SALTA = Con allanamientos de por medio, a su casa y las oficinas que ocupaba, el jefe de los fiscales de Jujuy, Sergio Enrique Lello Sánchez, se convirtió en la primera baja de un escándalo. Este mismo ya tiene en la cuerda floja a una jueza de la Corte, a un obispo y sacerdote.
La salida intempestiva de Sergio Lello Sánchez como Procurador General de la provincia de Jujuy, cargo al que llegó en 2015 de la mano del ex gobernador Gerardo Morales, se dio en medio de un escándalo que tiene en la mira a una jueza de la Corte y a dos referentes de la iglesia católica.
Aunque oficialmente la renuncia del procurador -formalizada este jueves- no fue vinculada con ese caso, fuentes judiciales aseguran que la dimisión de Lello Sánchez fue “daño colateral” del escándalo que salió a luz a raíz de un informe periodístico dado a conocer en el programa TLN Denuncia, de Canal 9.
La frutilla del postre de ese informe, que detalló una causa penal que tiene como acusado por el delito de abuso sexual al sacerdote Atilio Bruno, fueron chats mantenido entre el imputado, la jueza de la Corte de Justicia, Laura Lamas González y el obispo de esa provincia, César Fernández.
En esas conversaciones, los sacerdotes y la magistrada cruzaron mensajes en torno a maniobras que tenían como objetivo silenciar a la víctima de los abusos, a cambio de una suma de 10 mil dólares. Los chats fueron contundentes. Estos dejaron expuesto el grado de corrupción judicial y tráfico de influencias de los sectores de poder en Jujuy, como la justicia y la iglesia.
A contramarcha de lo que se esperaba, como mínimo la renuncia de la jueza, la maquinaria judicial dirigió su armamento a buscar cómo se filtraron esos chats. O bien, quien se los pasó al canal de TV nacional que escrachó a la jueza y los referentes de la iglesia.
Auditoría
Los reflectores fueron dirigidos al jefe de los fiscales, sobre quien ya había sospechas de supuestos armados de causas. En respuesta, Lello Sánchez mandó a hacer una auditoría y rápidamente dictaminó que los chats no salieron desde la fiscalía. Los chats, cabe señalar, surgieron de la pericia hecha a un teléfono celular del cura Bruno, de la localidad de Lozano. Este fue imputado y ahora se encuentra con arresto domiciliario.
La movida del jefe de los fiscales para limpiar sus vestidos. Sin embargo, no alcanzó. El jueves, no entre gallos y medianoche, sino a plena luz del día, el diputado provincial de Primero Jujuy Avanza, Facundo Figueroa Caballero, informó en una sesión sobre el pedido de juicio político contra el procurador y el adjunto, Ignacio Pasquini.
El planteo de jury había sido impulsado por Walter Rondón, Agustina Aramayo, Augusto Baiud, Carlos Ariel Gil Urquiola, Cristian Rivero y Rodrigo Fernández Ríos. Varios de ellos son ex funcionarios judiciales que, en su momento, fueron perseguidos por el ahora exprocurador.
El vicegobernador y presidente de la Legislatura, Alberto Bernis, envió el pedido a la Comisión Investigadora. Esta sugirió abrir el proceso de destitución y recomendó la suspensión del titular de la Procuración y de su segundo al mando. No sólo eso, sino que también arbitraron allanamiento en las oficinas de Lello Sánchez y en su casa.
Los procedimientos se realizaron con mucha presencia de la Infantería y otras dependencias de la Policía de Jujuy. Fueron las que invadieron las calles céntricas donde se encuentran las dependencias del Ministerio Público de la Acusación.
Cuando todo eso sucedía, el jefe de los fiscales y su adjuntó presentaron sus respectivas e indeclinables renuncia. Al respecto, ayer el gobernador Carlos Sadir sostuvo que “los funcionarios públicos, así como son designados, también pueden tomar la decisión de irse, de renunciar”.
Sadir
De esta manera, le bajó el tono al escándalo que, desde hace dos semanas tiene en shock a la comunidad jujeña. Para Sadir, la salida del titular del Ministerio Público de la Acusación es, más bien, un proceso técnico. “Se presentaron las renuncias que están ahora bajo consideración, vamos a esperar”, resaltó.
El pedido de juicio político fue acompañado de solicitudes de allanamiento en “las oficinas del Ministerio Publico de la Acusación y de los inmuebles que resulten vinculados a la investigación, ordenando el secuestro de los siguientes elementos: equipos informáticos (PC, notebooks, netbooks), discos rígidos, dispositivos de almacenamiento, servidores, teléfonos corporativos, documentación relativa a legajos personales de funcionarios y magistrados, registros de subastas, convenios y cualquier otro documento o soporte que pueda resultar de interés para la investigación”.
Al momento de allanar uno de domicilio, en un edificio sobre la calle Sarmiento, Lello Sánchez estaba en ese lugar. Se retiró y más tarde regresó, ya con ropa deportiva. “Soy un ciudadano común”, dijo y pidió a los funcionarios policiales ingresar a la que había sido su oficina, pero no se lo permitieron.
Según trascendidos, el ahora ex procurador fue blanco de numerosas y variadas denuncias, como ser por violencia de género, moobing laboral, persecución a dirigentes sociales y políticos. Por otra parte, corrió el rumor de que el ex jefe de los fiscales tenía documentación, con la cual pretendía denunciar a Sadir.
