SALTA – Como secuela de la detención del ex diputado Luis Gerónimo Cisnero, en el marco de una investigación por megacontrabando de granos, la fiscalía avanzó en Salvador Mazza con la recopilación de documentación contable vinculado al caso.
Tras la desarticulación de una importante asociación ilícita que era liderada por el ex diputado provincial Luis Gerónimo Cisnero y el empresario Pablo Arequipa, quien se encuentra prófugo, la fiscal federal Lucía Orsetti avanzó con una serie de diligencias probatorias.
En ese orden, la representante del Ministerio Público Fiscal solicitó la entrega de importante documentación administrativa y contable vinculada a una gran cantidad operaciones comerciales realizadas por los dos acusados, a través de sus empresas LUMACIS SRL y SERGESA SRL respectivamente.
Como ya se informó, Cisnero cayó detenido el 24 de septiembre pasado, cuando la fiscalía desplegó un amplio operativo con personal de Gendarmería Nacional, el que incluyó nueve allanamientos a las instalaciones de ambas empresas y las casas particulares del ex legislador y su socio, tanto en Salvador Mazza como en Tartagal.
La investigación del caso se inició en agosto del año pasado y se concentró en el transporte de camiones de granos que se hicieron a nombres de las firmas de ambos acusados, en todo el 2024 y lo que de este año. Dichas cargas estaban dirigidas a Salvador Mazza, sin embargo, cuando pasaban el control de Aguaray, un tercer implicado, Alejandro Pedraza, se encargaba de cambiar el destino.
Dado su conocimiento en las gestiones correspondientes, redirigía las cargas de granos a dos depósitos ubicados en la frontera, a metros de Bolivia. Los granos se descargaban de los camiones en las empresas de ambos acusados, se los embolsaba y volvían a salir rumbos a los depósitos de Klum y Exeni, pero en vehículos de menor porte y con destino a Bolivia.
En todo el 2024, Cinsero y Arequipa comercializaron más de un millón y medio de kilos de granos, en su mayoría soja y maíz, lo que le dejó ganancias por más de mil quinientos millones de pesos, dinero que se facturaba a través de las empresas del ex diputado olmedista y Arequipa.
De sorpresa
Tras la detención de Cisnero, Pedraza, tres camioneros y los encargados de los dos depósitos, la fiscalía formalizó la imputación contra todos ellos por el delito de contrabando de granos agravado por el número de intervinientes el monto elevado de las operaciones, en concurso real con asociación ilícita.
Cumplida la acusación, y como era de esperar, la fiscalía aceleró y salió en busca de la documentación contable y administrativa de los innumerables viajes realizados por ambas empresas, algo que la fiscal ya había requerido en buenos términos de las oficinas municipales y Rentas, siendo el principal interés todos los pagos realizados al municipio, en concepto de impuestos o tasas, entre ellas la del “Bove”, equivalente al pago de un 2 % de la carga.
Los allanamientos no surgieron como una medida acelerada. Se pudo saber que, desde la fiscalía, se solicitaron los registros de los transportes de granos a las oficinas municipales, el puesto de pago de la tasa del “Bove” y la sede de Rentas.
Al parecer, los funcionarios municipales no se tomaron muy en serio el pedido de la fiscalía, razón por la cual la fiscal fue más allá y pidió el allanamiento de las oficinas, diligencia que no fue bien recibida por las autoridades municipales, quienes salieron a tratar de ponerle paños fríos a las medidas probatorias.
En su contacto con medios locales, los funcionarios se mostraron extrañados por la aparición de personal de Gendarmería Nacional y del ARCA, enviados para hacerse de todos los documentos vinculados a las dos empresas de Cisnero y Arequipa y sus empresas.
El allanamiento demoró casi todo el día, pues los registros de la tasa del “Bove” habían sido enviados a las oficinas municipales, donde no hay mecanismos de digitalización y un ordenamiento poco eficiente, lo que obligó a realizar una tarea minuciosa y, por ende, más lerda.
Cumplido este paso, se espera ahora que la fiscalía avance con el análisis de dichos documentos para poder establecer la cantidad de maniobras ilícitas que los acusados realizaron, con el correspondiente perjuicio económico ocasionado al Estado.
