SALTA.- (Por Diego Nofal) Desde hace un tiempo, los salteños observamos un cambio peculiar en la cartelería pública de la ciudad. Los espacios que antes mostraban mensajes municipales ahora exhiben propaganda de la Universidad Católica de Salta. Este trueque visual sucede sin explicación alguna a los contribuyentes, generando más preguntas que respuestas. Hasta las piedras de la avenida San Martín parecen preguntarse por este repentino interés académico municipal.
Nos dimos a la tarea de buscar algún registro oficial sobre este novedoso servicio de publicidad urbana. El resultado fue más elusivo que encontrar sombra en el Cabildo al mediodía. No hay rastros en el Boletín Oficial sobre una nueva concesión del espacio público. Tampoco existe mención a una empresa adjudicataria que gestione ahora la cartelería. Un silencio administrativo tan profundo resulta, cuando menos, llamativo y digno de un thriller burocrático.
La ausencia de una licitación pública o una compulsa de precios abre un abanico de incógnitas. ¿Cómo accedió entonces la UCASAL a estos privilegiados espacios de comunicación? Sin un canal formal abierto, la lógica se nubla. La única explicación que surge espontáneamente involucra amistades profundas dentro del palacio municipal. Cualquier otra suposición raya en la fantasía institucional, algo que no tiene gracia ni como chiste.
Si se confirmara esta vía de acceso informal, estaríamos ante un caso de manual de tráfico de influencias. Resulta irónico que un claustro académico respaldado por la Iglesia se preste a estos desmanejos. La operación carece de toda transparencia y huele a favoritismo rancio, algo que la ética suele reprobar incluso en los pasillos universitarios. La fe mueve montañas, pero no debería mover carteles sin pagar por ellos.
La pregunta del millón, o de los varios pesos que debería costar, es quién pagó qué. Al no existir un contrato o concesión, el dinero desaparece en un agujero negro contable. Si la UCASAL pagó, ese ingreso debe tener un destino claro en las arcas municipales. Si no pagó, se regaló un bien público a una entidad privada con capacidad de pago. Ambas opciones son igual de alarmantes para el ciudadano común.
Ninguna exención de pago puede otorgarse sin el debido debate en el Concejo Deliberante. Este cuerpo, representante de la voluntad popular, tampoco ha tratado el asunto. Por lo tanto, la gestión se realizó por fuera de todos los marcos legales y democráticos establecidos. Es una situación que merece una investigación urgente y exhaustiva por parte de las autoridades competentes.
La municipalidad y la UCASAL aparecen enredadas en un negocio opaco que lesiona el patrimonio colectivo. Los salteños financiamos el mantenimiento del espacio público con nuestros impuestos. Tenemos el derecho absoluto a saber quién comercia con él y en qué condiciones. La educación es un pilar fundamental, pero no puede construirse sobre la opacidad y el posible privilegio.
Exigimos que el municipio salga de su mutismo y rinda cuentas de inmediato. Debe explicar el convenio, si existe, con la Universidad Católica de Salta. También debe transparentar los montos pagados y la destinación de esos fondos. La ciudad no puede ser un aula donde se enseñen prácticas cuestionables de administración. El humor se acaba cuando el bien público se gestiona en las sombras, lejos de la vista de todos.
La cartelería pública es un recurso de la comunidad y su gestión debe ser ejemplar. Cualquier desvío de este principio corroe la confianza en las instituciones. Los salteños merecemos respuestas claras y soluciones transparentes sobre este asunto. El tiempo de las explicaciones evasivas y los acuerdos bajo la mesa ha terminado, al menos eso esperamos con fe ciega.
La verdad debe contarse entera, siempre. Para aportar información, puteadas y amenazas diegonofal@gmail.com
X @turconofal.
