorgar un magro aumento a los haberes jubilatorios, un alivio mínimo pero urgente.
El segundo declara la emergencia en materia de discapacidad, atendiendo una necesidad social impostergable. El presidente Milei ha anunciado su intención de vetar ambos proyectos cuando lleguen a su escritorio. Para sostener ese veto, necesita un respaldo parlamentario muy específico. Requiere reunir al menos un tercio de los votos en la Cámara de Diputados.
Eso significa que ochenta y siete diputados nacionales deberán poner la cara para negar ese aumento a los jubilados. También para rechazar la asistencia urgente a las personas con discapacidad. Aquí es donde la influencia del gobernador Sáenz entra en juego de manera decisiva.
Gustavo Sáenz es clave para marcar influencia
Sáenz tiene un peso político significativo sobre tres de los siete diputados nacionales que representa Salta. Se trata de Pablo Outes, Pamela Calletti y Yolanda Vega. La pregunta que todos se formulan es clara y directa. ¿Privilegiará Sáenz su relación con el gobierno nacional, manteniendo la disciplina partidaria? ¿O enviará una señal clara ordenando a sus diputados votar a favor de los jubilados y las personas con discapacidad?
Las consecuencias de un eventual enfrentamiento con el gobierno central no parecen tan catastróficas ahora. Hasta la fecha, el gobierno nacional solo ha ofrecido promesas a las provincias. No existen hechos concretos que respalden un alivio fiscal real o una solución a la crisis recaudatoria.
Gustavo Sáenz mantuvo un apoyo firme al presidente Milei durante los primeros meses de gestión. No obstante, se observa un cambio de actitud en las últimas sesiones legislativas. Sus diputados comenzaron a mostrar independencia, votando en contra de algunos proyectos emblemáticos del Ejecutivo nacional. Este giro sugiere un recálculo político por parte del mandatario salteño.
Los riesgos
El único riesgo tangible para Sáenz sería enojar a la base de votantes de La Libertad Avanza de cara a las elecciones de octubre. Sin embargo, es un riesgo que podría ser manejable estratégicamente. El gobernador posee un amplio conocimiento del tejido político local y un aparato territorial consolidado.
Sáenz sabe que, ajustando los cables dirigenciales con precisión, puede obtener un buen resultado en los comicios legislativos. Podría lograrlo sin depender exclusivamente del apoyo explícito del Gobierno nacional. La situación social es tan crítica que apoyar estas leyes podría incluso redituarle capital político a nivel local. Mostraría sensibilidad ante el sufrimiento de su gente.
El dilema de Gustavo Sáenz
El dilema ético y político que enfrenta Sáenz no podría ser más claro. Debe elegir entre la lealtad al poder central y la lealtad hacia los sectores más desprotegidos de su provincia. Los jubilados que luchan por llegar a fin de mes con magras pensiones esperan su gesto.
Las personas con discapacidad y sus familias necesitan desesperadamente la declaración de emergencia. Su voto, o más bien el voto que ordene a sus diputados, tendrá un impacto humano inmediato. La decisión revelará su verdadera prioridad, si es el cálculo político frío o la responsabilidad social. El momento de definir su legado como gobernador popular ha llegado.
La presión sobre Sáenz es enorme, pero la oportunidad para demostrar coherencia con sus discursos también. Su historial político se juzgará por acciones concretas en momentos definitorios como este. Apoyar el veto presidencial sería un golpe brutal a la imagen de defensor de los humildes.
Enviar a sus diputados a respaldar los proyectos sería una reivindicación de ese compromiso declarado. Las calles de Salta, y las urnas en octubre, serán testigos de la elección que tome. La lealtad con los que menos tienen, ese principio invocado tantas veces, enfrenta su prueba de fuego definitiva. El país observa si las palabras se convertirán finalmente en hechos.
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