SALTA – Sólo en el 2024, el volumen de dinero que hizo el ex diputado olmedista Luis Gerónimo Cisnero en la frontera con su socio prófugo superó los 1418 millones de pesos. Ahora, sin embargo, pasa sus días detenido y no puede ni tomarse ni una Coca Cola.
El sábado pasado, al otro día de ser imputado por contrabando agravado y asociación ilícita, el ex diputado provincial Luis Gerónimo Cisnero recibió a su abogado defensor en el Escuadrón de Tartagal, de Gendarmería Nacional, quien iba con un pedido que le había hecho su cliente.
El exlegislador, que llegó a la Cámara de Diputados de Salta en 2019, de la mano de su colega empresario Alfredo Olmedo, le había encargado a su defensor que le lleve una “Coca y unas medialunas”. Las facturas pasaron, pero la gaseosa se quedó en la guardia, púes los detenidos no pueden recibir botellas cerradas.
Más tiempo en la cárcel que legislando
En muchos años, incluso desde que se convirtió en diputado, Cisnero no tuvo privaciones como esta. Ahora, las sufre. Y por el tenor de la imputación penal que recibió, se estima que sus días tras las rejas no serán cortos, sino que durarán más que el mandato que ejerció como legislador. La escala penal por los delitos que le adjudican tiene una pena de hasta 15 años de cárcel.
Sobre Pablo Arequipa
Su socio, Pablo Arequipa, en cambio, fue un poco más inteligente, o bien,pagó más por información confidencial. Su exsocio logró huir de Tartagal una hora antes de que varios móviles de Gendarmería Nacional cayeran a detenerlo.
Cuando los gendarmes irrumpieron en su casa, no hallaron a nadie, pero el aire acondicionado estaba encendido, la mesa puesta y la comida aún tibia, lo que dio la pauta de que la fuga fue imprevista. Había algunas prendas de vestir por el piso y faltaban algunos bolsos.
En su pieza, en tanto, hallaron el colchón de la cama matrimonial dado vuelta y todo tajeado. La escena era más que evidente: Arequipa se fue rápido, pero no olvidó llevarse su botín, el que guardaba en el colchón. Luego, se pudo saber que el socio de Cisnero había cruzado la frontera hacia Paraguay, donde estaría refugiado.
Los que también cayeron
Los que no fueron tan ágiles, en cambio, terminaron privados de la libertad, como el ex diputado, Alejandro Fernando Pedraza, Jean Denis y Leandro Nahuel Toledo, Jorge Gabriel Arenas y Willans Ygnacio Dorado, quienes fueron acusados de ser integrantes de una asociación ilícita que amasó una fortuna a costa del contrabando de granos.
Todos fueron imputados por la fiscal federal Lucía Orsetti, quien los investigaba desde agosto del año pasado, cuando directivos de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero y la Dirección General de Aduanas (ARCA y DGI) denunciaron a Cisnero y Arequipa, los jefes de esta organización delictiva.
La joven representante del Ministerio Público Fiscal que, desde su llegada no está dejando títere sin cabeza, los presentó ante la jueza federal de Garantías de Tartagal, Ivana Hernández como autores de una de las peores actividades ilegales que cometen en la frontera, como es el caso del contrabando, pero no de drogas, sino de granos, principalmente de soja y maíz.
En la audiencia ante la jueza, la fiscal pidió la prisión preventiva de Cisnero, Pedraza, Dorado y los hermanos Toledo. La magistrada la dio por hecho, con excepción de Arenas, a quien decidió beneficiarlo con la libertad sujeta al cumplimiento de medidas restrictivas.
Empresas de pantalla
La fiscalía postuló en contra de los acusados el ejercicio de maniobras ilícitas vinculadas al contrabando de granos a gran escala, a través de la frontera norte, entre Salvador Mazza y Pocitos boliviano. Se trata de una actividad ilegal de la cual no descarta incluso la posible comisión de lavado de activos.
