Tras el descanso tomado ayer, pues no hubo audiencias por una cuestión de agenda de las distintas defensas, el tribunal de juicio, conformador por los jueces Federico Diez, Paola Marocco y Javier Araníbar, reanudará hoy el debate que se sigue contra veinte imputados, entre guardiacárceles del Servicio Penitenciario, algunos jefes, presos y familiares.
El juicio entró en su cuarta semana, y ya queda poco tiempo para la fecha del 12 de septiembre, fijada por los jueces para la finalización del debate. Con ese horizonte, las defensas tendrán dos semanas, al menos, para desarrollar sus estrategias.
En ese marco, la tendencia es variada, aunque la tendencia que se impone lleva a exponer lo menos posibles a sus clientes, pues lo que todos los defensores ya tienen asumido es que la “la suerte está echada”, ya que es imposible revertir el impacto negativo absorbido durante las tres primeras semanas, en las que la fiscalía resaltó todos los negociados que, guardias y presos, llevaban adelante puertas adentro del penal de Villa las Rosas.
Ante este panorama, muchos de los abogados defensores coincidieron en “jugar callados”, al menos, hasta la etapa de los alegatos. Es que el mayor temor pasa por aquello de que, a veces, el que “aclara, oscurece”. Y, a decir verdad, la mayoría de los delitos imputados están más que claros.
Las imputaciones contra los miembros del Servicio Penitenciario
En ese sentido, cabe recordar que los 8 funcionarios del Servicio Penitenciario de la Provincia son juzgados por los delitos de exacciones ilegales agravadas: concusión; comercialización de estupefacientes agravada por la participación de más de tres personas, realizada en un lugar de detención y cometida por funcionarios encargados de la guarda de presos; y asociación ilícita, todo ello en concurso real.
Los otros doce implicados, entre presos y familiares, en tanto, están acusados por comercialización de estupefacientes agravada por la participación de más de tres personas realizada en un lugar de detención, y asociación ilícita, en concurso real.
Dada la comprometida situación en que quedaron sus clientes, luego de que se expusiera cómo se filtraban celulares y, hasta droga, para abastecer la red de venta de droga, negocios que era comandado por los presos, quienes, a cambio de la vista gorda de los celadores, pagaban a través de sus familiares por medio de transferencias.
Lejos de poder refutar las testimoniales brindadas en ese sentido, y mucho menos discutir el resultado categórico de las pericias, varios defensores optaron por bajar a sus testigos para, de esa manera, evitar que las luces encandilen a sus contratantes.
Crece una gran expectativa sobre la Fiscalía
Al respecto, solo llamó la atención la fuerte postura de la fiscalía, cuando una de las defensas, al intentar renunciar a un testigo, saltó de la mesa y pidió a los jueces que rechazaran ese pedido, pues están bastante interesados en poder escuchar a dicho declarante.
El testigo en discusión, es nada menos que un abogado del foro local, a quien se lo apunto como una persona que conocía en profundidad los manejos ilegales dentro de la cárcel, incluso algunos dejaron entrever que dicho letrado habría aventado algunos datos extras al respecto.
Otras defensas, en tanto, intentarán atemperar las posibles penas que, desde la fiscalía, ya se afilan para el momento de los alegatos, instancia en la que los fiscales, con su jefe a la cabeza, buscarán probar un delito que, para muchos, aún no está del todo claro.
Se trata de la imputación por asociación ilícita, una figura penal que tiene una escala penal que llega a los 10 años de prisión, aunque lograr que sea receptado por los jueces, es muy difícil. Cabe señalar, en ese aspecto, que ni siquiera a la ex presidenta Cristina Kirchner, se la pudieron probar.
Es que dicha acusación penal exige que los imputados que integran el concierto delictivo, estén organizados, con roles específicos, que haya permanencia en el tiempo de la conducta ilegal y, sobre todo, que haya una organización previa, con contacto permanente respecto al despliegue criminal.
En este caso, está claro que los delitos de exacciones ilegales y concusión existieron, sin embargo, hay muchas dudas en cuanto a si los mismos fueron como resultado de una misma organización, o bien, se trató de hechos aislados uno de otros.
