SALTA – El sistema de transporte público de Salta, administrado por SAETA, vuelve a quedar en el centro del debate. En redes sociales, numerosos usuarios lo califican como “un agujero negro” desde el punto de vista financiero: un servicio que, si bien funciona de manera aceptable en términos generales, demanda costos y subsidios que resultan difíciles de sostener para una provincia con recursos limitados.
El propio presidente de SAETA, Claudio Mohr, reconoció recientemente la magnitud del gasto que implica el sistema. Según explicó, el transporte urbano de pasajeros requiere alrededor de $14.000 millones mensuales para su funcionamiento. Ese monto se cubre parcialmente con la recaudación por boletos, pero una parte clave proviene de subsidios provinciales, lo que representa una fuerte presión sobre las finanzas públicas.
El dato central que emerge es claro: el costo operativo del sistema es muy alto para la economía provincial. Esta percepción coincide con el sentir de muchos vecinos que, a través de redes sociales, señalan que “es caro para una ciudad pobre como Salta”, especialmente en un contexto de ajuste y caída del poder adquisitivo.
A esto se suma información extraoficial que también circula en redes y ámbitos políticos, según la cual la Provincia estaría girando más de 100 millones de pesos mensuales adicionales para sostener el servicio. Este aspecto refuerza la idea de una dependencia estructural de fondos públicos.
En paralelo, los usuarios advierten con preocupación el fuerte aumento del boleto, que en poco tiempo superó el 100% de incremento, encareciendo el acceso al transporte para miles de trabajadores, estudiantes y jubilados que dependen a diario del servicio.
Así, SAETA aparece atrapada en una contradicción: un sistema valorado por su cobertura y funcionamiento, pero con un esquema de costos y subsidios que muchos consideran insostenible a largo plazo para la realidad económica de la provincia.
