SALTA – La contaminación en la finca Lomas de Olmedo —propiedad de la empresa President Petroleum, sin ningún vínculo con el dirigente Alfredo Olmedo— requiere entre 20 y 60 millones de dólares para ser saneada. La compañía, responsable del pozo que originó el conflicto, se declaró formalmente en quiebra en agosto pasado tras abandonar la operación, dejando a la provincia frente a una grave crisis ambiental.
En medio de esta emergencia ecológica, el ministro de Producción de Salta, Martín de los Ríos, respondió a las crecientes preocupaciones surgidas en torno a la situación en Pichanal y la finca Olmedo. Explicó que la provincia ha tomado distintas medidas legales y ambientales para enfrentar el problema, aunque la magnitud del daño representa un desafío sin precedentes.
“La provincia ha hecho intimaciones legales y ha iniciado acciones penales ambientales desde el día uno”, afirmó De los Ríos. “El problema es de altísimo costo. Se estima que podemos necesitar entre veinte y sesenta millones de dólares para resolverlo, una cantidad que la provincia no puede disponer de inmediato”. Esta limitación económica condiciona la capacidad del gobierno para actuar con rapidez, mientras se intenta determinar al responsable del pozo, perforado originalmente en 1983.
El ministro también destacó el compromiso del gobierno provincial para preservar la seguridad de las comunidades cercanas: “Mientras tanto, estamos implementando normas de seguridad para evitar cualquier riesgo a la salud de las personas y la protección de los bienes en la zona. Hacemos todo lo que está en nuestras manos, incluyendo el monitoreo constante de la situación”.
Con cierto optimismo, De los Ríos agregó: “Por suerte, las urgencias han amainado un poco de forma natural, y seguimos el derrotero judicial hasta llegar al responsable final”. No obstante, subrayó la enorme complejidad técnica y económica que enfrenta el Estado: “Sofocar las urgencias de este pozo es de una complejidad extrema y de un costo enorme, y eso es algo que la provincia no puede afrontar por sí sola”.
La situación en el norte de Salta revela la urgente necesidad de una acción conjunta entre autoridades gubernamentales, organismos ambientales y la Justicia. Los tiempos judiciales avanzan lentamente, la empresa responsable está quebrada y su filial opera desde Londres, lo que aleja aún más una solución inmediata. Mientras tanto, la provincia admite que no tiene los recursos ni un plan específico más allá de esperar la resolución del litigio, mientras el daño ambiental continúa avanzando día tras día.
