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Policiales

Convocan a una nueva audiencia para discutir los beneficios otorgados a un capo narco

El próximo jueves, la defensa, el fiscal Amad y el director Nacional del Servicio Penitenciario Federal -en representación de la ministra Bullrich- debatirán ante el juez Rabbi Baldi la legalidad del fallo dictado por el juez Domingo Batule.

Salta

SALTA – En un nuevo round por los beneficios otorgados recientemente a Raúl “Coya” Rojas, un capo narco de Orán que fue condenado a 11 años de prisión por tráfico de drogas y a cadena perpetua por homicidio, fuentes nacionales revelaron que la Cámara Federal de Apelaciones de Salta convocó a una nueva audiencia para el jueves 14 de agosto, a fin de resolver si mantiene firme o no los cambios en el régimen carcelario del interno.

De esta nueva audiencia, catalogada como una batalla legal de alto interés, en especial para el gobierno nacional, participará el abogado Atilio Díaz, defensor de Rojas, con un marcado ascenso de popularidad por el logro obtenido a favor de su cliente; el fiscal general Carlos Amad, quien buscará revertir su derrota anterior por este caso y en representación de la ministra Patricia Bullrich, lo hará el director Nacional del Servicio Penitenciario Federal, Fernando Julián Martínez, quien estará acompañado dos asesoras letradas.

Las partes, en caso de no surgir inconvenientes por algún planteo previo, se verán las caras con el cuchillo entre los dientes bajo el mando del juez Renato Rabbi Baldo Cabanillas, quien tuvo una intervención anterior por la cuestión de fondo a debatir, lo que podría generar alguna presentación preliminar por parte de la defensa, lo que aún se desconoce.

El convite jurídico es a fin de discutir sobre el fallo dictado el 31 de julio pasado por el juez federal del Tribunal Oral Federal 2 de Salta, Domingo Batule, quien declaró inconstitucionalidad el Procedimiento Operativo Estandarizado (POE) para la conformación de grupos homogéneos, Diagrama de actividades diferenciadas para la gestión de las personas privadas de libertad de alto riesgo, alojadas en la Unidad Residencial VI del Complejo Penitenciario Federal I Ezeiza.

Traducido, se trata de normas carcelarias internas establecidas por el Ministerio de Seguridad de la Nación para poder aplicar el Sistema Integral de Gestión para Personas Privadas de la Libertad de Alto Riesgo (SIGPPLAR), el cual no fue motivo de discusión, sino que su legalidad y constitucionalidad fue ratificada.

Modalidad

Lo que la defensa de Rojas discutió fue el reglamente creado para su aplicación, establecido mediante la Resolución N.º 35/2024 del Ministerio de Seguridad de la Nación, que encabeza Bullrich, quien además blande este sistema como un gran logro de su gestión, cuando es ampliamente notorio que se trata de una copia fiel del régimen carcelario impuesto por el presidente de El Salvador, Nayib Armando Bukele, en las cárceles de su país, en especial a los criminales de pandillas, lo que le dio un alto índice de popularidad.

En busca de replicar, el éxito por supuesto, la ministra ordenó que se adecué en Argentina las normas para aplicar este régimen “bukeliano” de mano dura, en este caso, contra los narcotraficantes, siendo aplicado inicialmente en Rosario, donde las jefes de bandas de narco, pese a estar presos, operaban sin destajo en materia de droga y asesinatos por medio de sicarios.

La medida, como se sabe, tuvo éxito, por lo que luego se fueron agregando a dicho sistemas a otros jefes narcos, siendo Salta la aportante de varios de ellos, con nombres que van de los hermanos Delfín y Raúl Castedo, Cristián Palavecino y el propio Rojas, entre otros.

El epicentro elegido para mantener a estos capos narcos con este duro régimen carcelario, fue el penal de Ezeiza, que en el caso de los capos narcos de Salta, lo dejó desarraigados, siendo esta una de las primeras quejas expuestas, a las que se siguieron otras más, como las que Rojas mismo reclamó al juez Batule, quien terminó cediendo al cuadro descripto por el interno.

Así fue como el magistrado, alteró la rutina diaria de Rojas, la que lo mantenía aislado en su celda por veinte horas diarias, para lo cual ordenó que el Servicio Penitenciario Federal garantizar, cuanto menos, ocho horas diarias fuera de su celda, equivalente a una tercera parte del día.

Por otra parte, y respecto a otra norma del Ministerio de Seguridad de la Nación que disponía que las visitas de los familiares directos se realizarán sin contacto físico, es decir a través del locutorio, dispuso que las visitas señaladas deberán realizarse con contacto físico.

También, ordenó al Servicio Penitenciario Federal que le otorgue actividad laboral al interno, dentro de los cinco días hábiles de notificado de la presente; garantizándole actividades recreativas, culturales, cursos profesionales; como así también actividades físicas diarias fuera del módulo, es decir, fuera de la celda y del salón de usos múltiples, por espacio mínimo de una hora por día.

Resuelta así la cuestión, Rojas y su defensa se fueron triunfantes del tribunal ubicado frente al Monumento a General Güemes, mientras en la fiscalía el fallo generó fastidio, no sólo por los beneficios a Rojas, sino porque una decisión así, no haría más que provocar un efecto cascada de favorecimiento hacia otros presos que están bajo las mismas condiciones.

Fuerte críticas

Para el gobierno nacional, en tanto, es un paso atrás en su batalla contra los narcos, una bandera que han sabido blandir gracias a la mano de hierro de la ministra, quien al enterarse salió a cruzar duramente al juez Batule, a quien llegó a amenazar con una denuncia ante el Consejo de la Magistratura.

En la misma línea, el fiscal Amad también se sumó a esas críticas, aunque en los últimos días avanzó y presentó una impugnación, mediante la cual reclamó por una supuesta conducta arbitraria del juez al fallar en favor de Rojas.

Como principal argumento, señaló que el planteo realizado por la defensa de Rojas ya había sido tratado el 3 de octubre del año pasado por la jueza Gabriela Catalano, cuando ésta ejercía las funciones de Juez de Ejecución y Sentencia, rol que ahora cumple Batule. Remarcó que la defensa, cuando Catalano trató el pedido y lo rechazó, hubo un segundo fallo que respaldó la decisión de dicha magistrada, dictado por Rabbi Baldi Cabanillas, el 6 de diciembre de ese año, por lo que no había razón para hacer un nuevo análisis, siendo que la situación de Rojas tampoco había variado.

Sentada la polémica, el jueves los actores de esta disputa volverá a verse en una nueva audiencia, en la que seguramente se harán fuertes críticas de un lado y otro, pelea que posiblemente tampoco concluya ahí, pues cualquiera sea el fallo de Rabbi Baldi Cabanillas, seguramente el derrotado apele nuevamente.

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