SALTA – (Por Diego Nofal) La justicia salteña enfrenta una prueba de fuego ante la ciudadanía: el diputado nacional Carlos Zapata ingresó una denuncia crucial. La presentó en la Fiscalía de Ciberdelitos de Sofía Cornejo Solá. Su reclamo aborda una noticia falsa de grave alcance electoral. Esta fake news circula activamente en una plataforma digital masiva.
La falsedad informativa trasciende el mero engaño común. Posee un diseño meticuloso para desorientar al cuerpo electoral. Su implementación busca nublar el discernimiento de los votantes. El objetivo final parece ser alterar los comicios del 26 de octubre. Atacar las elecciones significa vulnerar la esencia democrática. La situación exige una intervención judicial inmediata y contundente.
Existe un antecedente relevante que establece un parámetro esperable. La fiscal Cornejo Solá firmó una insólita imputación de “Intimidación pública” contra un diputado nacional y el director de este medio de comunicación por publicaciones en redes sociales, ¡qué ni siquiera les pertenecían! Dicho proceso judicial demostró una celeridad encomiable en los tribunales. Avanzó con una velocidad poco habitual en el sistema judicial local y abriendo la feria judicial de enero.
A diferencia de aquel descabellado proceso, la denuncia actual presenta características que son certeras y realmente alarmantes. Compromete directamente la pureza del sistema electoral nacional. Su potencial lesivo supera al caso anterior notoriamente. Por simple coherencia jurídica, merecería idéntica premura operativa. La sociedad observa si existe ecuanimidad en la aplicación de la ley o si predomina un criterio selectivo frente a ciertos denunciantes.
El contraste con actuaciones anteriores genera inquietantes interrogantes. Cuando la denuncia provino de sus padrinos políticos, la reacción fue inmediata. Se activaron pericias complejas y allanamientos espectaculares. Se realizaron incluso en pleno período de receso judicial. La dedicación de recursos fue amplia y notablemente visible. ¿Para qué sirvió este show judicial? Para perder la causa del diputado en la Justicia Federal y sobreseer al director de El Intra luego de una fenomenal campaña de desprestigio. Aún desconocemos cuál fue el motivo de la imputación, solo el papelón final.
La Justicia de Salta, en general, y la Fiscalía de Ciberdelitos, en particular, cargan con una percepción ciudadana problemática. Gran parte de la población la visualiza con un sesgo político evidente. Esta imagen se afianza con tratamientos diferenciales en casos similares. La experiencia previa del diputado Zapata ejemplifica esta disparidad. Su caso anterior resulta ilustrativo de las asimetrías procesales de la Justicia salteña.
Carlos Zapata, de denunciante a denunciado
Durante la emergencia sanitaria, descubrió una irregularidad flagrante, ya que la Secretaría de Prensa oficial financiaba un programa radial inexistente de Mario Ernesto Peña. Victor Lamberto estaba a cargo de la Secretaría de Prensa durante ese período y asignaba pauta oficial a un contenido fantasmal de manera constante. La asignación persistió de manera inexplicable por doce meses.
La reacción del funcionario fue tan creativa como insólita. En lugar de explicar el destino de esos fondos públicos, contraatacó e inició una acción legal contra el diputado por denuncia falsa. La situación generó un grotesco proceso judicial prolongado. La justicia, eventualmente, reconoció la veracidad de la denuncia inicial. Zapata fue sobreseído, y Lamberto fue imputado por falsificación de documentos públicos.
La investigación sobre el desvío de fondos tuvo un final abrupto. El sistema judicial mostró una desidia inexplicable en este aspecto. Archivó el expediente en marzo sin mayores fundamentos. La impunidad respecto al uso de publicidad oficial quedó consolidada. Y la falsificación de un instrumento público de un funcionario también. La señal enviada a la ciudadanía fue profundamente desalentadora.
Actualmente el diputado insiste en su confianza hacia el sistema. Su nueva denuncia representa un desafío de transparencia institucional. Coloca a la fiscal Cornejo Solá en una encrucijada profesional ineludible. Su respuesta definirá la credibilidad de una institución clave. Y la de ella sindicada en los off de récord como empleada de Sáenz. Los salteños esperan un desempeño imparcial y riguroso.
El contexto electoral agrega una presión adicional sobre la fiscalía. Cada movimiento será analizado con lupa por la opinión pública. La velocidad de respuesta constituirá un mensaje en sí mismo. La sociedad salteña merece superar esta cultura de la doble vara. Ojalá esta ocasión marque un punto de inflexión positivo. La democracia necesita hechos concretos, no meras declaraciones. Y Zapata haga público cada movimiento de la fiscalía y del juez de garantía.
La verdad debe contarse entera, siempre. Para aportar información, puteadas y amenazas diegonofal@gmail.com
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