SALTA – Un reciente informe elaborado por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA), basado en datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), muestra un panorama crítico para el mercado laboral formal de Salta durante los primeros 19 meses del gobierno de Javier Milei. El análisis confirma una caída simultánea en la cantidad de empleadores activos y en el número de trabajadores registrados, con retrocesos que alcanzan niveles significativos para la estructura productiva provincial.
Entre noviembre de 2023 y agosto de 2025, Salta perdió 475 empleadores, lo que implica una reducción del 5,3% del total, al pasar de 9.041 firmas a 8.566. El retroceso se concentró especialmente en actividades como agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca, que redujo 225 empleadores, y en el comercio mayorista y minorista, donde dejaron de operar 181 empresas.
Descensos en alojamiento y gastronomía
También hubo descensos importantes en alojamientos y gastronomía, con 53 empleadores menos, y en servicios profesionales y técnicos, con una merma de 31 firmas.
En términos proporcionales, el mayor deterioro se observó en actividades artísticas, culturales, deportivas y de esparcimiento, que cayeron 16,3%; en servicios de organizaciones y órganos extraterritoriales, con una baja del 15,8%; y en el sector agropecuario, que retrocedió 14,8%. En contraste, sólo unas pocas ramas mostraron incrementos: actividades administrativas y servicios de apoyo sumaron 34 empleadores, construcción incorporó 22 y la minería 15.
La segunda señal de alarma proviene del empleo registrado. En el mismo período, la cantidad de trabajadores formales cayó de 255.905 a 244.022, lo que equivale a una pérdida de 11.883 puestos, una contracción del 4,6%. La mayor caída absoluta se registró en el sector agropecuario, que eliminó 4.953 empleos. La construcción también sufrió un ajuste profundo, con 4.467 trabajadores menos. Transporte y almacenamiento redujo 1.293 puestos; actividades administrativas, 810; alojamiento y comida, 657; y la administración pública, 565.
