SALTA – Una cajera y su cómplice -la secretaria de Hacienda- van a juicio por desviar 36 millones de pesos de los contribuyentes. El robo ocurrió en la Caja de Abogados de Colonia Santa Rosa y tuvo una extensión de dos años.
La corrupción estatal, en este caso a nivel municipal, no deja de transitar una curva ascendente en nuestra provincia, donde el saqueo de las arcas, ya sean de un municipio, el Estado provincial o nacional, parecen ya naturalizado.
En este caso, el fiscal penal de Orán, Carlos Salinas, pidió llevar a juicio hace unos días a una empleada del municipio de Colonia Santa Rosa y a quien era la secretaria de Hacienda. Se trata de Marilin Fabiana Duarte, cajera de una boca de recepción de pago, y Carina de los Ángeles Medina, la responsable de llevar el control de los fondos municipales.
Ambas están acusadas, desde septiembre del 2024, de ser coautoras del delito de defraudación a la administración pública. Ahora, luego de más de un año de investigación, pidió que sean juzgadas también por el delito de administración infiel, figuras penales, cuya escala pena va de 6 meses a 6 años de prisión.
El caso es muy similar al del millonario robo hormiga que se cometió contra la Caja de Seguridad Social de Abogados de Salta, por el cual fue condenado a tres años de prisión Sergio López, quien se desempeñaba como cajero y era el que recibía los pagos de los letrados, que iban destinados al fondo de aportes previsionales.
López recibió una condena de prisión condicional por el delito de administración fraudulenta con la modalidad de delito continuado. Su modalidad delictiva, según lo ventilado en el juicio, realizado en noviembre del año pasado, consistía en la anulación de los recibos de pago, para así desviar los fondos a su cuenta.
Lo más llamativo es que nadie se dio cuenta del faltante de dinero hasta más de una década después. Los hechos datan del 2012 y recién fueron denuncias en el 2023. La condena fue impuesta por el tribunal colegiado estuvo integrado por los jueces Pablo Farah (presidente), Paola Marocco y Eduardo Sángari (vocales). Por el Ministerio Público intervino la fiscal Ana Inés Salinas Odorisio.
Durante dos años
La investigación seguida contra Duarte y Medina se inició en enero del año pasado, tras la denuncia del nuevo secretario de Hacienda Municipal de Colonia Santa Rosa, ya bajo el mando de su actual intendente Juan Navarro, del Partido de la Victoria.
En un reñido mano a mano con Fabián Valenzuela Pérez, del frente Primero Salta, Navarro aventajó por el 0.91% de los votos al rival del oficialismo. Jorge Guerra, del frente Vamos Salta, en tanto, perdió rotundamente y tuvo que dejar el cargo en manos de “Juancito” Navarro.
Con el nuevo staff, no tardaron en salir a luz las irregularidades, en especial en el manejo de los fondos públicos. Según lo denunciado, Duarte, a cargo de la caja recaudadora, habría depositado montos inferiores a los efectivamente recaudados.
Para ello, también habría adulterado los comprobantes bancarios y asentado cifras falsas en los libros contables. Este accionar se habría extendido desde enero de 2022 hasta enero de 2024, con reiteración sistemática de la maniobra.
Por su parte Medina, que era la secretaria de Hacienda de la Municipalidad durante parte del período investigado, había hecho la “vista gorda”, por lo que el fiscal la acusa de falta de control y connivencia funcional, suficiente para que la cajera pudiera concretar la defraudación, cuyas ganancias se repartían entre ambas, según se sospecha.
Para sustentar su pedido de juicio, el fiscal detalló la numerosa prueba producida durante la investigación, donde constan los análisis de libros de rendiciones de caja y de hacienda; planillas diarias y extractos bancarios; una pericia contable que realizó el Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), donde se cuantifica el perjuicio; y una pericia caligráfica que atribuye a Duarte las adulteraciones de importes y firmas, y vincula firmas de libros a Duarte y Medina, entre otras.
Indicó que, a través de la pericia contable, se determinó un faltante total de $36.168.346, correspondiente al período comprendido entre el 3 de enero de 2022 y el 12 de enero de 2024, constatándose diferencias entre lo recaudado y lo depositado, así como adulteraciones manuscritas en tickets y planillas.
