SALTA – Este lunes, el Ministerio Público Fiscal iniciará el megajuicio donde serán juzgadas 20 personas -funcionarios del Servicio Penitenciario, internos alojados en la Unidad Carcelaria 1 y familiares-. Todos están acusados de conformar una organización narcocriminal que operaba dentro del penal de Villa Las Rosas.
Esta Unidad Fiscal fue creada e integrada junto al Procurador General desde el inicio de la investigación, mediante Resolución Nº 1495 en fecha 19 de diciembre de 2023, conforme a lo permitido por el art. 32 inc. 9 de la Ley 7328 (Orgánica del Ministerio Público). Faculta al Procurador a intervenir “en forma conjunta con los fiscales, en las causas de trámite, cuando la gravedad o importancia de aquellas lo justifique”, según Aries.
El caso significa un golpe a la transparencia institucional debido a la complicidad de los propios miembros de la Justicia en esta organización. Asimismo, a lo largo de la investigación, se produjeron diversos intentos de amedrentamiento y amenazas sobre testigos, familiares y denunciantes. También, sobre las mismas autoridades jerárquicas del Servicio Penitenciario de aquel tiempo.
En la resolución de creación se consignó expresamente que se presentaban dichos requisitos, y que a ellos se sumaba la condición de algunos imputados miembros de la fuerza. Por otro lado, “los múltiples efectos que pueden surgir en su tramitación y poner en crisis instituciones claves para el correcto funcionamiento del sistema de justicia”. Por lo se consideró necesario disponer la creación de dicha Unidad e integrar a la misma al Procurador General.
Cuándo comienza el juicio
El juicio comenzará el lunes 4 de agosto en la Sala 7 del Tribunal de Juicio del Distrito Centro, integrada por los jueces Federico Diez, Paola Marocco y Javier Aranibar. Se prevé que más de 180 testigos presten declaración a lo largo del proceso.
La Unidad Fiscal acusa a ocho funcionarios del Servicio Penitenciario de Salta. También a internos penados alojados en la Unidad Carcelaria Nº1 y familiares de estos por formar parte de una organización narcocriminal que operaba en el Penal de Villa Las Rosas, en la cual cada uno desempeñaba un papel especifico.
La investigación se inició a partir de denuncias anónimas. Estas señalaban que el personal de la Unidad Carcelaria 1 de Salta estaba involucrado en actividades ilícitas, entre las que se incluían la solicitud de sobornos a cambio de beneficios para los internos. Además, señalaron facilitación del ingreso de elementos prohibidos y sustancias estupefacientes al recinto de detención.
Se analizaron más de 50 cuentas bancarias, de las cuales se obtuvo un resultado de más de 1000 transferencias realizadas por familiares de personas privadas de la libertad. Además, se intervinieron más de 20 líneas telefónicas y se recopilaron 90 declaraciones testimoniales durante el periodo investigado, comprendido entre 2021 y 2023.
Nombres de los funcionarios
La Unidad Fiscal concluyó que los funcionarios del Servicio Penitenciario Sergio Moya, Francisco Arturo Bisceglia, Rubén Antonio Guaymás, Luis Roberto Castaño, José Luis Alarcón, Marcelo Olguín Magno, Raúl Antonio Arjona y Marcos Matías Bucotich García, con situación de revista en la Unidad Carcelaria 1, habrían exigido indebidamente dádivas a internos penados allí alojados. De esta forma, hicieron uso abusivo de sus cargos y de las atribuciones y potestades que poseían, como así también de su jerarquía y antigüedad en el penal de Villa Las Rosas.
Estas consistían en la entrega de sumas de dinero u otros elementos de valor, a cambio de gestionar o facilitar la obtención de beneficios contemplados en el régimen progresivo de la pena, tales como la elevación de calificaciones en concepto de conducta, la aceleración de trámites para la obtención de salidas extramuros o transitorias, el otorgamiento de salidas a granja, y/o cambios de pabellón, entre otros. Asimismo, se habría permitido el ingreso de otro tipo de elementos no autorizados por el reglamento interno de las Unidades Carcelarias, tales como celulares, cargadores, comidas y bebidas, sustancias estupefacientes y otros objetos, además de protección ante posibles abusos.
Las transacciones se realizaban de forma electrónica o mediante la entrega de dinero en efectivo, a través de encuentros entre los funcionarios penitenciarios y familiares de los internos.
En cuanto a la comercialización de estupefacientes, los investigadores identificaron tres vértices fundamentales para su consumación: la distribución de la sustancia en el interior de la Unidad Carcelaria; los nexos externos que recibían dinero, distribuían y administraban cuentas bancarias, producto de la comercialización de estupefacientes; y la participación y connivencia necesaria de funcionarios públicos, que por omisión o acción, permeabilizaban el sistema de seguridad e ingresaban la sustancia prohibida al establecimiento, brindando seguridad a la organización delictiva.