Apuntó contra Arequipa y Cisnero como los jefes de la banda, a través de sus respectivas empresas SERGESA SRL, Spray and Seeds Agroservice S.A.S, del empresario prófugo, y LU.MA.CIS SRL, del ex diputado. En un escalón más bajo, en tanto, aparece Pedraza, aunque no fungible. Su tarea, en calidad de gestor, coordinador y hasta representante oficial de las empresas, era crucial para los fines ilícitos de la organización ilícita.
Para la fiscalía, los imputados trasladaban grandes volúmenes de mercadería hacia la frontera, en particular soja, trigo y maíz. Para ello, se valían de cartas de portes emitidas por titulares apócrifos a nombre de Arequipa o de la empresa de Cisnero. Así, burlaban el debido control aduanero y pasaban la mercancía a Bolivia de manera ilegal.
Cómo operaban
En una primera posta, se coordinaba la documentación de transporte suficiente para iniciar el transporte, la que era modificada en el control ubicado en la localidad de Aguaray, gracias a los oficios de Pedraza, entre otros implicados.
Se cambiaba el destino de la carga, redireccionándolas a los depósitos Klum y Exeni, también el destinatario y empresa transportista. Asimismo, cambiaban el dominio del camión que realizaba el traslado por el dominio de un vehículo de menor porte -auto o camioneta-. El fin era liberar ese transporte de la mercadería transportada.
Llamó la atención que la mayoría de los emisores de las cartas de porte usadas por los acusados. Se trataba de personas de escasos recursos, carentes de capacidad operativa, económica y financiera para desarrollar las actividades declaradas.
Por ello, se presume que eran dados de alta al solo efectos de emitir documentación respaldatoria para el traslado de granos a lo largo y ancho del país -facturas, remitos y cartas de porte-. Eran utilizados para que, luego de que la mercadería arribara a la zona de frontera, en la plataforma de ARCA, figure como un transporte de mercadería efectuado bajo la modalidad planta a planta a fin de evadir las cargas tributarias pertinentes y evitar la trazabilidad de la mercadería, lo que facilitaba luego su contrabando a Bolivia.
Datos de ARCA
De la base de datos de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA – DGI), surge que, entre junio del 2022 y enero del 2024, Arequipa figura como destinatario de un total de 15.599.962 kilogramos de granos. Su destino informado era la firma LU.MA.CIS. SRL, del ex diputado.
Arequipa se encargaba de la compra del cereal de origen marginal. Luego, Pedraza gestionaba el cambio de las cartas de porte para que la mercadería que arribara a Salvador Mazza. Pero ya no a nombre de sus empresas ni de LU.MA.CIS. SRL.
Los cambios se hacían para redireccionar las cargas a los depósitos comerciales de Klum o Exeni, sobre los cuales, en definitiva, también tenían dominio. Esto, según reveló, también fue advertido por la directora de Aduanas en una ampliación de denuncia del 30 de septiembre del año pasado.
Para ello, el rol de Pedraza era clave. Hacía de secretario y encargado de conseguir las cartas de porte, y de realizar los pagos de los impuestos provinciales y municipales de la mercadería que llegaba a nombre de Arequipa. Además, coordinaba la carga, descarga y su recupero, en caso de secuestros en sede judicial, o bien, de orden administrativo.
Miles de millones
Al hablar de las ganancias embolsada por los acusados, la fiscal explicó que, de las ventas facturadas por Arequipa, a través de sus empresas SPRAY AND SEEDS AGROSERVICE S.A.S, y SERGESA S.R.L, solamente durante el 2024, se pudo establecer un monto de $1.418.351.259,65.
Solo entre agosto y octubre del año pasado, a modo de ejemplo, la empresa SPRAY AND SEEDS AGROSERVICE SAS, habría emitido 71 comprobantes por un total de $29.913.426,87, en concepto de fraccionamiento, rotura y embolsado de granos, mientras que SERGESA libró 47 comprobantes, entre julio y octubre 2024, por un total de $16.479.035,38.
Cisnero, en tanto, no está muy lejos de este volumen de facturación, pues su empresa, LU.MA.CIS. SRL, emitió -entre mayo del 2023 y febrero del 2024- un total de 119 comprobantes por servicios de rotura de granos de maíz y soja, tareas prestadas a Arequipa por un monto de $44.990.220,00.
