Julio Jalit, quien supo gobernar el municipio de Pichanal con puño de acero, más como “patrón de estancia” que un “servidor público” ve esos días con gran nostalgia. Hoy, aunque sigue al frente de esa comuna, sus contribuyentes ya no son aquellos súbditos que lo obedecían a rajatabla.
Tanto ha cambiado las cosas que los vecinos, lejos de tenerle miedo, lo tratan de “viejo culiao” y, cuando lo ven, le gritan que arregle las calles, como sucedió a mediados de julio pasado, cuando era entrevistado por un medio local.
Cuando Jalit aprovechaba el micrófono para referirse a las obras de ampliación del hospital de esa ciudad, se escucha el grito de un vecino y le grito: “¡Arreglá las calles, viejo cu…!”. Acostumbrado a las frases desafortunadas, aunque está no vino de su boca, Jalit volvió a aparecer en el dial de los medios.
Sucede que el video del reportaje se viralizó de inmediato en las redes sociales, como en el año 2019, cuando habló en la apertura de sesiones del Concejo Deliberante de ese municipio. “Hasta para robar hay que ser inteligente y yo me considero un tipo inteligente”, dijo en dicha ocasión, sin disculparse para nada de ese concepto.
Hasta ese año, Jalit pensaba que todavía tenía espalda política para decir eso y mucho más. Y no era para menos, pues desde 2003 había iniciado una carrera que ya llevaba cuatro períodos como intendente, hegemonía que se derrumbó precisamente en 2019.
Ese año, Jalit perdió las elecciones y debió mudarse de la intendencia, a la cual volvió en 2023, de la mano de un frente electoral que tenía como jefe político al actual gobernador de la provincia, quien le abrió nuevamente las puertas a Jalit, quien demostró así tener la capacidad de acomodarse con el mandamás de turno del Gran Bourg.
La batería de delitos contra Jalit
Pero, así como muchos otros intendentes de fuerte fuste y peso político en el interior de la provincia les llega su “San Martín”, Jalit no es la excepción. Y no por un mero capricho de la justicia, sino por una cuestión de causa y efecto, éste último siempre es ajeno.
Investigado por años por cientos de desmanejos, finalmente Jalit, quien paso de ser empleado de una estación de servicio a disponer de los fondos millonarios del municipio, irá a juicio por una multiplicidad de causas vinculadas a manejos fraudulentos dentro del estado municipal.
No irá solo, pues lo acompañan ocho cómplices, entre ellos su cuñado, un sobrino, el extesorero municipal, dos prestanombres y responsables de firmas implicadas en los desmanejos. Los jueces de la Sala I del Tribunal de Juicio de Orán hicieron conocer a las partes las fechas previstas para la audiencia debate.
La apertura del debate está fijada para el próximo miércoles, instancias en la que los jueces nombrarán a Julio Antonio Jalit, actual intendente del municipio de Pichanal, como presunto autor de los delitos de estafa por fraude a la administración pública por administración fraudulenta en concurso ideal con negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas; peculado de servicios; utilización, transporte de residuos peligrosos y domiciliarios que envenenare, adulterare o contaminare de un modo peligroso para la salud, el agua, la atmósfera y el suelo o el ambiente en general; fraude a la administración pública por administración fraudulenta, omisión maliciosa de presentar y por falsear datos en las declaraciones juradas patrimoniales y enriquecimiento ilícito en concurso real.
Sus amigos, Sergio Daniel Castillo Jalit; Sergio Castillo; Leonardo Darío Macaron; Lilia Amanda Klarmann; Luis Enrique Juárez; Renzo Reinaldo Ruiz, están acusados también del delito de estafa por fraude a la administración pública por administración fraudulenta en grado de participes necesarios, y Ricardo Enrique Murua lo fue en calidad de coautor. Cesar Gómez, en tanto, debe responder en calidad de partícipe necesario del delito de peculado de servicios y estafa por fraude a la administración pública por administración fraudulenta e infiel.
Jalit estaba imputado desde 2019 por supuesto enriquecimiento ilícito, mientras que, en agosto de 2020, la fiscal Mónica Viazzi sumó cargos en su contra por multiplicidad de denuncias que tuvieron que ver con el manejo de millonarios fondos públicos. El tribunal estará integrado por los jueces Aldo Primucci (presidente), Norma Roxana Palomo y María Laura Toledo Zamora (vocales).
