Con la sola excepción del libertario Roque Cornejo, la Cámara de Diputados de Salta declaró su preocupación por las medidas instadas desde el Poder Ejecutivo Nacional y la Justicia Federal ante los hechos de público y notorio conocimiento relacionados a la labor periodística. Todo, en el marco de la investigación por posibles hechos de corrupción que rozan a Karina Milei.
Los Diputados rechazaron cualquier acción de amedrentamiento a quienes ejercen el periodismo con medidas que podrían lesionar la libertad de expresión, contraviniendo disposiciones constitucionales y tratados internacionales vigentes. Se trata de la decisión del juez federal Marianello que prohibió la difusión de audios de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, vinculados a las presuntas coimas en la Administración Nacional de la Discapacidad.
Los diputados Soledad Farfán, Gloria Seco, Laura Cartuccia, Germán Rallé y Daniel Segura, autores de la iniciativa, expresaron su rechazo y profunda preocupación por esta decisión de la Justicia Federal, considerando que la medida promovida por el Gobierno Nacional, constituye un grave acto de persecución, vulneración de derechos y censura, que limita de modo ilegítimo las libertades de expresión y de prensa.
En este marco, los diputados señalaron que la medida también vulnera el derecho constitucional de la ciudadanía a informarse y conocer hechos de relevancia pública, dado que se trata de temas de interés general. Además, cuestionaron que la Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara de Diputados de la Nación no haya actuado oficialmente para abordar esta situación, subrayando la importancia de contar con un posicionamiento al respecto.
Los Diputados de Salta se refirieron a la libertad de expresión
Por su parte, el diputado Roque Cornejo expresó su rechazo al proyecto, subrayando el rol de la Justicia Federal y la constitucionalidad del fallo, planteando que se trata de una violación a la privacidad institucional y no de un caso de libertad de expresión. Los diputados Luis Albeza, Mónica Juárez, Adrián Valenzuela y Luis Mendaña enfatizaron que esta acción del Gobierno Nacional afecta de manera significativa el ejercicio de la libertad de prensa en nuestro país, entendida como un derecho colectivo y pilar esencial del sistema democrático y republicano.
Así también, coincidieron en que la medida no solo desconoce principios constitucionales, representando un serio retroceso, sino que genera un grave antecedente que amenaza la plena vigencia de este derecho fundamental.
