Salta.- (Por Diego Nofal) El escándalo en La Libertad Avanza Salta trasciende la expulsión del concejal Pablo López. López enfrenta graves denuncias por violencia de género y extorsión sexual, sustentadas por audios. Su posterior negación de lo evidente añade otra capa de desconfianza. Sin embargo, el verdadero meollo del asunto no es López, ni siquiera su merecida salida del partido. El problema fundamental reside en cómo el espacio político trató a la víctima que alzó la voz. La respuesta fue, por decir lo menos, reveladora y profundamente preocupante.
Esta denunciante no es una militante anónima o recién llegada al partido. Fue elegida convencional municipal por La Libertad Avanza en las elecciones de junio pasado. Ocupará un cargo de representación obtenido con los votos de los salteños. Su posición dentro de la estructura partidaria era formal y reconocida públicamente. Esto convierte su situación posterior en un caso paradigmático de doble victimización. Primero, por las acciones del concejal denunciado, y segundo, por la reacción de su propia agrupación política.
El testimonio de la denunciante
Según su propio testimonio, tras presentar la denuncia formal contra Pablo López, fue apartada del partido. Esa es la cruda realidad que ella misma ha expuesto. Ya no es convocada a reuniones internas ni participa en la vida partidaria activa. Su destierro político parece un hecho consumado. Resulta difícil no preguntarse qué mensaje envía esta acción. Pareciera que denunciar a un concejal acosador es un delito gravísimo dentro de las filas libertarias salteñas. Un pecado capital que merece la exclusión inmediata.
Cabe destacar que la denunciante ha diferenciado la actitud del líder provincial, Alfredo Olmedo. Según ella, Olmedo mostró una disposición diferente frente a su situación. Pero esta aclaración solo intensifica la pregunta clave. Si el líder no ordenó su exclusión, ¿quién dentro del partido tomó esa decisión tan drástica? ¿Quiénes son esos «compañeros de militancia» que decidieron condenarla al ostracismo? Sus nombres permanecen en la penumbra, cómodos en el anonimato. Su acción, sin embargo, es luminosamente clara y condenatoria.
Una actitud que deja una mancha imborrable
La lógica implícita en este apartamiento es perversa y peligrosa. Castigar a la víctima que denuncia, en lugar de apoyarla y protegerla, es un mensaje nefasto. Envía una señal escalofriante a cualquier otra persona que sufra abusos dentro o cerca del partido. El silencio se convierte en la opción más segura, la denuncia en un riesgo político y social intolerable. ¿Es esta la «libertad» que avanza en Salta? Una libertad que retrocede ante la justicia y protege a los presuntos victimarios aislando a las víctimas.
La exclusión de la denunciante-electa mancha profundamente la imagen de La Libertad Avanza en Salta. Habla de una estructura que prioriza la comodidad del statu quo y la protección de ciertas figuras. Revela una hipocresía flagrante respecto a discursos de renovación y ética. Su futuro brillante, citado por otros dirigentes, parece construido sobre la opacidad y el miedo. La coherencia entre el discurso público y la práctica interna se resquebraja de manera alarmante. La credibilidad se resiente gravemente.
Este caso no es solo sobre un concejal denunciado y su expulsión tardía. Es sobre el sistema que permitió su ascenso y que ahora castiga a quien lo señaló. Es sobre la cultura política que impera realmente dentro de ciertos espacios. La pregunta central ya no es solo por qué expulsaron a López, sino por qué condenaron al exilio político a la mujer que tuvo el valor de denunciarlo. La respuesta, o la falta de ella, define el verdadero carácter del partido. Salta merece claridad, no sombras ni represalias.
Emilia Orozco y su cercanía a Pablo López
La denunciante aportó un dato aún más grave sobre el manejo interno del caso. Relató que acudió a la diputada nacional Emilia Orozco, figura clave de La Libertad Avanza. Buscaba ser escuchada y presentar su denuncia contra Pablo López. Según su testimonio, Orozco no solo se negó a recibirla o escuchar su relato. La diputada nacional, según la versión de la víctima, le advirtió claramente cuál era su prioridad. Orozco manifestó que su único interés era cuidar a Pablo López, atribuyéndole un futuro brillante. Así, una legisladora nacional, obligada por ley a denunciar delitos que conoce, optó por hacer caso omiso. Eligió proteger al presunto acosador, ignorando el delito denunciado y abandonando a su víctima, una correligionaria electa. Una decisión ética y legalmente indefendible.
