SALTA – Lejos del ABC de cualquier investigación con personal de seguridad involucrado, en la que se adopta como primera medida alejar a los sospechados del caso, en este caso, ni policías de la comisaría de Rosario de Lerma, ni la fiscalía, ni el juzgado ni la Secretaría de Seguridad de Salta tomaron ese recaudo, lo que llama poderosamente la atención. Por eso, organizaciones LGBTIQ también reclamaron que el caso de Fernanda se investigue como un femicidio. La fiscalía recién ayer asumió anunció ese protocolo.
Ante ello, y a un mes de la muerte de Fernanda Daniela Arias, ocurrida el 26 de noviembre pasado, la Mesa de la Diversidad y Organizaciones de LGBTIQ+ se reunieron en el Polo Integral de la Mujer, donde consensuaron un petitorio para remitirlo al secretario de Justicia de la Provincia, Nicolás Avellaneda.
“Lo que sabemos es que todos los policías siguen aún trabajando en esa comisaría y exigimos justicia”, reclamaron los distintos referentes. Exigieron el apartamiento inmediato de los efectivos de la Comisaría N°2 de Rosario de Lerma, bajo cuya custodia murió la joven trans y denunciaron que la fuerza actuó como “juez y parte”.
Asimismo, pidieron tener acceso a los registros de cámaras y comunicaciones, intervención de la dependencia y aplicación de protocolos internacionales. De la reunión, participaron representantes de la Secretaría de Gobierno, la Secretaría de Justicia y de derechos humanos.
Además de pedirle a la cartera de seguridad el apartamiento de los policías que están bajo sospecha, también se pidió que se inicien sumarios y el cumplimiento de protocolos internacionales como el de Minnesota, que establecen medidas urgentes en muertes bajo custodia.
Aun que la versión oficial sostiene que Arias se quitó la vida en su celda, los activistas consideran que existen elementos del expediente y testimonios que no coinciden con esa coartada, por lo que sugirieron que la muerte de Fernanda sea investigada como femicidio o muerte en Custodia por Omisión de Deberes de Cuidado.
Reacción tardía
La misiva enviada a la Secretaría de Justicia parece haber tenido sus réditos, pues recién ayer, de manera tardía, la fiscal penal María Luján Sodero, a cargo del caso, comunicó que la causa se investiga con aplicación del Protocolo UFEM, conforme a la Resolución 1284/21 de la Procuración General, que establece que toda muerte violenta, incluso si inicialmente aparenta ser un suicidio o accidente, debe ser investigada con presunción de femicidio u homicidio doloso, con la aplicación de procedimientos específicos desde el inicio de la investigación hasta tanto pueda descartarse la comisión de un delito.
Desde la fiscalía, se explicó que la pesquisa y periciales las lleva adelante el Cuerpo de Investigaciones Fiscales. A su vez, confirmó que los avances son comunicados al grupo familiar de la fallecida y a las organizaciones que tomaron interés por lo sucedido.
En cuanto al deceso de Arias, la fiscal informó que la muerte ocurrió el 26 de noviembre pasado en la dependencia policial de la ciudad de Rosario de Lerma, donde se encontraba demorada tras haber sido encontrada en la vía pública, consumiendo bebidas alcohólicas.
“Según señaló el personal policial interviniente, durante el procedimiento, se habría negado a brindar datos para ser identificada, por lo que fue trasladada a la comisaría para realizar los trámites correspondientes. Tras verificar sus antecedentes y al momento de comunicarle su liberación, los efectivos detectaron que la mujer trans se encontraba sin vida, con signos aparentes de haber atentado contra su vida usando una prenda de su vestimenta, por lo que le realizaron maniobras de reanimación (RCP) y la trasladaron al hospital zonal, donde se constató su deceso”.
Entre otras diligencias, reveló la recepción de testimonios de familiares, allegados, de las personas que presenciaron las circunstancias de su demora en la vía pública y las que el día del hecho se encontraban alojadas en la dependencia policial. También se pidió, y está en trámite, la realización de una autopsia psicológica de la fallecida.
Interrogantes
Contras la versión oficial, los referentes de la Mesa de Diversidad señalaron la inviabilidad física de la hipótesis del suicidio, dado que “el informe toxicológico arrojó 3,47 g/l de alcohol en sangre, un nivel que médicamente anula la motricidad fina y la coordinación necesaria para confeccionar nudos con una prenda de vestir (un top) y realizar una maniobra de suspensión exitosa en una celda a oscuras”.
Resaltaron que existía un contexto de hostigamiento previo, con testimonios que indican que Arias sufría acoso por parte de personal policial y que, días antes, había tenido “conflictos con clientes vinculados a la fuerza”, por lo que se cree que “la detención no parece un hecho azaroso de patrullaje preventivo, sino una acción dirigida”.
En ese contexto, afirmaron que la policía actuó como “juez y parte”, ya que fueron los que aprehendieron a la víctima, “ejecutaron la privación de la libertad; fueron sus custodios: quienes debían velar por su integridad física; e instruyeron las actas y recolectaron los primeros testimonios que direccionaron la causa hacia el suicidio.
En vista de ello, aseguraron que “este esquema rompe cualquier principio de objetividad”.
Remarcaron que, hasta ahora, la investigación “se ha enfocado en ‘investigar a la muerta’ en lugar de investigar el procedimiento de los vivos”. “Nos preocupa profundamente la concepción subyacente en la conducción del expediente. Hemos observado que la investigación se ha construido casi exclusivamente sobre la ‘voz policial’”, recalcaron.
Intervención
En función del presunto direccionamiento proveniente desde la policía, es que se insistió directamente con el apartamiento de la Policía de Salta, como sucede en otros casos, en los que personal de seguridad aparece involucrado o está bajo sospecha.
Para los referentes, la policía debe “ser apartada de toda tarea pericial o de investigación en esta causa” y que se deleguen dichas funciones en una fuerza de seguridad federal o en el Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) con peritos de parte, bajo el Protocolo de Minnesota.
Al respecto, la fiscal Sodero aclaró que, apenas conocida la muerte de Arias, dispuso el trabajo de personal de Criminalística, de Medicina Forense, de los laboratorios y del Cuerpo Especializado de Investigaciones del CIF, en resguardo de la objetividad pericial y con el objetivo de lograr la mayor transparencia posible, dado que el hecho ocurrió en dependencias de la Policía de la Provincia.
Las organizaciones, sin embargo, están pidiendo también la intervención de la Comisaría N°2 de Rosario de Lerma, que “se realice un relevamiento del personal de guardia y se audite el cumplimiento de protocolos de detención”.
Pidieron también que se investiguen los vínculos policiales por el entorno íntimo de la víctima, incluyendo un cruce de llamadas de su dispositivo; y la implementación de sanciones ejemplares y capacitación crítica ante la discriminación por identidad de género en comisarías.
