SALTA – Daniel Fernando Aponte, el empleado judicial detenido el 18 de marzo pasado, ingresó a trabajar al Poder Judicial de Salta el 8 de agosto de 2005. Desde esa fecha, se desempeñó entre áreas claves de la justicia, andar que le permitió conocer el derecho en todo su espectro. Sin embargo, no usó toda esa experiencia en beneficio de la justicia.
Ayer, el Tribunal Oral Federal 1, presidido por la jueza Marta Snopek, dio inició al juicio seguido contra Aponte y otros dos cómplices por el delito de transporte de estupefacientes agravado por el número de intervinientes. Se trata de una acusación que podría dejar al empleado judicial tras las rejas por más de 15 años.
Apenas abierto el debate, una de las defensas, la de Luna, pidió la palabra y solicitó la suspensión del juicio. Su cliente había cavilado respecto a quién sería su defensor, pues había expresado que deseaba seguir con un abogado del foro local. Sin embargo, luego desistió y optó por la defensa oficial.
Luego, el lunes pasado, Luna volvió a entrar en dudas y pidió ser asistido por su anterior abogado. Ante estas idas y venidas, la jueza fue al grano e interrogó a Luna respecto a que defensa prefería, si la pública, o bien, la privada. Ante el interrogante, el imputado se quedó con la defensora oficial.
En función de ello, la letrada pública pidió unos días más para empaparse del caso y así ejercer una férrea labor para su nuevo cliente. Esto fue concedido por la jueza Snopek, quien no dejó de evidenciar su fastidio por estas idas y venidas, a la vez que resaltó el abultado calendario de juicio que tienen de aquí a fin de año. En vista de ello, el debate pasó para el próximo jueves.
Carrera delictiva
Poco a poco, Aponte se convirtió en un caballo de Troya para el Poder Judicial que le dio cabida y hasta le confió puestos claves. Primero fue en el Juzgado Correccional de Garantías y Menores por un año. Luego, otros siete años más en el Juzgado de Instrucción Formal; finalmente, en el Juzgado de Garantías, todo en Metán.
Nadie imaginaba nada raro de Aponte, o bien, si eso sucedió, ninguno de sus colegas, ni mucho menos sus superiores, alertaron sobre la posible vinculación del empleado con actividades ilegales. Tampoco a nadie le llamó la atención de que se haya convertido en dueño de una empresa de transporte en Rosario de la Frontera.
Sucede que, en los últimos años, Aponte había decidido aplicar todo el bagaje legal que había acumulado. Pero no para estudiar abogacía y concursar algún cargo, sino para sacarle provecho y llenarse los bolsillos de ganancias espurias obtenidas del narcotráfico.
El momento en que todo empezó a salirle mal
Pero como suele suceder, en sus últimas andanzas algo salió mal y sus andanzas quedaron al descubierto. Fue el 21 de diciembre del año pasado cuando Ángel Guido Luna, un cómplice y transportista con el que operaba, cayó detenido en un control que Gendarmería Nacional montó en la ruta en la ruta provincial 5, a la altura de la ciudad de Joaquín V. González.
Luna -que conducía una camioneta Kia Sorento- regresaba ese día de Pichanal, a donde había ido por instrucción de Aponte para hacerse de una importante carga de droga. Nada menos que poco más de 23 kilos de marihuana, droga que el empleado judicial, a través de otro secuaz, Darío Peralta, ya había negociado en la frontera.
Cuando revisaban los papeles del rodado, uno de los gendarmes observó en el baúl varias monturas de caballos. Por ello, solicitó al chofer que las corriera para ver que había debajo. Luna se negó, lo que incrementó la sospecha de los gendarmes, quienes ya habían percibido que Luna estaba “sucio”.
Cuando movieron a un costado las monturas, descubrieron que los paneles laterales habían sido manipulados, lo que derivó en una requisa más profunda. Esta no hizo más que dejar al descubierto los 24 paquetes, equivalentes a un peso total de 23 kilos y 663 gramos de marihuana con una capacidad suficiente para producir 438.304 dosis.
A los dos días, el 23 de diciembre de 2024, la fiscalía formalizó la investigación penal en contra de Luna. Luego, avanzó con una serie de tareas de campos e inteligencia, entre ellas el análisis del teléfono celular secuestrado al chofer.
Esa labor permitió establecer la participación en la maniobra de tráfico de Peralta, detenido el 25 de febrero de este año, y finalmente del empleado judicial, lo que llevó a la fiscalía a agravar la imputación final por el delito de transporte agravado por el número de intervinientes.
Empleado y dueño
Entre las evidencias reunidas en contra de Aponte, se estableció que el auto en el que iba la droga tenía como titular a la firma “Aponte S.R.L.”, siendo la misma una empresa de transporte, de la cual el empleado judicial es dueño junto a otro familiar, con lo cual concluyó que este imputado fue quien puso a disposición el rodado para concretar el fallido transporte de la droga.
Del teléfono celular del conductor, en tanto, surgieron evidencias que llevaron a detener a Peralta. En este sentido, se estableció que ambos habían viajado el 19 de diciembre del 2024 desde Rosario de la Frontera, con destino a Orán, a donde llegaron al otro día. Tras proveerse de la droga, el retorno se produjo el 21 de ese mes, pero ya sin Peralta.
Los cruces telefónicos finalmente dejaron expuesto al empleado judicial, quien tuvo una intensa actividad de monitoreo sobre el transportista y su ruta de viaje. Los llamados se acrecentaron cuando Luna ya estaba próximo a llegar, circunstancias en que dejó de reportarse debido a que había sido detenido.
Se determinó que Aponte no solo realizó varios llamados, sino que, al tomar conocimiento de la captura de Luna, se contactó con un abogado local. A él le habría encomendado asumir la representación legal del transportista, con el fin de conocer las actuaciones judiciales y de esa forma, interponer una coartada.
Acorralado por la fiscalía
Para zafar, Aponte intentó sostener como coartada que le dio la camioneta Kia a Luna para que se la mostrara a un comprador en Metán. Así, buscó disfrazar a las comunicaciones y mensajes intercambiados con el mismo. También reconoció el contacto con el abogado del transportista, pero afirmó que lo hizo con el solo objetivo de recuperar la camioneta.
Su versión, en cambio, fue destruida por la fiscalía a partir de los chats que mantuvo con el transportista, quien le dijo que estaba alojándose en un hotel en Orán, sin que ello despertara ningún reproche de su parte. Sólo había autorizado a su amigo viajar hasta Metán, ubicada a 35 kilómetros.
Se resaltó que Aponte reiteró varias veces que Luna no era de su círculo de amistad, razón por la cual debió haberse mostrado más preocupado, ya que su vehículo estaba más allá de Metán. Sin embargo, no le hizo ningún reclamo.
También detalló las llamadas entre Aponte y el defensor de Luna. Así, consideró que evidenciaban el seguimiento que hizo del rodado que regresaba con la droga, a la vez que descartó el supuesto interés por recuperar el vehículo, ya que en ningún momento hizo alguna presentación formal para la devolución de la camioneta.
