SALTA – La querella lo quería preso por cinco años. La fiscalía, por cuatro. Pero los jueces le dieron tres y, con eso, le abrieron la puerta para que se vaya a casa. Eso sí, ordenaron que pague una suma de más de 23 millones de indemnización. Luego de dos años de un largo proceso judicial, el Tribunal de Juicio sentó en el banquillo de los acusados a Sergio López, el ex cajero de la Caja de Abogados de Salta, quien fue juzgado por el delito de administración fraudulenta.
El debate no se extendió demasiado, pues el caso estaba más que comprobado, al punto tal que el propio acusado, el viernes pasado, declaró y admitió haber anulado facturas y quedarse con los importes cobrados a los letrados. Se trató de una maniobra que ejecutó por una década, sin que nadie notará nada extraño.
Al respecto, explicó que su incursión delictiva fue por necesidad y que, en varias oportunidades, devolvió parte del dinero, algo poco creíble. Por último, señaló que aprovechó una falla del sistema que le permitía realizar estas maniobras sin control.
Recién en julio de 2023, personal del área contable detectó que López, quien tenía el rol de recaudar los pagos por los servicios prestados por la Caja de Abogados, procedió a la emisión y anulación de recibos generando un desvío de fondos.
Luego se estableció que el cajero, que había comenzó a trabajar en la Caja en 2005, habría ejecutado la maniobra fraudulenta entre enero de 2012 y junio de 2023 (periodo auditado), con lo cual el perjuicio económico fue millonario.
El Tribunal de Juicio estuvo integrado por los jueces los jueces Pablo Farah (presidente), Paola Marocco y Eduardo Sángari (vocales), mientras que por el Ministerio Público intervino la fiscal Ana Inés Salinas Odorisio. La querella, en tanto, estuvo a cargo del apoderado de la institución, el abogado Juan Casabella Dávalos.
Veredicto
En la jornada de ayer, luego de examinar las pruebas recolectadas durante la investigación fiscal, escuchar a los testigos, evaluar las pericias contables e informáticas y la confesión del propio imputado, el Tribunal de Juicio condenó a López a tres años de prisión de ejecución condicional.
La pena -de ejecución condicional- fue impuesta por considerar que el excajero fue autor material y penalmente responsable del delito de administración fraudulenta en modalidad de delito continuado. Asimismo, se hizo lugar de manera parcial a la demanda civil y condenó a López al pago de $23.700.000 a favor del actor civil, en concepto de indemnización, más intereses y costas.
También dispuso el decomiso del teléfono celular secuestrado en la causa y de la documentación asociada, y ordenó la devolución a la Caja de Abogados de la suma de $40.250, depositada en una cuenta bancaria a disposición del proceso, junto con la documentación resguardada en la UDEC.
El juicio se extendió por cinco audiencias, lapso en que declararon exdirectivos de la Caja de Abogados, asociados, contadores públicos encargados de las auditorías, y se presentaron las pericias contables e informáticas. Los testigos fueron interrogados por la Fiscalía, por las querellas -en representación de la Caja y de los afiliados- y por la defensa.
Tras dar a conocer el veredicto, la querella tildó el fallo de “Indulgente”. Sobre el caso, el querellante sostuvo que habían pedido cinco años de prisión en una cárcel, ya que se comprobó que el acusado defraudó a la Caja durante más de diez años.
Mecanismos
Lo hizo a través de tres mecanismos distintos. Uno de ellos fue las anulaciones de recibos, sustracción de cuotas de planes de pago y manipulación del sistema contable. “Fue un esquema de estafa sostenido en el tiempo, con graves falencias de control interno”, afirmó.
La defensa del imputado pidió que se redujera la condena alegando ‘culpa concurrente’ de las autoridades, por no haber detectado las irregularidades, lo que consideró “insólito” alegar que el delito se perpetró porque el empleador incurrió en fallas de control.
Aclaró que el perjuicio total estimado asciende a unos 15 millones de pesos en valores históricos, lo que equivale a unos 400 mil dólares actuales, señaló el abogado. “Estamos hablando de fondos públicos administrados privadamente. Este tipo de hechos no pueden quedar invisibilizados”, enfatizó.
Por último, la querella confirmó que esperarán los fundamentos del fallo para apelar la sentencia. “Coincidimos con la fiscalía en que correspondía una condena efectiva. No podemos aceptar que un fraude de diez años termine sin cárcel”, sostuvieron.