Por el Ministerio Público intervendrá el fiscal penal especializado en delitos económicos y complejos Carlos Salinas. La defensa de los imputados estará a cargo de Hernán Cuneo, Mauro Murua, Joaquín Velez, Ramiro Martín Acosta y Juan Pablo Lemir.
La carrera delictiva del intendente
Según la acusación, solo en cuatro ejercicios de 2014 a 2019, Jalit distrajo más de $23 millones de las cuentas del municipio con 1.394 cheques irregulares. Por otra parte, determinaciones posteriores revelaron que desde 2003 el patrimonio de Jalit se multiplicó al punto de que solo sus bienes hasta 2019 (propiedades, fincas, maquinarias, implementos agrícolas, vehículos y cabezas vacunas) se estimaban en cientos de millones.
Para la fiscalía, también hubo negociaciones incompatibles porque autorizó la salida de fondos y emitió órdenes de pago, cheques y otros créditos a favor de supuestos contratistas.
En base a la documentación recabada de entidades bancarias, juzgados de Minas y otras fuentes de la investigación, la fiscal entendió que Jalit incurrió en el delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, ya que autorizó la salida de fondos, órdenes de pago y cheques y otros, que representaban a los intereses de empresas co-contratantes (Cejota- farmacia Rivadavia- Astillero srl, sociedad de hecho Jalit-Castillo), y no a la entidad pública estatal que representaba.
Asimismo, estaría comprobado que Jalit compraba combustible a la empresa Astillero SRL para sus fincas privadas y era proveedora del Municipio. Jalit y Murúa, con la participación de Renzo Ruiz, firmaban las órdenes de pago y cheques destinados a Macaron–Klarmann.
Además, se habría constatado que las farmacias Rivadavia y Cejota SRL, pertenecen a la sociedad de hecho Jalit -Castillo Sergio y que recibieron pagos cuantiosos con títulos de crédito con fondos del Municipio. Hasta hoy, se contabiliza que se libraron 108 cheques a favor de Cejota SRL y 68 a favor de Farmacia Rivadavia. En este caso, Sergio Castillo y Sergio Castillo Jalit (padre e hijo) percibieron o negociaron títulos de crédito con fondos municipales y se apropiaron de ellos; el primero por ser socio y el segundo, por ser apoderado de ambos.
Declaraciones «truchas»
Por otra parte, Jalit está acusado de haber incurrido en el delito de omisión maliciosa de presentar y por falsear u omitir insertar datos en la declaración jurada patrimonial porque incumplió en debida forma al presentar las declaraciones juradas ante la Escribanía General de Gobierno y cuando lo hizo, las falseó.
Se encontraron diferencias notorias entre las del 2014, 2015 y 2017 y 2019 al cotejarlas con el informe de UNAC, que se sirve de base de datos del R.N.P.A. y confirmaron diferencias entre vehículos, inmuebles y otros bienes declarados y reales.
Entre las numerosas acusaciones, también se encuentra la falta de rendiciones de gastos del Fondo Federal Solidario, a través del “Plan Más Cerca”; del Plan Alimentario Nutricional Provincial y del Programa de Asistencia Financiera a Provincias y Municipios.
Contaminación ambiental
Con respecto del delito de contaminación ambiental imputado a Jalit, la fiscalía considera que se probó que el exfuncionario ejerció acciones claramente abusivas de su poder de intendente municipal, se introdujo invadiéndola en propiedad privada ajena y luego mandó a proceder al vertido y vaciado de la totalidad de la recolección de residuos domiciliarios, patógenos y líquidos cloacales en un sector cercano río San Francisco. Además de provocar la contaminación del suelo, aire, agua, atmósfera y en general el ambiente de un modo peligroso para la salud, puso en peligro a personas que realizan cirujeo y animales, de los cuales algunos son de consumo humano.
Es que por decisión de Jalit, se ocuparon dos inmuebles, donde se vertieron líquidos cloacales previa apertura de canales desagüe, que formaron una laguna y se originaron dos basurales. Tal acción fue demandada y tramitada en la justicia civil, que condenó al Municipio a pagar al propietario de un terreno, la suma de $ 3.500.000, al determinar que hubo negligencia del jefe comunal en las acciones realizadas sobre una fracción de 100 has correspondiente a uno de los inmuebles. La suma total de la condena no fue cancelada, lo que significó el embargo de la Coparticipación Federal Impositiva del Municipio.
