SALTA.- (Por Renato Ocampo) El debate sobre la reforma de la Ley Penal Juvenil en Argentina ha cobrado fuerza, especialmente debido al contexto social y los recientes episodios de violencia que involucran a adolescentes. El Gobierno de Javier Milei, ha decidido incluir la discusión sobre la baja de la edad de imputabilidad en el temario de las sesiones extraordinarias que comenzarán este 2 de febrero. La propuesta busca disminuir la edad de responsabilidad penal de 16 a 13 años y modificar el régimen penal aplicable a los menores, una medida que ha sido impulsada principalmente por la ministra Patricia Bullrich.
Históricamente, Argentina ha mantenido una de las edades de imputabilidad más altas de la región, con la legislación vigente desde 1980 (nro 22.278) de la última dictadura militar que no ha sido reemplazada por un marco integral más acorde a los estándares internacionales de derechos humanos. A nivel internacional, la tendencia ha sido bajar la edad mínima de imputabilidad, fijándola generalmente entre los 12 y 14 años, en un contexto donde los países adoptan regímenes diferenciados y enfoques socioeducativos que evitan la criminalización excesiva de los adolescentes. Sin embargo, el oficialismo asegura que la reforma es vital para abordar la impunidad percibida y la criminalidad juvenil.
El análisis del abogado Nicolás Escandar
En una entrevista con El Intra, Nicolás Escandar, abogado especialista en derecho penal y Defensor Público Federal, expuso su postura en contra de la baja de la edad de imputabilidad. Según Escandar, la discusión debe ir más allá de este punto y centrarla en un nuevo régimen garantista que respete los derechos de los niños y adolescentes en conflicto con la ley.
«La ley penal juvenil actual está obsoleta, pero la solución no pasa por bajar la edad de imputabilidad. Necesitamos una reforma integral que garantice los derechos de los menores.» Escandar considera que «reducir la imputabilidad a 13 años podría ser un error, pues la mayoría de los delitos graves son cometidos por un porcentaje minoritario de adolescentes.»
«Hacer política criminal sin datos es un error. Debemos conocer las estadísticas reales de delitos cometidos por adolescentes antes de tomar decisiones tan drásticas.»
El letrado enfatiza que la discusión sobre la baja de imputabilidad es un tema que «distrae de cuestiones más importantes.» Aclaró que «la mayoría de los adolescentes en conflicto con la ley cometen delitos de mediana y baja gravedad», lo que requiere un enfoque diferente.
«La verdadera pregunta es si vale la pena cambiar la legislación penal juvenil por un porcentaje tan bajo de delitos graves entre adolescentes. No hay evidencia suficiente que justifique esta modificación.»
Finalmente, Escandar aboga por un sistema que incorpore «justicia restaurativa, salidas no punitivas, y alternativas de reinserción, en lugar de soluciones punitivistas que no han funcionado en el pasado.»
Su postura sugiere un claro desacuerdo con la ofensiva del Gobierno hacia la baja de la imputabilidad, argumentando que tal medida no aborda las raíces del problema y puede desviar la atención de la implementación necesaria de reformas y políticas efectivas en el sistema de justicia juvenil. En un momento clave para la política argentina, el debate en torno a la Ley Penal Juvenil requerirá una reflexión profunda que considere no solo la seguridad, sino también los derechos y el futuro de los jóvenes en conflicto con la ley.
