SALTA – El interventor de Aguas Blancas, Adrián Zigarán, criticó a Nación por el cierre de Finca Karina y el modo en que se realizó el operativo que desmanteló una red de contrabando en el predio. Al respecto, mencionó que no se trabajó coordinadamente entre provincia y Nación, y que la medida extrema podría ocasionar un estallido social por la cantidad de personas que dependen del comercio ilegal para sustentarse.
Zigarán, en diálogo con FM Aries, indicó que tardaron ocho meses en actuar y que «ahora se adjudican más o menos el allanamiento» que realizó Gendarmería Nacional. Además, relató una situación anterior con Virginia Cornejo, de la Dirección Nacional de Vigilancia, cuando le dijo que el tema «no le corresponde». «Pateamos el hormiguero, ¿y ahora qué hacemos?», cuestionó el interventor ante la falta de coordinación entre las fuerzas de seguridad y las autoridades locales.
A pesar de las críticas, Zigarán reconoció que el allanamiento tendrá un impacto. Sin embargo, lo calificó de temporal. Su solución, dijo, sería trasladar el control a un punto estratégico, como el Puesto 28 sobre la ruta, que permitirá a las autoridades «separar el minorista del mayorista». «Bajo ningún punto de vista vas a poder contrarrestar a contrabando cero», expresó.
Advertencia sobre un posible estallido social
En otra parte de la entrevista, Adrián Zigarán alertó sobre la posibilidad de un estallido social ante el cierre definitivo de Finca Karina. En este sentido, reconoció que, si bien se ejercía una actividad ilegal, esta sostenía a «más de 30.000 personas» entre Aguas Blancas y el norte de Orán. Por eso, el interventor mostró preocupación por el destino de estas personas que, por su realidad, vivían del contrabando.
“Hay que evitar una explosión social», resaltó. Además, agregó que hay que darle «un margen de tolerancia» a este tipo de ilícitos mientras se provee de otras alternativas legales, ya que un corte abrupto de la actividad comercial «va a explotar por todos lados».
