La Justicia reactivó una denuncia por desvío de fondos, acorralando así al exintendente de Rosario de Lerma, Enrique Martínez. Cuatro años después de que el chofer municipal Mario Lamas rompiera el silencio y denunciara un entramado de fraude en torno a los corsos de esa localidad de Salta, Martínez vuelve a quedar complicado por la aparición de un dato aún más grave.
Ocurrió que los expedientes oficiales que debían respaldar las rendiciones de aquel entonces desaparecieron del Concejo Deliberante de Rosario de Lerma. En este sentido, la fiscal penal Ana Inés Salinas Odorisio, a cargo de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), envió el 14 de octubre de 2024 un segundo requerimiento. Cabe mencionar que ya había remitido uno en diciembre de 2022 y otro en octubre de 2023, reclamando información básica.
Sin embargo, la actual presidenta del concejo rosarino, Aurelia Córdoba, buscó en los archivos estos expedientes y la documentación respaldatoria de esos años, pero no los encontró. “Fuimos a buscar los expedientes y no existen. Muchos archivos se extraviaron. No hay resoluciones, rendiciones ni proyectos. El Concejo no tiene información de esa supuesta documentación que ingresó y que las gestiones anteriores extraviaron o la hicieron desaparecer», declaró Córdoba a El Tribuno.
La edil detalló que revisó los archivos junto a la secretaria legislativa y la secretaria del cuerpo, y que no hay registro alguno del período en que la presidencia del Concejo estaba a cargo de la hoy diputada provincial Griselda Galleguillos y luego de Juan Prieto. Por este motivo, la fiscal contemplaría que si hubo documentación y actualmente no está, podría haber un nuevo delito, sea éste sustracción o desaparición de documento público.
Entonces, Salinas Odorisio ahora busca saber quién tenía a cargo esos expedientes, cuándo desaparecieron, y quién debía custodiar su información. ¿Las gestiones anteriores en el concejo cometieron un grave delito? Lo cierto es que estos extravíos y la falta de pruebas para justificar qué fue del dinero recaudado en los corsos, la investigación por malversación, además del exintendente Enrique Martínez y sus funcionarios, podría también alcanzar a los exconcejales.
La denuncia contra el exintendente Martínez
En octubre de 2020, el chofer municipal Mario Lamas, por entonces integrante de la estructura política del exintendente Martínez, se presentó ante la Justicia y declaró que tras el entierro del Carnaval de ese año, observó cómo retiraban bolsas de consorcio llenas de dinero y las trasladaban al domicilio de un funcionario, y no a la Municipalidad. Así se abrió una investigación por fraude, asociación ilícita, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario.
“Desde el municipio salieron cerca de 3 millones de pesos para gastos de los eventos, pero la recaudación nunca fue rendida adecuadamente”, manifestó Lamas, al cuestionar los números presentados tiempo después por una funcionaria municipal que llegó al Concejo con una simple hoja de Excel sin documentación de respaldo, de acuerdo al citado medio.
El chofer sostuvo que en 2020, sólo por entradas a los corsos, se registraron más de 34 mil asistentes a 200 pesos, cifras que no coinciden con lo rendido. “Se presupuestaron 120 mil pesos y se gastaron 2 millones 900 mil. No hay comprobantes”, declaró Lamas en su momento, señalando que los montos declarados “no tienen relación con lo recaudado”.
Según su declaración, la Comisión de Corsos funcionaba sin registro legal. La presidía Luciano Martínez, con Miguel Calabró como secretario y Liliana Pistan como tesorera. Entre los asesores estaban Victoria Rivero, Nancy Gómez y el propio intendente Enrique Martínez decidía qué hacer con la recaudación.
