SALTA – La defraudación a las arcas públicas fue uno de los coletazos que recibió la provincia a partir de las elecciones legislativas nacionales de 2025. El municipio de Aguas Blancas, uno de los que más inmigrantes ilegales tiene, reveló un padrón irregular a partir de una investigación de la Justicia Federal, que arrojó un crecimiento de más del 74%, siendo que la región se fundó en mayo de 2015. Aproximadamente, son 2500 los registros ilegales.
Según un informe al que tuvo acceso El Tribuno, la fiscalía federal con competencia electoral en Salta, a cargo de Ricardo Toranzos, determinó que en Aguas Blancas hay más de 2000 inscripciones irregulares en el padrón electoral. En septiembre, el Ministerio Público Fiscal (MPF) señaló que 2500 electores fijaron domicilio en cuatro calles que desembocan en el río Bermejo, dato que encendió las alarmas y obligó a las autoridades a hacer un relevamiento domiciliario y aéreo, el cual detectó anomalías.
La fiscalía está investigando posibles documentos apócrifos o la gestión irregular de DNI argentinos para ciudadanos de Bolivia o residentes limítrofes que declararon domicilio en Aguas Blancas. El objetivo de estas personas sería votar para acceder a subsidios, por lo que la investigación podría traspasar al plano político.
Sin embargo, el fraude no es sólo electoral. El costo de los trámites administrativos falsos en organismos como el RENAPER golpea directamente al presupuesto. Además, el acceso irregular a beneficios sociales, como la Asignación Universal por Hijo (AUH) o programas alimentarios se suma al problema de base.
“Detectamos un circuito que no solo afecta al padrón electoral, sino también al sistema de prestaciones sociales. Personas no residentes, con DNI argentinos, podrían estar cobrando beneficios nacionales y provinciales. Eso constituye una defraudación al Estado”, declaró Toranzos el 2 de noviembre.
