SALTA – El presidente de la comisión de Tránsito del Concejo Deliberante, Gonzalo Nieva, en diálogo con El Intra, explicó los motivos por los cuales el convenio firmado entre el ejecutivo municipal y la Autoridad Metropolitana de Transporte (AMT) no fue ratificado en la sesión de este miércoles.
El costo de haber sumado las plataformas de transporte al sistema termina siendo muy alto para todos los salteños. La decisión unilateral de incluir las aplicaciones de transporte por medio de una ordenanza, no fue bien recibida por parte de la provincia. Es por eso que, al finalizar la prórroga del convenio vigente, decidieron no renovarlo, para darle un escarmiento al intendente Emiliano Durand. Esta situación lógicamente fue muy dura de afrontar, ya que se necesitan más inspectores, oficinas y recursos para llevar adelante la tarea de la AMT. A los pocos días, Durand tuvo que firmar nuevamente un convenio, pero esta vez con un alto costo.
Millones de pesos por una decisión
El concejal Gonzalo Nieva explica que en el convenio se incluye, en la cláusula cuarta el pago por cuenta y orden de los licenciatarios de la AMT desde el municipio, en concepto de tasa de fiscalización. “Se fija un valor de ochenta litros de gasoil común anuales por vehículo, por cada vehículo habilitado del parque automotor”, comentó.
Eso da una cifra importante, aproximadamente unos $380 millones. Por ella, el municipio tendría que hacerse cargo de esta obligación del pago de la tasa de fiscalización y control.
¿Por qué no fue ratificado aún?
El convenio volvió comisión básicamente porque también hay un proyecto en tratamiento de la Comisión de Tránsito. Allí, se busca dar una equiparación normativa en lo que son las modalidades de taxis y remises, con respecto a la modalidad de transporte a través de plataformas.
Se busca también una equiparación normativa. En cuanto a la antigüedad, también se busca establecer un mismo criterio para todos los vehículos de las diferentes modalidades.
Se da una situación donde la AMT estuvo intimando por la situación de antigüedad de los vehículos con la posible baja de las licencias. Eso generó que se presenten también en cierta medida referentes preocupados del sector. “Justamente para dar claridad en ese sentido. Si nosotros aprobábamos el convenio, le dábamos en cierta medida, luz verde a la AMT como para avanzar con las bajas de esas intimaciones” explicó Nieva.
El Ejecutivo no quiere hacerse cargo
El concejal relata los motivos que le dieron desde el municipio, para no hacerse cargo del control del transporte en la ciudad. La decisión final fue renovar un convenio que antes era gratuito y que hoy tiene una figura de servicio tercerizado.
“El argumento que sostiene el municipio es que al día de hoy no cuenta con la capacidad operativa como para absorber el control de lo que es taxis y remises”, dice Nieva. Y agrega: “Yo considero de que el uso real del ejercicio de la competencia tiene que ser dado de manera directa. O sea, a través del municipio”.
En este caso, lo está haciendo a través de una prestación de servicio, porque al fin de cuentas ahora al pagar por el control, justamente termina siendo eso, una prestación por un servicio. “En ese sentido también marca alguna deficiencia, por lo menos a mí entender en el convenio. Porque justamente al haber un pago por una prestación de servicio no se especifica una rendición de cuenta desde la AMT hacia el municipio”, concluyó.
Un poco de historia
El contexto de esta delegación se remonta a 2009, cuando el entonces intendente Miguel Isa tomó esta decisión tras denuncias sobre la concesión irregular de licencias. El abogado Carlos Humberto «Uluncha» Saravia denunció irregularidades que llevaron a la rescisión del convenio original, estableciendo que la AMT asumiría el control de las licencias para evitar futuros escándalos.
Desde entonces, las renovaciones del convenio han fluido sin inconvenientes a lo largo de distintas gestiones municipales. Sin embargo, la situación cambió en abril de 2025, cuando se sancionó la Ordenanza 16.377, que reguló el uso de plataformas digitales de transporte. Esta decisión llevó a la AMT a rescindir el convenio con la Municipalidad en julio de 2025, dejando el control del sistema de taxis y remises nuevamente en manos del Ejecutivo municipal.
Posteriormente, en agosto de 2025, la AMT y la Municipalidad firmaron un nuevo convenio que establece un régimen diferente, incluyendo una tasa de fiscalización que costará más de 380 millones de pesos anuales al municipio. Este nuevo acuerdo, que rige hasta diciembre de 2027, reafirma la delegación de facultades a la AMT y busca modernizar el sistema de transporte en la ciudad.
