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Policiales

Testigo involucró a un juez, funcionarios y abogados en los negociados para favorecer a presos

Un empresario -alojado en el penal de Villa Las Rosas en 2022- dijo que pagó 50 mil pesos para pasar a un pabellón seguro. Y por más beneficios, debía entregar 10 mil dólares y un vehículo. Implicó a un juez, funcionarios y abogados.

Justicia de Salta

En otro día agitado, en el juicio que se le sigue a ocho funcionarios del Servicio Penitenciario de la Provincia y otros doce imputados, entre presos y familiares, ayer los jueces que llevan adelante el debate quedaron anonadados con las explosivas declaraciones dadas por un recluso, víctima de la trama de pedidos de coima y otros negociados que imperaban en el penal de Villa las Rosas.

El testigo, un empresario maderero, contó que fue detenido en septiembre del 2022 y que en noviembre de ese año paso de la Alcaidía Judicial a la cárcel de Villa las Rosas, donde comenzó a vivir un infierno, del cual aún no se cree libre, pues aseguró que su vida corre mucho peligro por lo que iba a decir.

Para darle mayor sensación de seguridad, el tribunal, integrado por los jueces Federico Diez, Paola Marocco y Javier Araníbar, accedió a desalojar de la sala a los 20 imputados, tras lo cual recién ingresó al recinto, en el subsuelo de la ciudad judicial, el testigo.

Con la voz temblorosa, la que transmitía nítidamente el miedo que lo consumía, el testigo, un empresario maderero, comenzó su relato con una exigencia. Pidió que, al terminar su declaración, no lo regresen a la unidad carcelaria donde se halla alojado, pues estaba seguro de que iba a ser blanco de represalias por lo que iba a decir.

«Tuve que pagar»: una confesión sin vueltas

Ante ello, el presidente del tribunal lo calmó y le dijo que iban a hacer todo para trasladarlo a un lugar de encierro más seguro. Tras cartón, cumplió con su parte, pues hizo revelaciones que sacudieron el letargo en el que parecía haber caído la decimosexta audiencia de juicio.

Sostuvo que, cuando llego lo mandaron al Pabellón I, de ingresantes, aunque luego “tuve que pagar para poder ir a un pabellón donde no se me pegara ni me abusara”, asunto que logró a través del alcaide Bisceglia, principal acusado en el juicio.

Relató que, al llegar, ya lo tenían estudiado, pues conocían su pasar económico y, por eso, Bisceglia no tardó en arrimársele. Dijo que el funcionario no anduvo con vueltas y le aseguró, a modo de respaldo de sus promesas de resguardo e incluso de calificaciones de progresividad dentro del penal, que por detrás suyo estaba un juez de Ejecución, otro ex funcionario, y personal correccional.

Aseguró que, para evitar el Pabellón E, sesiones dos y tres, donde había fama de abusos y peleas, le pidieron la suma de 50 mil pesos, la que tuvo que pagar a través de su hermano. “Yo lo hable a mi hermano y él le pagó a Bisceglia los 50 mil pesos. Ellos querían plata en mano. Mi hermano los pagó en la confitería de El Tipal, camino a San Lorenzo».

Así, logró que, en un mes, lo pasaran al Pabellón E, primera sección, donde reinaba mayor seguridad y paz. Una vez que los acusados hicieron caja, fueron por más y le ofrecieron un camino de progresividad, con el otorgamiento de buenos informes y una calificación 6 de conducta, número necesario para poder ser tenido en cuenta.

A cambio, y mediante los oficios de un abogado del foro local, el testigo sostuvo que le exigieron el pago de una suma de 10 mil dólares. Si los pagaba, entonces lo iban a beneficiar primero con la semilibertad, luego la prisión domiciliaria y finalmente la libertad condicional. Toda esta cadena de privilegios, le llegaría o estaría garantizada con otro pago más.

Esta vez, se trataba de una camioneta 4×4 que tenía, la que reclamaron a cambio de los beneficios. Sostuvo que el ofrecimiento le llegó por un abogado, quien le aseguró que tenía como respaldo, nada menos que a un juez de Ejecución, un ex funcionario del gobierno provincial y a personal de Servicio Penitenciario, quienes operaban para ellos.

Dado que su empresa ya estaba en quiebra por maniobras de vaciamiento que habría llevado adelante su ex mujer, quien luego se habría ido con quien fuera su abogado, por lo que se negó a pagar más dinero y lo único a lo que accedió, fue la entrega de vales que los acusados canjeaban en la empresa del interno.

A su vez, planteó que, al consultar cómo sería posible tal ofrecimiento, dado que ya le habían informado que su puntaje no le alcanzaba para obtener dicho beneficio, los implicados le respondieron que no debía preocuparse, ya que trabajaban con un magistrado que manejaba el Correccional.

Amenazado

Sobre el tema, explicó que su negativa a pagar ocasionó que fuera amenazado en distintas oportunidades y llegó a sufrir un ACV y un cuadro de herpes, producto de los nervios. También contó que acudió al psiquiatra del Poder Judicial, una psicóloga del penal y al exdirector Gutiérrez de la UC1 en búsqueda de ayuda. Expresó que les contó sobre los pedidos de dinero y las amenazas, pero que no le creyeron.

También contó que había solicitado en distintas oportunidades salir del penal para radicar denuncia y que hasta el que era su abogado le aconsejó que no denunciara a nadie porque “el juez era pesado y tenía vínculos con la hinchada de un club y se iba a hacer matar afuera”.

Precisó que sabía por un encargado de pabellón que “Muñeco”, “Oveja”y Ángel (funcionarios jerárquicos del penal) se hacían llamar los “Danger Boys”y que se juntaban una vez al mes en un catamarán y allí decidían a quiénes le otorgarían los beneficios.

En relación con el ingreso de elementos prohibidos al penal, afirmó haber visto cuando un celador entregaba un paquete —que contenía un teléfono celular— a un interno a través de las rejas. Aclaró que esto fue previo a la instalación de la cámara domo. También dijo que, si bien nunca vio que entregaran drogas, todos sabían que un celador, a quien identificó como Mielcita, era “transa”.

Agregó que otro interno se jactaba de pedir deliverys: pizzas, sandwichs y licor y que le había manifestado que dentro de las cajas de pizzas había marihuana y hojas de coca. Precisó que, según el otro interno, esto no sucedió una sola vez.

Al finalizar la declaración, el Tribunal dispuso que el interno fuera trasladado a un lugar seguro bajo custodia. Asimismo, considerando que sus dichos podrían involucrar la comisión de delitos de acción pública, ordenó extraer copia de la declaración y remitirla a la Fiscalía de turno para que evalúe si corresponde iniciar una investigación.