SALTA – Como pasó con la financiera Ríos, que estafó a 850 personas, casi todos policías, ahora un funcionario del Servicio Penitenciario está en la mira por un caso similar de estafa piramidal, con más de 100 afectados y un perjuicio de 2.700 millones de pesos.
El principal investigado, según lo informado, se desempeñaba en la Dirección de Administración del Servicio Penitenciario de la Provincia, desde donde aplicó esta estafa de estilo piramidal que, pese a los sobrados casos ocurridos, aún sigue captando a cientos de personas. Sin ir más lejos, ayer fueron condenados Lucas Echazú Carrera y Facundo Fernández por estafas múltiples en perjuicio de 792 personas.
Mediante esta maniobra, por lo que se conoce, el funcionario y una mujer que también está bajo sospecha, habría movilizado más de 2.700 millones de pesos, siendo los afectados más de un centenar de efectivos, todos del servicio penitenciario. Como ya se conoce, esta estafa se habría sostenido mediante promesas de altos rendimientos y una red interna de captación de fondos.
Para esclarecer lo sucedido, este jueves se realizaron siete allanamientos, medidas que fueron requeridas por la Unidad Fiscal de Delitos Económicos Complejos, a cargo de la fiscal penal interina, Ana Inés Salinas Odorisio, quien confirmó que se trata de estafas, bajo la modalidad piramidal o esquema Ponzi.
Para cumplir con los procedimientos, se movilizaron más de treinta efectivos del Departamento de Investigaciones y Criminología. Los allanamientos se concretaron en domicilios ubicados en la zona centro, en los barrios Democracia, Divino Niño y Primera Junta, y en dos viviendas de la localidad de Cerrillos.
A raíz de ello, se secuestraron varios dispositivos electrónicos, celulares, documentación considerada de interés para la causa y la suma de $1.317.000 en efectivo. Además, por requerimiento fiscal, fueron inmovilizadas 15 cuentas bancarias pertenecientes al principal investigado y de la plataforma Cocos, a donde fueron enviados $ 120 millones.
La investigación se abrió a partir de distintas denuncias formuladas contra un cabo primero del Servicio Penitenciario, presentadas mayormente por integrantes de fuerzas de seguridad, quien indicaron que el suboficial les habría ofrecido un “sistema” de inversiones que, según manifestaba, funcionaba desde la pandemia.
Disfrazó el esquema como un círculo cerrado y confidencial, sin monto mínimo de ingreso, con promesas de intereses mensuales que oscilarían entre el 10% y el 15%, y con posibilidad de realizar retiros parciales del capital.
Con el correr de los días, y como suele ocurrir en este tipo de maniobras, las personas afectadas revelaron que durante los primeros meses habrían recibido pagos parciales de intereses e incluso devoluciones de capital, lo que habría reforzado la confianza y favorecido la continuidad de los aportes.
Posteriormente, sin embargo, comenzaron las demoras, pedidos de prórroga, transferencias a través de cuentas de terceros y, finalmente, el cese casi total de las respuestas. Una de las denunciantes, también agente penitenciaria, señaló haber entregado $7.000.000 y haber percibido durante los meses de junio y julio rendimientos del 15%, hasta que en agosto el denunciado habría dejado de cumplir con los pagos, alegando problemas financieros, para luego interrumpir toda comunicación.
Otra mujer, también personal de seguridad de la Alcaidía General de la Ciudad, manifestó haber entregado $1.000.000 en agosto sin haber obtenido ganancias ni respuestas. En tanto, una tercera agente del Servicio Penitenciario denunció haber aportado más de $24.000.000, tras lo cual su compañero habría dejado de responder sus mensajes.
La maniobra
Del análisis de extractos bancarios y del entrecruzamiento de datos, los investigadores detectaron 409 operaciones concentradas en solo tres cuentas virtuales del investigado —Mercado Pago, Ualá y Naranja X—, aunque el circuito total habría involucrado al menos 22 cuentas.
Se estima que el volumen de dinero movilizado superaría los $2.702.170.181, a la vez que se identificó que al menos 122 efectivos del Servicio Penitenciario habrían realizado transacciones con el denunciado, además de personas empadronadas como visitas, ex internos y terceros ajenos a la institución. Por otra parte, se descubrió también el envío de más de $120 millones a la firma Cocos Capital SA, maniobra que simularía inversiones reales y a otorgar apariencia de legalidad al circuito financiero investigado.
Asimismo, se pudo establecer que el funcionario no habría actuado de manera aislada. La evidencia reunida indicaría la existencia de una estructura interna, con funcionarios que habrían cumplido roles activos como puntos de captación y canalización de fondos de terceros.
De los casos bajo investigación, se destaca el de una funcionaria penitenciaria (última denunciante), cuyo perfil económico y crediticio resultaría incompatible con las más de 94 transferencias realizadas al acusado por un monto superior a los $118 millones.
Se informó que sus ingresos declarados, su historial crediticio y su capacidad financiera comprometida tornarían improbable que esos fondos provinieran de capital propio, por lo que se investiga si habría actuado como canalizadora de dinero de otros damnificados, con un rol relevante en la operatoria.
Lo mismo se advertiría en otros agentes del Servicio Penitenciario que registran un doble flujo de dinero: transferencias significativas hacia el denunciado y retornos periódicos que se corresponderían con el pago de supuestos intereses, un mecanismo usado para sostener la confianza interna, legitimar el engaño y ampliar la red de captación dentro de la institución.
Por lo investigado hasta ahora, el fraude respondería a una estructura de tres niveles: el denunciado, vinculado a áreas administrativas del Servicio Penitenciario, como organizador del esquema; un grupo reducido de funcionarios que habrían actuado como captadores y consolidadores de fondos, aprovechando el vínculo laboral y la confianza entre pares; y una base amplia de aportantes integrada por más de un centenar de efectivos penitenciarios. También se consideró que el desarrollo de la maniobra dentro del propio ámbito institucional agravaría la situación investigada, al implicar un eventual abuso del cargo y de la confianza depositada entre compañeros de trabajo.
