Solo seis integrantes de la Cámara de Diputados votaron en contra del proyecto de ley que autoriza al gobierno de Gustavo Sáenz a acceder a un financiamiento con el Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata (FONPLATA), destinado a la ejecución del Programa de Integración Territorial y Desarrollo Sostenible del Corredor Bioceánico Eje Capricornio en Salta.
Se trata de dos diputados del PRO, un romerista, uno de la Libertad Avanza, una del Frente LIberal Salteño y una radical. Son Roque Cornejo (LLA), Griselda Galleguillos (FLS) , Sofía Sierra y José Gauffín (PRO), Soledad Farfán (UCR) y Juan Esteban Romero (del romerista Salta tiene Futuro) y además hijo de Juan Carlos Romero.
Si bien todos ellos resaltaron la importancia de las inversiones para el Corredor Bioceánico y su impacto estratégico para el desarrollo productivo, industrial y comercial de la región, la integración territorial, expresaron sus disidencias en relación a estas autorizaciones de acceso al financiamiento internacional, haciendo hincapié en la toma de créditos durante otras gestiones de gobierno y su impacto en las arcas provinciales, entre otras cuestiones.
En qué consiste el proyecto de Sáenz
El proyecto prevé, la obtención de financiamiento externo por hasta cien millones de dólares estadounidenses (U$S 100.000.000), con un plazo de amortización de veinte años a partir de la suscripción del contrato. Las amortizaciones serán semestrales, consecutivas y en lo posible iguales, con cinco años y medio de gracia. El plazo de desembolsos será de cinco años.
Esta fuente de financiamiento con destino específico tiene por objeto promover el desarrollo sostenible y la integración territorial de la provincia de Salta, mediante inversiones en infraestructura vial, en sistemas de agua y saneamiento y en la dotación de tecnología para puestos de control en áreas estratégicas del Corredor Bioceánico Eje Capricornio.
En el ámbito vial, se incluyen importantes inversiones en obras que fortalecerán la conectividad vial, la logística regional y la seguridad en los corredores estratégicos del Corredor Bioceánico, como la pavimentación del tramo 1 de la RN 51 entre San Antonio de los Cobres y Mina La Poma por US$ 20 millones; la repavimentación de la RP 24 en el empalme con la RN 51 (Km 4,125-Km 12,586) por US$ 13,6 millones; el Bypass de Campo Quijano (empalme RN 51 – empalme RP 24) por US$ 15 millones; y la pavimentación de la Circunvalación Noroeste por US$ 17 millones.
En cuanto a infraestructura de agua y saneamiento, se prevé la construcción de nuevas plantas potabilizadoras y depuradoras, junto con redes colectoras y sistemas de producción y distribución de agua potable en localidades como Santa Rosa de los Pastos Grandes, Salar de Pocitos, Olacapato, Tolar Grande y San Antonio de los Cobres.
Entre los proyectos destacan: planta potabilizadora y depuradora en Santa Rosa de los Pastos Grandes (US$ 1.580.000 y US$ 1.810.000, respectivamente), redes colectoras por US$ 480.000; en Salar de Pocitos, sistema de agua y depuradora (US$ 1.830.000 y US$ 910.000), más redes colectoras por US$ 420.000; en Olacapato, redes colectoras y planta de tratamiento de líquidos cloacales (US$ 880.000 y US$ 1.810.000); y en Tolar Grande, planta potabilizadora, redes colectoras y planta de líquidos cloacales (US$ 850.000, US$ 780.000 y US$ 2.200.000), sumando además el sistema de agua en San Antonio de los Cobres por US$ 1.900.000.
Las claves del Corredor Biocéanico
Con más de 2.400 kilómetros de extensión, el Corredor Bioceánico no es solo una ruta de transporte, sino un instrumento geopolítico que reduce costos logísticos, facilita el acceso a los mercados de Asia-Pacífico y potencia las cadenas de valor del Mercosur.
El proyecto fue aprobado por el voto mayoritario del Cuerpo, con seis votos negativos. Pasó al Senado en revisión.
