SALTA – En una intensa jornada por el caso María Cash, el fiscal general Eduardo Villalba fundamentó su pedido y también solicitó que la causa pase a otro juzgado, pero con la misma jueza que sobreseyó al camionero. La querella, en cambio, pidió otro juez.
cComo se esperaba, la sala de la planta baja de la Cámara Federal de Apelaciones fue escenario de una importante audiencia en el marco de la causa que, desde hace 14 años, busca esclarecer qué sucedió con la diseñadora María Cash, cuyo último rastro se detectó en esta provincia, el 8 de julio de 2011.
Con un nutrido público, entre las partes, operadores judiciales y periodistas, la Sala I de la Cámara Federal de Apelaciones, integrada por los jueces Santiago French, Ernesto Solá y Luis Rabbi Baldi Cabanillas, abrió la audiencia a las 9.30. Fue una oportunidad en la que la fiscalía, a cargo de Villalba, tomó la posta para fundar su pedido.
En representante del Ministerio Público Fiscal, acompañado de su equipo de auxiliares, esbozó su exposición de pie, enérgico y con expresiones sencillas, coloquiales, pero con un profundo sentido jurídico y sin dejar de lamentar la suerte de la joven bonaerense, quien había llegado a Salta, casi por accidente, pues había salido de Buenos Aires con la intención de dirigirse a Jujuy.
Como ese encuentro no se dio, al menos, con las expectativas que ella tenía, la joven, en su frustración, terminó en Salta. Allí, tampoco encontró rumbo, por lo que salió a la ruta 9/34, a la altura de la rotonda de Torzalito para iniciar el retorno. Pero, como ya no tenía dinero, tuvo que hacerlo a dedo. Fue así y allí donde la joven desapareció. Y el caso se convirtió en uno de los más misteriosos de la historia judicial de Salta y del país.
Romero, detenido
En noviembre del año pasado, sin embargo, la fiscalía avanzó con el caso y logró la detención de Héctor Romero, un camionero que la levantó en la ruta y la llevó hasta el paraje de la Difunta Correa, donde la joven descendió, sin que, desde ese momento, se pudiera saber más nada de ella.
Para detenerlo, y luego acusarlo por el homicidio con alevosía de Cash, el fiscal presentó varias pruebas de peso, entre ellas intervenciones telefónicas, en las que aparecieron chats y diálogos de familiares y su empleador, que daban a entender que ese viaje no fue tal como lo había relatado Romero.
El fiscal repasó en la audiencia las conversaciones comprometedoras, señaló las incongruencias en las que habría caído la jueza federal 2, Mariela Giménez, el 12 de mayo pasado, cuando decidió sorpresivamente sobreseer al camionero, cuando ella misma ordenó su detención por coincidir con la fiscalía que las pruebas reunidas eran suficientes para justificar esa medida.
Villalba resaltó este cambió de postura de la magistrada, quien, de un momento a otro, cambió de parecer, sin haber ingresado al expediente nuevas pruebas, por lo que sostuvo que la decisión de sobreseimiento se hizo sobre un análisis sesgado de las mismas pruebas presentadas para detener a Romero.
En función de ello, el fiscal remarcó las inconsistencias advertidas en el fallo de la magistrada y pidió que el sobreseimiento se declarado nulo, que Romero siga imputado, pero que la causa pase a otro juzgado, bajo la dirección de la misma Giménez.
La querella y la defensa
La querella, a cargo del Defensor Público de Víctimas, Nicolás Escandar, apoyó el planteo del fiscal, pero, se diferenció al solicitar que la jueza también sea separada de la causa, ya que, a su entender, la misma ya tiene una posición tomada y, en una nueva resolución del caso, no será imparcial.
El abogado Fernando Díaz, defensor del camionero, salió al cruce del pedido de la fiscalía e insistió en que su cliente fue víctima de una condena social, pero que no tiene nada que ver con lo que pudo haber pasado con Cash, de la cual se cuidó en adjetivar.
El letrado aseguró que el fallo de sobreseimiento dictado por la jueza hacia su defendido es acorde a derecho, ya que las pruebas aludidas por la fiscalía no tendrían el peso que se le intenta dar, por lo que resistió el pedido de nulidad y solicitó que se confirme el fallo que sobresee de culpa y cargo a Romero.
Tras escuchar a las partes, lo que demando más de dos horas, los jueces del tribunal anunciaron que, si bien el plazo procesal para expedirse es reducido, extenderán ese plazo, dado que la causa es bastante compleja y tiene más de diez cuerpos, aunque garantizaron que dictarán su resolución antes de fin de año.
