SALTA – (Diego Nofal)- Bajo la presidencia del juez Federico Diez, acompañado por Paola Marocco y Javier Arancibar, en calidad de vocales, la Sala VII del Tribunal de Juicio llevará adelante un nuevo juicio por corrupción carcelaria. Este suceso no es nuevo para la historia criminal de la provincia.
Esta vez, los acusados son 20. De ellos, ocho son exfuncionarios del Servicio Penitenciario de la Provincia, un organismo indomable para el Poder Ejecutivo, tanto de este gobierno como de los que antecedieron al gobernador Gustavo Sáenz.
Las imputaciones penales en juego van de exacciones ilegales agravadas. Entre ellos, están: concusión; comercialización de estupefacientes agravada por la participación de más de tres personas, por el lugar de detención y cometidas por funcionarios encargados de la guarda de presos; y asociación ilícita. De esta forma, las penas podrían superar los 10 años de prisión.
Por la cantidad de hechos, la connotación de corrupción institucional y el número de imputados, el caso tiene cierta magnitud. No obstante, no es novedoso. Tampoco alcanzaría el matiz narcocriminal que la Procuración General intenta darle al caso, tal vez movido por el hecho de que su titular estará a la cabeza de otros tres fiscales que llevarán adelante la acusación.
Sin dejar de restarle valor al caso, varias fuentes judiciales y políticas de Salta no dejaron pasar la aparición estelar del jefe de los fiscales como llamativa. Incluso lo vieron como un trampolín para un futuro ascenso a la Corte de Justicia. Esta, muy pronto, se quedará sin dos jueces por jubilación.
Otros, más acérrimos, fueron más allá y señalaron como rara la exposición del procurador en este caso, comparado con cazar dentro de un zoológico. Mientras, su silencio, el de sus fiscales y el de jueces penales continúa en el caso del ex secretario de Seguridad, Benjamín Cruz. Cabe recordar que está apuntado junto a Ángel Sarmiento, quien era el subsecretario de Políticas Criminales y Asuntos Penitenciarios.
