SALTA – El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, se refirió a la suspensión de las Pensiones No Contributivas por Invalidez. Y otros beneficios a personas con discapacidad que fueron interrumpidos por decisión del Estado Nacional y la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).
A través de sus redes sociales, el mandatario provincial aseguró que en la provincia “no se permitirá que se vulneren los derechos de las personas con discapacidad” y anunció medidas legales para frenar la situación.
“En Salta no vamos a permitir que se vulneren los derechos de las personas con discapacidad. Instruí al Fiscal de Estado de la Provincia a presentar una acción de amparo. Para que se restablezca de inmediato el pago de las Pensiones No Contributivas por Invalidez. Y demás beneficios suspendidos de manera ilegítima por el Estado Nacional y la ANDIS”, señaló Sáenz.
En la presentación judicial, se solicita también la devolución de los importes que fueron indebidamente retenidos. El aseguramiento de la continuidad de las prestaciones. Y la garantía de respeto a la dignidad de quienes dependen de este tipo de asistencia.
“No pueden pagar justos por pecadores”, expresó el gobernador, en referencia a los recortes que afectan a beneficiarios genuinos bajo el argumento de posibles irregularidades en la entrega de pensiones.
Gustavo Sáenz remarcó además la necesidad de llevar adelante auditorías “serias y transparentes” para determinar si hubo beneficios otorgados de forma ilegal. En ese caso, sostuvo que los responsables deberán afrontar las consecuencias: “Que sobre ellos recaiga todo el peso de la ley”, advirtió.
Gustavo Sáenz se le planta a Nación
La postura del mandatario salteño marca un fuerte contrapunto con la política del Gobierno nacional en materia de pensiones y beneficios sociales, que en los últimos meses quedaron en el centro de la polémica por miles de suspensiones y bajas en todo el país.
“Mi compromiso es estar siempre al lado de quienes más lo necesitan”, finalizó Sáenz, reafirmando su decisión de avanzar con acciones judiciales en defensa de los sectores más vulnerables. Con este planteo, Salta se suma a las provincias que buscan frenar en la Justicia las medidas dispuestas por la ANDIS y el Poder Ejecutivo nacional.
