SALTA – El Tribunal de Impugnación ordenó este viernes la detención inmediata de Ernesto Fernando «Kila» Gonza, exintendente de San Lorenzo. La decisión se tomó luego de que se ausentara a la audiencia en la que debía definirse su nueva pena por fraude y peculado de trabajos y servicios.
El Ministerio Público Fiscal, a través del fiscal penal de Impugnación 3, Ramiro Ramos Ossorio, participó este viernes 7 de noviembre en la audiencia convocada por el Tribunal de Impugnación, en el marco del proceso seguido contra Ernesto Fernando Gonza y Sergio Armando, exfuncionarios del municipio de San Lorenzo.
Durante la audiencia, el Tribunal debía fijar la nueva pena conforme a la sentencia confirmada por delitos de fraude en perjuicio de la administración pública y peculado de trabajos y servicios.
Debido a que Ernesto Fernando Gonza no compareció al llamado judicial, el fiscal interviniente solicitó su declaración de rebeldía y la adopción de medidas para asegurar su comparecencia. El juez Ezequiel Molinatti recogió el pedido y dispuso la inmediata detención del ex intendente. A su vez, ordenó remitir las actuaciones al tribunal de origen para la continuidad del trámite.
La causa tuvo origen en la sentencia dictada en diciembre de 2022, posteriormente revisada por el Tribunal de Impugnación tras un recurso presentado por la fiscal Ana Inés Salinas Odorisio. De esta forma, la fiscal sostuvo que los hechos investigados eran delitos consumados y no tentativos.
Sobre Sergio Armando
Por su parte, el exfuncionario Sergio Armando recibió una condena de tres años de prisión en ejecución condicional tras confirmarse su responsabilidad en los delitos atribuidos. Se lo condenó en calidad de autor del delito de fraude en perjuicio de la administración pública en grado de tentativa y partícipe necesario de peculado de trabajos y servicios.
En el caso de Armando, quien se desempeñó en la municipalidad durante la gestión de Gonza, el Tribunal dictó una pena de tres años de prisión de ejecución condicional. El recurso fue admitido, por lo que el Tribunal dispuso la fijación de una nueva pena conforme al marco legal correspondiente.
