SALTA – El Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) dio a conocer su ranking anual. El Ministerio Público Fiscal de Salta recién aparece en el puesto 11 con una eficacia de 4.56 %. Jujuy casi triplica esa cifra.
Según lo difundido, el reporte, dado a conocer en octubre pasado, se trata de un reporte actualizado a partir de datos del año 2023. Esta es la cuarta edición de dicho informa, el cual sirve para medir qué proporción de los casos penales ingresados a los Ministerios Públicos Fiscales del país reciben una respuesta de calidad.
El reporte no cayó bien en el gobierno de la provincia, empecinado en lograr a toda costa el reconocimiento nacional. Obviamente, todas las miradas apuntaron al Colegio de Gobierno que preside el Ministerio Público Fiscal, en especial al Procurador General de la Provincia, Pedro García Castiella, quien, a todo esto, vería complicada su postulación a la Corte de Justicia, al menos, por la puerta grande.
Función del INECIP
Cabe mencionar que el INECIP es una fundación con gran influencia en Latinoamérica, dedicada a la investigación y análisis y promoción de reformas en los sistemas judiciales y penales.
Tiene como fundador y presidente al penalista Alberto Binder, una eminencia en materia del sistema acusatorio, modelo penal que, desde 2011 adoptó Salta, a partir de la fuerte influencia del ex procurador Pablo López Viñals, cuya labor es extrañada por todos en el Ministerio Público Fiscal.
Entre otras tareas, el INECIP, cuya referencia es ley en materia de eficacia en el fuero penal en el país, presentó una nueva actualización del Ranking de eficacia político-criminal de los Ministerios Públicos Fiscales (MPF) de Argentina.
El ranking se basa en la tasa básica de eficacia político-criminal, que mide cuántos casos penales que ingresan a un Ministerio Público Fiscal reciben una respuesta de calidad, aunque sea mínima o potencial, es decir, condenas, suspensiones de juicio a prueba o acuerdos reparatorios de cualquier tipo.
“De todas las formas posibles de evaluar el desempeño de un Ministerio Público, decidimos comenzar por aquella más elemental, que mide una función muy básica de una fiscalía: gestionar los conflictos penales que recibe y darles algún tipo de respuesta positiva. En otras palabras, garantizar algún tipo de tutela para los intereses victimizados, para evitar que aquellos conflictos se resuelvan de formas aún más violentas”, señala el informe, el cual se confecciona en base a datos aportados por los MPF de cada provincia.
El ranking
En rasgos generales, del informe se puede concluir que solamente entre el 1% y el 17 % de los casos penales reciben una respuesta de calidad. Si bien ese rango no es el mejor, la medición es considerada valiosa, ya que, desde cada provincia, se busca mejorar.
Eso, sin embargo, no sucede en nuestra Salta, pues aparece recién el puesto 11 del Ranking de porcentajes, por detrás de Chaco (16,66) Jujuy (14.26), Neuquén (13,08). Río Negro (12.09), Mendoza (11,96), Tierra del Fuego (8,77), Santa Fe (6,61), Entre Ríos (6,14), CABA (5,92) y Chubut (5,53).
Ineficiencia de larga data
Pero esto no es todo, pues se pone peor, ya que en los últimos tres años (que reflejan la situación desde 2021) las tasas de Salta se mantuvieron casi en el mismo promedio, sin superar el 6%: la más alta tasa se dio en 2021, con un 5,14%; en 2022 fue de 4,14% y en 2023, de 4,56%, manteniéndose un leve aumento después de una caída porcentual en 2022.
En el otro extremo, el Ministerio Público de la provincia del Chaco, lidera el ranking, debido a que posee una tasa básica de eficacia político criminal de 16,6%, mientras que nuestros vecinos de Jujuy, aparecen segundo en el listado con una eficacia probada del 14, 26%.
Según el reporte, el bajo porcentaje de 4,56% de eficacia de Salta es la respuesta de 134. 275 casos ingresados. Esto resalta en el informe, pues nuestra provincia es una de las provincias que registra mayor número de casos penales solo después de Buenos Aires, con 1.036.969 casos penales ingresados durante 2023, y el Ministerio Público Fiscal de la Nación, que contabiliza 273.247 casos.
Desde el instituto se explica que el informe busca determinar las respuestas dadas por los fiscales, en este caso en el 2023, que “tengan alguna capacidad -aunque sea mínima- de impactar sobre el control de la criminalidad. Una condición necesaria, aunque no suficiente, para que las salidas tengan esa capacidad, es que impongan a una persona imputada algún tipo de responsabilidad (formal o informal) y consecuencia por su participación en el conflicto primario. Esto significa que los sectores victimizados han recibido alguna compensación -en sentido amplio- por los daños sufridos, lo cual no necesariamente implica una condena”.
Para el caso de Salta, del total de casos (134. 275) solo 2.758 recibieron sentencias condenatorias, 2.758 se resolvieron con suspensión de juicios a prueba y 3.074 llegaron a acuerdos. Según lo informado por el Ministerio Público Fiscal de Salta, un total de 6.527 casos penales fueron formalizados, con 1.579 sobreseimientos dictados, 349 absoluciones y 65.790 desestimaciones.
Sin excusas
Otro dato no menor que se refleja el informe es que el presupuesto anual total del MPF de Salta para 2023 fue de $10.432.402.487,35, contando con un total de 694 empleados, de los cuales 242 son abogados. Además, cuenta con 48 fiscales penales, 89 peritos y peritas, 137 personas asignadas al cuerpo de peritos, 11 investigadores del cuerpo de investigación y 134 personas asignadas al cuerpo de investigación.
Entre otros aspectos, el reporte indica que “todo Ministerio Público Fiscal soluciona unos pocos casos y descarta a la mayoría”. Esto se debe, en la mayoría de los organismos, “a una falta de planificación: ¿Quién y cómo decide cuáles son los pocos casos que recibirán una respuesta de calidad? Muchas leyes orgánicas ya asignan explícitamente esa responsabilidad a las Procuraciones o Fiscalías Generales, es decir, a las máximas autoridades institucionales”.
