SALTA – Tras el escándalo por irregularidades en la rendición de fondos del Festival de los Artesanos, el año pasado, la jefa comunal Kukina Vargas fue denunciada ahora por la Auditoría General por otro faltante millonario de las arcas del municipio.
La nueva denuncia cosechada por la intendenta de San Carlos María del Carmen Vargas provino del presidente de la Auditoría General de la Provincia, Gustavo Ferraris, quien se tomó el tiempo para dar algunos detalles. Según informó, las irregularidades se detectaron tras comprobar que el municipio no presentó su rendición de cuentas y que se habrían detectado movimientos irregulares de dinero.
Al respecto, el ex juez de la Corte y ex ministro de Seguridad, bajo la gestión de Juan Carlos Romero, explicó que San Carlos es el único municipio salteño en falta, pese a los reiterados requerimientos formales, y advirtió que el caso podría derivar también en responsabilidades políticas.
“Se detectaron transferencias de dinero desde la cuenta del municipio hacia la cuenta particular del intendente. Es una situación grave y sospechosa que requiere una explicación inmediata. Frente a la falta de respuesta, tenemos la obligación institucional de denunciar”, afirmó.
Para no dejar dudas, remarcó que todos los municipios de la provincia están obligados a rendir cuentas de manera digital a través de la nueva plataforma implementada por el organismo, que permite acortar plazos y mejorar los controles.
“Hoy el sistema es online, rápido y eficaz. No hay excusas. San Carlos fue intimado en varias oportunidades y no cumplió. Nuestra función es garantizarle al contribuyente que su dinero se usa correctamente”, resaltó el funcionario.
Explicó que el requerimiento de rendir cuentas está previsto por la Constitución Provincial, y su incumplimiento puede derivar en denuncias penales y juicios políticos. “La obligación no es caprichosa ni burocrática. Surge de la Constitución y protege el manejo transparente de los recursos públicos”.
Ahora, todo quedó en manos del Ministerio Público Fiscal, el que deberá investigar los movimientos observados y determinar si existió delito. Desde la Auditoría, se consideró cumplido su deber institucional sin excepciones. “La sociedad exige transparencia, y nuestro deber es responder con hechos. La rendición de cuentas es la base de la confianza en las instituciones”, concluyó.
Desde la justicia federal
Aunque evitó referirse a detalles del supuesto desfalco, trascendió que la suma de dinero en danza que se le reclama a Vargas rondaría los 64 millones de pesos, mientras que habría otra suma parecida, por la cual también podría ser acusado su antecesor.
La denuncia tendría su origen en actuaciones remitidas desde la justicia federal, la que tomaron cuerpo a partir de un reporte de la Unidad de Información Financiera sobre la extracción de fondos públicos de cuentas bancarias de diversos de municipios de Catamarca, Tucumán y Salta.
Así se habría detectado un posible desvío por un monto de 39.485.000.000 pesos, dinero que podría haber sido destinado a campañas electorales, ya sea nacionales o provinciales, lo que motivo la intervención de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos, de la Procuración General de la Nación.
El 4 de noviembre del 2024, ese organismo recibió un informe de la UIF en torno a una cuenta bancaria de dicha comuna, de la cual se registró extracciones por sumas elevadas de dinero en efectivo, en el período comprendido entre julio del 2023 y marzo del 2024, sin la documentación que justifique dichas operaciones.
Tales extracciones fueron señaladas por la UIF como “sospechosas” por tratarse de un posible patrón de conducta delictual, en el marco de la Ley 25.246, de lavado de activos de origen delictivo. La investigación, sin embargo, habría sido girada a la provincia, en razón de que los fondos cuestionados serían de orden local.
