Dicen que en “el reino del revés” de la escritora, María Elena Walsh, “nada el pájaro y vuela el pez”, mientras que, en la justicia de Salta, los fiscales llevan a juicio a guardias y presos que negocian delitos a partir del uso ilegal de celulares, mientras que los jueces autorizan que los tenga, y hasta el modelo más nuevo.
En los últimos días, a partir de un litigio que mantiene el Servicio Penitenciario de la Provincia con una jueza provincial, salió a luz la existencia de una orden judicial que dicha magistrada, acostumbrada a ganar la atención mediática con sus fallos, habría dictado a favor del doble homicida Marcelo Torrico, asesino de los hermanos Melanie y Octavio Leguina.
Según los trascendidos, el polémico oficio llegó a manos del director del Servicio Penitenciario, prefecto mayor Enrique Daniel Torres, informándole que, a raíz de denuncias hechas por Torrico, se habría decidido darle curso al pedido de reemplazar su teléfono celular por un modelo nuevo, un Motorola E7.
En contrapartida, las autoridades carcelarias habrían resistido la medida a través de otro oficio, en el cual se habría indicado que “no sería aconsejable que un interno de su peligrosidad disponga de este tipo de aparato”, por lo que solicitaron que esa medida sea revocada.
El enfrentamiento, entre el Servicio Penitenciario de la Provincia y la jueza, trascendió con mayor fuerza el viernes pasado, cuando una comitiva de jueces, fiscales y abogados visitaron el penal de Villas Las Rosas, en el marco de una inspección ocular resuelta como medida de prueba dentro del juicio que se le sigue a ocho guardias y doce personas más, entre presos y familiares.
Como se sabe, dicho debate comenzó a principio de mes y está previsto que se extienda hasta mediados de septiembre. En sus primeras audiencias, salieron a luz detalles insólitos sobre el desmanejo, negocios y corrupción alcanzada entre celadores, jefes y reos, teniendo como eje el uso ilegal de celulares dentro de las paredes del penal.
Pero esto no es todo, pues la justicia federal también tiene entre manos una causa pena, en la que se investiga delitos similares que ocurrían en el Complejo Penitenciario Federal NOA III, en la ciudad de General Güemes, donde los presos y los guardiacárceles habían montado una prolífica organización narcocriminal, cuyo engranaje principal era el uso ilegal de celulares.
Pese a todas estas luces de advertencias, la medida dictada en favor de Torrico es considerada totalmente inexplicable, pues va a contramano con el objetivo de los fiscales, tanto de la provincia como de la justicia federal, por limpiar las cárceles.
Incluso deja descolocada a las autoridades carcelarias, como la de la provincia, la que tuvo que salir al cruce de la jueza y oponerse a cumplir su orden, con el riesgo de generar un fuerte conflicto de poder entre el Poder Judicial y el Ejecutivo, sin contar el riesgo de que algunos funcionarios terminen con una causa penal por desobediencia judicial.
Asimismo, estos cruces dejan en evidencia la falta de contacto y diálogo entre ambos sectores, abriendo signos de interrogación respecto a las funciones que tendría en estos asuntos las autoridades del Ministerio de Justicia y Seguridad.
El Rey de la Corte
El uso del celular por parte de los presos fue autorizado legalmente en octubre del 2020, en plena pandemia, cuando el juez Eduardo Barrionuevo, hizo lugar a un recurso de hábeas corpus interpuesto por Mario Juliano, director de la Asociación Pensamiento Penal.
El magistrado autorizó, en ese marco, a las personas privadas de la libertad en el ámbito de la Provincia a utilizar en forma limitada y supervisada telefonía celular durante ocho horas semanales durante el contexto de emergencia sanitaria.
También, y para dejar las cosas en claro, ordenó a la Subsecretaría de Políticas Penales de la Provincia que establezca un protocolo para el uso de teléfonos celulares por parte de los presos, aunque no existen confirmaciones legales de que tal protocolo se haya presentado.
La decisión de este juez fue objetada por el gobierno de la provincia, por lo que intervino la Corte de Justicia, la que resolvió confirmar el fallo del juez de grado. La decisión de los jueces contó con la mayoría de los votos de los ministros.
Pablo López Viñals y Teresa Ovejero Cornejo, Horacio Aguilar, María Alejandra Gauffin, Guillermo Catalano y Sandra Bonari, firmaron en favor de los presos, mientras que, en disidencia, lo hicieron los jueces Adriana Faraldo, Ernesto Sanson y Fabián Vittar.
Asesino de niños
El 4 de mayo de 1998, Melani y Octavio Leguina salieron de su casa temprano, como lo hacían habitualmente, para ir a la Casita de Belén, en el barrio San José, donde desayunaban, tras lo cual asistían a la escuela Nuestra Señora de la Candelaria de Villa Costanera.
Ese día, sin embargo, no llegaron, pues en el camino fueron secuestrados por Torrico y Ariel Brandán. Los hombres los llevaron en auto hasta un descampado en la zona sur de la ciudad, donde los torturaron y los asesinaron a golpes, en escena de gran brutalidad. En una de ellas, Brandan obligó a Octavio a mirar cómo su compañero violaba a su hermana. Los cuerpos de las víctimas fueron encontrados seis días después. Sus cabezas estaban destrozadas, por lo que se cree fueron asesinados a golpes de piedra.
Después de casi un año de investigación, el primero en caer fue Brandán. Poco después corrió la misma suerte Torrico, quien en su primera declaración se hizo cargo de la violación de la nena, pero acusó a su cómplice por los crímenes.
Pese a las versiones cruzadas, la Justicia probó que la noche del 3 de mayo de 1998 los dos hombres bebieron alcohol y consumieron sustancias hasta la madrugada, y fue entonces cuando decidieron secuestrar a los hermanitos. En diciembre de 1999, la justicia los condenó a 25 años de prisión.
